Internacionales
VIDEOS: Policía británica arrestó a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en la embajada de Ecuador
La policía del Reino Unido arrestó este jueves al cofundador de WikiLeaks Julian Assange, luego de que el el gobierno ecuatoriano levantara el asilo político que le había otorgado por los últimos siete años, bajo la promesa británica de que no será extraditado a un país en el que pueda ser condenado a la pena de muerte.
El arresto no se produjo en las calles de la capital británica, sino que las autoridades de Ecuador invitaron a la policía a la sede diplomática para cumplir con la orden judicial. Según la abogada Jennifer Robinson, defensora de Assange y WikiLeaks, la detención del australiano está relacionada a un pedido de extradición de Estados Unidos, dato que luego fue confirmado por las autoridades londinenses.
La policía londinense informó que «ha sido puesto en custodia en la estación central donde permanecerá antes de ser presentado ante el Tribunal de Magistrados de Westminster lo antes posible».

Assange se refugió en la embajada ecuatoriana de Londres a mediados de 2012 y pidió protección, ya que aseguraba que la justicia de EEUU busca someterlo a su jurisdicción y condenarlo a la pena de muerte por la filtración de secretos oficiales. Después de dos meses de encierro, el entonces presidente Rafael Correa le concedió asilo diplomático en agosto de ese año.
En la época, Assange enfrentaba una orden de prisión europea. Suecia lo había reclamado por acusaciones que no prosperaron por presuntos delitos sexuales. Las autoridades británicas se rehusaron a entregarle un salvoconducto y la justicia pidió su captura por violar las condiciones de libertad condicional.
Con la llegada de Lenín Moreno al poder en Ecuador, cambió el tratamiento a Assange. El ex aliado de Correa, que ha revisado prácticamente todas las políticas de su antecesor, incluida la de abierta crítica a Estados Unidos, lo acusa de inmiscuirse en asuntos internos de Ecuador.
La figura de Assange es tan aplaudida como vapuleada. Mientras los activistas en favor de la transparencia y en contra de la guerra lo elogian por revelar detalles sobre la muerte de civiles y las operaciones militares clandestinas vinculadas a las guerras en Irak y Afganistán, el gobierno estadounidense y sus aliados lo acusan de poner en peligro miles de vidas por revelar información clasificada sobre agentes encubiertos, sitios de inteligencia e infraestructura clave.
Los medios que trabajaron con él en la difusión de los archivos filtrados también condenaron la posterior revelación de documentos sin censura, que incluían nombres de informantes.
El activista australiano también es cuestionado por tratar de influir en las elecciones estadounidenses de 2016 y en el proceso independentista catalán en 2017.
En teoría, aún sin asilo de Ecuador, el estado sudamericano tiene la obligación de protegerlo ante las eventuales pretensiones de otros países de someterlo a cadena perpetua o condenarlo a muerte, castigos que no están reconocidos por la ley ecuatoriana.
«Solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito», afirmó Moreno en un video difundido este jueves. Quito también confirmó que le ha retirado la ciudadanía ecuatoriana.

«Si alguien violara sus derechos, el Ecuador tendría el deber de pedir que se suspenda esa violación», aclaró el ex canciller José Ayala Lasso. Según estimó el procurador general del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, la condena por incumplir su arresto domiciliario «no rebasaría los seis meses» y Londres ha dado garantías de que «no sería deportado o extraditado a ningún otro país», promesa que podría ser presionada por el gobierno estadounidense.
El secretario británico de Exteriores, Jeremy Hunt, dio las gracias a Moreno por desbloquear el intento de arresto, y dijo en Twitter: «Assange no es un héroe y no hay nadie por encima de la ley. Se ha escondido de la verdad durante años».
El ex presidente Correa condenó rápidamente la decisión tomada por el gobierno de Moreno, a quien calificó como «el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana» por permitir la entrada de la policía británica. El líder izquierdista, que enfrenta varios procesos judiciales desde Bélgica, destacó que Assange tenía la ciudadanía ecuatoriana y lamentó: «Día de luto mundial».
Por su parte, el gobierno ruso también se manifestó en contra del arresto. «La mano de la ‘democracia’ estrangula la libertad», reaccionó en Facebook la vocera de la diplomacia rusa, Maria Zajárova. A su vez, el vocero de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo tener la esperanza de que se respeten los derechos de Assange.
Edward Snowden, ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU (NSA), refugiado hoy en Rusia y con quien Assange se ha comparado, expresó su rechazo a la noticia. «Las imágenes del embajador de Ecuador invitando a la policía secreta del Reino Unido para arrastrar a un autor de (te guste o no) periodismo ganador de premios terminarán en los libros de historia. Los críticos de Assange pueden celebrar, pero es un momento oscuro para la libertad de prensa», escribió en Twitter.
El informático, además, recordó que la ONU ha emitido declaraciones en las que consideró que la detención era arbitraria y una violación a los derechos humanos.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.


Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Internacionales
Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.








