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Alcalde de Ilopango destaca plan de bacheo realizado por la Dirección de Obras Municipales
Llevar el desarrollo a cada municipio, con el uso adecuado de los recursos públicos, es uno de los compromisos que el Presidente Nayib Bukele está cumpliendo con un trabajo coordinado entre instituciones.
La Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) está en el proceso de poner en marcha tres proyectos por cada municipio, para complementar el esfuerzo de los concejos en favor de las comunidades. En total, son 786 obras.
“Lo importante es la cantidad de población beneficiada con cada proyecto que los alcaldes nos piden”, comentó Álvaro O’Byrne, director de la DOM. “La Dirección está trabajando en los diseños y preparación de todas las carpetas técnicas para salir a licitación lo antes posible”, explicó.
Para poder organizar la lista de obras, el equipo de la Dirección recorrió los 262 municipios para que los alcaldes pudieran exponer qué necesitan mejorar en las localidades. “El factor común en las peticiones de los alcaldes fue, en su mayoría, (mejorar) las calles”, detalló el funcionario.
Ante esto, el alcalde de Ilopango, José Chicas, destacó los trabajos de mejoramiento de la red vial que realiza la DOM; ya que; por años no tuvieron mantenimiento por parte de las administraciones anteriores.
“La creación de la DOM, es la mejor decisión de nuestro Presidente Nayib Bukele, como apoyo a los Alcaldes”, manifestó.
Cabe señalar que, el Presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró a principios de mes el Plan Nacional de Bacheo. La primera fase cubrirá 22 municipios en 13 departamentos, por una inversión de $45 millones. Los procesos administrativos para contratar a los ejecutores de la segunda fase ya comenzaron. En esta etapa, cubrirán 25 municipios distribuidos entre 12 departamentos.
Una característica importante de estas acciones es que debe mantenerse la coordinación entre el Ejecutivo (la DOM y el Ministerio de Desarrollo Local) con cada uno de los jefes edilicios y sus equipos.
Por indicación del Presidente, las empresas encargadas de llevar a cabo estas reparaciones en las vías deben contratar al 60 % de su mano de obra entre los mismos habitantes de la zona.
Los otros proyectos son pavimentación de calles tipo terracería, polideportivos e intervenciones en centros históricos, unidades de salud y centros escolares, entre otros más. El objetivo es que los recursos públicos ahora se usen con transparencia, en obras que tienen un impacto directo para los habitantes.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
