Nacionales
Autoridades recuperan casas que habían sido usurpadas por pandilleros en Soyapango
Desplazar a familias de sus viviendas para utilizarlas de manera ilegal o convertirlas en «casas destroyer» era una práctica que por décadas efectuaron las pandillas en El Salvador, sin embargo, en los últimos años el Gobierno, a través de Seguridad, ha apostado por erradicar esta práctica.
Uno de lo más recientes resultados es que como parte de la operatividad del cerco de seguridad instalado en Soyapango se han logrado recuperar cientos de casas usurpadas por mareros.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que en dicho municipio se «han recuperado viviendas que habían sido usurpadas por los terroristas y que ahora estamos devolviendo a sus verdaderos dueños, quienes fueron amenazados y se vieron obligados a abandonarlas».
Esta práctica de pandillas que afectó por años la estabilidad y economía de muchos salvadoreños provocó el desplazamiento forzado de las familias que se quedaron desamparadas mientras que las viviendas eran alquiladas por los terroristas.
Como parte de la operatividad de la #Fase5 de #Extracción en el #CercoSoyapango, hemos recuperado viviendas que habían sido usurpadas por los terroristas y que ahora estamos devolviendo a sus verdaderos dueños, quienes fueron amenazados y se vieron obligados a abandonarlas. pic.twitter.com/An8dbfFAqe
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) December 26, 2022
Uno de los casos conocidos de usurpaciones, fue el de dondominios Victoria, en la colonia Antekirta, donde muchos de los que «rentaban» los apartamentos eran pandilleros o sus familiares, quienes además hurtaban agua de la red pública y de una escuela y la vendían a los inquilinos. Casos similares se dieron en Montes de San Bartolo y Las Margaritas, en Soyapango y en la Santísima Trinidad, en Ayutuxtepeque.
Ayer el ministro Villatoro afirmó que «se ha detenido a personas que colaboraban con los pandilleros que cobraban «alquiler» y amenazaban a los propietarios de estas viviendas usurpadas».
Una de las decenas de casas recuperadas en Soyapango se encuentran en la Urbanización Los Conacastes, «esta vivienda verificada en un operativo Casa Segura el 5 de diciembre del 2022 y fue entregada a su propietario el 20 de diciembre», según datos policiales. Las autoridades explicaron que en esa casa «había sido alquilada (usurpada desde el 2010) por pandilleros 18 sureños en cobros mensuales a una anciana de 63 años.
Desde que se implementó el cerco de seguridad, policías y soldados han estado ejecutando diversos operativos de Casa Segura, en estos también se ha detectado conexiones de luz, agua y cable fraudulentas.
Hacer conexiones no permitidas de estos servicios básicos son prácticas recurrentes en diversas zonas de El Salvador y es un delito. Las autoridades verifican casa por casa, solicitando a cada ocupante la documentación que ampare la situación legal de la vivienda para comprobar que la conexión de los servicios básicos es conforme a ley, según los recibos de las compañías respectivas.
El titular de Seguridad destacó que seguirán trabajando «24/7 para terminar con todo el accionar de estos delincuentes y erradicar por completo este cáncer de nuestra sociedad. No vamos a permitir que estos terroristas vuelvan a atentar contra los salvadoreños de bien».
Un cambio significativo
En el 2017, el país entró a la lista de las 10 naciones más afectadas en el mundo por desplazamiento forzado interno debido a la violencia criminal. Hasta 2019, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se registraba que, en las últimas dos décadas, alrededor de 71,500 personas fueron desplazadas. Fue hasta el inicio del gobierno de Nayib Bukele, a mediados de 2019, cuando las cifras de seguridad comenzaron a cambiar en el país, esto es atribuido por las autoridades a la ejecución del Plan Control Territorial.
Incluso El Salvador salió, en 2019, de la lista de las 10 naciones con más casos de desplazamiento. Muchas personas, gracias a la seguridad que ahora se resalta en el país han decidido regresar a sus viviendas que habían sido arrebatadas por las maras.
El pasado 3 de diciembre el presidente de la República, Nayib Bukele ordenó establecer un cerco militar como parte de la quinta fase del PCT llamado «Extracción» y que va tras pandilleros en Soyapango. Desde entonces, en el municipio se destacada la disminución del accionar delictivo y muchas familias que habían huido o fueron amenazadas de dejar sus casas han regresado.
En Soyapango se encuentran desplegados 8,500 soldados y 1,500 policías para tomar posiciones estratégicas y cercar a los pandilleros. Entre las acciones que se están ejecutando desde que se implementó el cerco militar están los controles vehiculares, controles de revisión, patrullajes aéreos, patrullajes con drones y terrestres.
Hasta ahora, las autoridades han capturado a 690 criminales de diferentes pandillas en intervenciones realizadas en colonias de ese municipio.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
