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Autoridades de Costa Rica entregan a El Salvador a Juan Carlos Guzmán Berdugo
En el aeropuerto de Ilopango ya está todo listo para recibir a Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro de Mauricio Funes, quien ya se encuentra volando hacia el país procedente de Costa Rica, indicaron autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC)
“La lucha contra la corrupción no se detiene. En el Aeropuerto Internacional de Ilopango ya instalamos los protocolos para recibir al extraditado Juan Berdugo, ligado a la red de lavado de dinero y activos del exmandatario Mauricio Funes”, indicó el Ministerio Público a través de Twitter.
El comisionado de la PNC, Garay Coto, indicó que todo el procedimiento se ha llevado a buen término. “Queremos dar gracias a las autoridades de Costa Rica porque han evacuado todos los recursos y se los denegaron porque consideraron que no tenía justificación”, afirmó el oficial.
La Fiscalía inició un proceso de investigación contra Guzmán Berdugo, luego que gastó $140,756.43, cuando solo tenía ingresos anuales por $7,196.72 de su trabajo.
“La investigación ya cuenta con suficientes elementos para poder condenar a Juan Carlos Berdugo”, agregó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
A Juan Carlos Guzmán Berdugo se le señala del delito de lavado de dinero cuya suma asciende a $500,000.
El papá de la “Michy” fue capturado el 1 de abril de 2019 y desde esa fecha se encontraba detenido en Costa Rica.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
