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Alcalde de Ilopango destaca plan de bacheo realizado por la Dirección de Obras Municipales
Llevar el desarrollo a cada municipio, con el uso adecuado de los recursos públicos, es uno de los compromisos que el Presidente Nayib Bukele está cumpliendo con un trabajo coordinado entre instituciones.
La Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) está en el proceso de poner en marcha tres proyectos por cada municipio, para complementar el esfuerzo de los concejos en favor de las comunidades. En total, son 786 obras.
“Lo importante es la cantidad de población beneficiada con cada proyecto que los alcaldes nos piden”, comentó Álvaro O’Byrne, director de la DOM. “La Dirección está trabajando en los diseños y preparación de todas las carpetas técnicas para salir a licitación lo antes posible”, explicó.
Para poder organizar la lista de obras, el equipo de la Dirección recorrió los 262 municipios para que los alcaldes pudieran exponer qué necesitan mejorar en las localidades. “El factor común en las peticiones de los alcaldes fue, en su mayoría, (mejorar) las calles”, detalló el funcionario.
Ante esto, el alcalde de Ilopango, José Chicas, destacó los trabajos de mejoramiento de la red vial que realiza la DOM; ya que; por años no tuvieron mantenimiento por parte de las administraciones anteriores.
“La creación de la DOM, es la mejor decisión de nuestro Presidente Nayib Bukele, como apoyo a los Alcaldes”, manifestó.
Cabe señalar que, el Presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró a principios de mes el Plan Nacional de Bacheo. La primera fase cubrirá 22 municipios en 13 departamentos, por una inversión de $45 millones. Los procesos administrativos para contratar a los ejecutores de la segunda fase ya comenzaron. En esta etapa, cubrirán 25 municipios distribuidos entre 12 departamentos.
Una característica importante de estas acciones es que debe mantenerse la coordinación entre el Ejecutivo (la DOM y el Ministerio de Desarrollo Local) con cada uno de los jefes edilicios y sus equipos.
Por indicación del Presidente, las empresas encargadas de llevar a cabo estas reparaciones en las vías deben contratar al 60 % de su mano de obra entre los mismos habitantes de la zona.
Los otros proyectos son pavimentación de calles tipo terracería, polideportivos e intervenciones en centros históricos, unidades de salud y centros escolares, entre otros más. El objetivo es que los recursos públicos ahora se usen con transparencia, en obras que tienen un impacto directo para los habitantes.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
