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Testigo brinda detalles del soborno de $1 millón para campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, presidente hondureño, por parte de «El Chapo», Guzmán

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La fiscalía de Nueva York asegura que el hermano del acusado, el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, recibió millones de dólares del narcotráfico en sobornos y financiación electoral, pero no lo ha inculpado formalmente y el mandatario rechaza las acusaciones.

Durante su testimonio en el cuarto día del juicio por narcotráfico al ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado en una corte federal de Manhattan, Ardón aseguró al jurado que el acusado le ayudó a traficar entre 30 y 40 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2010 y la detención de Hernández en noviembre de 2018.

Ardón, de 43 años y conocido también como “Chande” o “AA”, se entregó a la justicia estadounidense en marzo de 2019 en Guatemala, y se declaró culpable de ser líder de una banda de narcotraficantes, de tráfico de drogas a Estados Unidos, de homicidio, de usar armas automáticas para cometer los delitos, de lavado de dinero y de asociarse con otras bandas de narcos que utilizan armas de alto poder.

Juan-Antonio-Hernandez (AFP)
Juan-Antonio-Hernandez (AFP)

Coopera con la fiscalía, y en los documentos judiciales del caso es identificado como “CW3” (testigo cooperante 3).

En la reunión que relató, celebrada en la ciudad de El Paraíso, en Copán, de la cual Ardón era alcalde, el Chapo le pidió el número (de teléfono) a Tony, y le dijo que le iba a dar un millón de dólares para la campaña de Juan Orlando Hernández”, que era candidato a la presidencia de Honduras.

“Tony Hernández le dijo al Chapo que ese dinero era para la campaña de Juan Orlando Hernández”, aseguró Ardón, que dijo haber ayudado a contar el dinero en fajas de USD 50.000 y USD 100.000, mientras Tony Hernández, de traje azul, lo miraba serio y sacaba apuntes de sus declaraciones.

Ardón, que dijo haber participado en el asesinato de 56 personas y en torturas, contó asimismo que el acusado poseía armas de alto calibre, inclusive una AR-15 con cañón recortado y hasta una M60, y que le dijo que esta última “traspasaba los carros blindados”.

A principios de 2017, las cosas no se veían bien para el cártel de Sinaloa. Su líder de alto perfil, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue extraditado a los Estado Unidos el 19 de enero de 2017 (Foto: Cuartoscuro)
A principios de 2017, las cosas no se veían bien para el cártel de Sinaloa. Su líder de alto perfil, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue extraditado a los Estado Unidos el 19 de enero de 2017 (Foto: Cuartoscuro)

También contó que Tony Hernández tenía un laboratorio en Lempira, Honduras, donde reconstruía los kilos de droga que llegaban desde Colombia deshechos o mojados, y que vio los kilos con el logo “TH” del acusado.

“Lo más importante, el acusado era protegido por el actual presidente (de Honduras) que ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como ‘El Chapo’ Guzmán, que personalmente entregó un millón de dólares al acusado para su hermano”, dijo el fiscal Richman al jurado al arrancar el proceso, que durará de 10 a 12 días hábiles.

Aseguró que Tony Hernández pertenecía a “una organización auspiciada por el Estado que distribuyó cocaína durante años” en Estados Unidos, y que era protegida por una red de funcionarios hondureños corruptos, entre ellos “alcaldes, legisladores, generales de las fuerzas armadas, jefes de la policía”.

Richman también acusó al ex diputado de ordenar al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013.

La madre del acusado y del presidente de Honduras estuvo presente en la sala, y aseguró a periodistas en los corredores del tribunal que su hijo es inocente.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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