Internacionales
Testigo brinda detalles del soborno de $1 millón para campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, presidente hondureño, por parte de «El Chapo», Guzmán
La fiscalía de Nueva York asegura que el hermano del acusado, el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, recibió millones de dólares del narcotráfico en sobornos y financiación electoral, pero no lo ha inculpado formalmente y el mandatario rechaza las acusaciones.
Durante su testimonio en el cuarto día del juicio por narcotráfico al ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado en una corte federal de Manhattan, Ardón aseguró al jurado que el acusado le ayudó a traficar entre 30 y 40 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2010 y la detención de Hernández en noviembre de 2018.
Ardón, de 43 años y conocido también como “Chande” o “AA”, se entregó a la justicia estadounidense en marzo de 2019 en Guatemala, y se declaró culpable de ser líder de una banda de narcotraficantes, de tráfico de drogas a Estados Unidos, de homicidio, de usar armas automáticas para cometer los delitos, de lavado de dinero y de asociarse con otras bandas de narcos que utilizan armas de alto poder.
Coopera con la fiscalía, y en los documentos judiciales del caso es identificado como “CW3” (testigo cooperante 3).
En la reunión que relató, celebrada en la ciudad de El Paraíso, en Copán, de la cual Ardón era alcalde, “el Chapo le pidió el número (de teléfono) a Tony, y le dijo que le iba a dar un millón de dólares para la campaña de Juan Orlando Hernández”, que era candidato a la presidencia de Honduras.
“Tony Hernández le dijo al Chapo que ese dinero era para la campaña de Juan Orlando Hernández”, aseguró Ardón, que dijo haber ayudado a contar el dinero en fajas de USD 50.000 y USD 100.000, mientras Tony Hernández, de traje azul, lo miraba serio y sacaba apuntes de sus declaraciones.
Ardón, que dijo haber participado en el asesinato de 56 personas y en torturas, contó asimismo que el acusado poseía armas de alto calibre, inclusive una AR-15 con cañón recortado y hasta una M60, y que le dijo que esta última “traspasaba los carros blindados”.
También contó que Tony Hernández tenía un laboratorio en Lempira, Honduras, donde reconstruía los kilos de droga que llegaban desde Colombia deshechos o mojados, y que vio los kilos con el logo “TH” del acusado.
“Lo más importante, el acusado era protegido por el actual presidente (de Honduras) que ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como ‘El Chapo’ Guzmán, que personalmente entregó un millón de dólares al acusado para su hermano”, dijo el fiscal Richman al jurado al arrancar el proceso, que durará de 10 a 12 días hábiles.
Aseguró que Tony Hernández pertenecía a “una organización auspiciada por el Estado que distribuyó cocaína durante años” en Estados Unidos, y que era protegida por una red de funcionarios hondureños corruptos, entre ellos “alcaldes, legisladores, generales de las fuerzas armadas, jefes de la policía”.
Richman también acusó al ex diputado de ordenar al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013.
La madre del acusado y del presidente de Honduras estuvo presente en la sala, y aseguró a periodistas en los corredores del tribunal que su hijo es inocente.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.
«Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela», explicó un comunicado de prensa.
La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.
Dogu posó ante la embajada en un mensaje en la red X, así como otros funcionarios.
«La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente [Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado», añadió el comunicado.
Tras la captura en una intervención militar del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Donald Trump anunció que quería promover primero la estabilización económica, con la recuperación del sector petrolero, para luego alentar la entrada de inversiones extranjeras y finalmente una transición política.
El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que esas etapas podían solaparse.
Foto: AFP
Esta nueva etapa diplomática aporta «el tipo de estabilidad que atrae los negocios de vuelta» a Venezuela, declaró este lunes Rubio a la cadena Al Jazeera.
«Queremos ver una transición completa porque, para que Venezuela pueda alcanzar su potencial económico, tiene que tener un gobierno estable y democrático», añadió.
Embajada venezolana en Washington
Al mismo tiempo, Venezuela también ha tomado posesión de nuevo de su embajada en Washington, según reportes en redes sociales.
El viceministro para América del Norte, Oliver Blanco, colgó un video en X la semana pasada en la sede de la legación, junto al encargado de negocios, en la que informaba de encuentros en el Departamento de Estado para «explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral».
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la semana pasada que autorizaba las transacciones económicas para facilitar la reapertura de la legación venezolana.
Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Delcy Rodríguez, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano.
Al mismo tiempo, Caracas promulgó una reforma legal del sector y empezó a liberar prisioneros políticos.
Delcy Rodríguez, muy elogiada en público por Trump, está remodelando el gobierno y el aparato de seguridad interno.
Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control.
Y en el Caribe mantiene también una flotilla encargada desde septiembre de destruir lo que califica de «narcolanchas», unas operaciones polémicas que han causado al menos 163 muertos.
Maduro y Flores comparecieron dos veces ante un juez en Nueva York, la última el pasado jueves.
Maduro está acusado de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.
Internacionales
La justicia española determina que un beso en la mano puede ser una agresión sexual si no hay consentimiento
El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, dictaminó que dar un beso en la mano puede ser considerado una agresión sexual si no hay consentimiento, según una decisión consultada el lunes por la AFP.
La resolución, dictada el 5 de marzo, confirmó la condena de un hombre por agresión sexual que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús.
La defensa del acusado pretendía recalificar los hechos como un simple «acoso callejero», pero los magistrados consideraron que cualquier contacto físico con connotación sexual sobrepasaba dicha categoría y que debía abonar la multa de 1,620 euros (1,850 dólares) prevista en su primera condena.
Pero según los magistrados «no se trató de un mero acto de cogerle de la mano» sino que el acusado «actuó con intención de atentar contra su integridad sexual, le cogió la mano besándosela al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara, ofreciéndole dinero».
«Hubo, por ello, un acto de agresión sexual por cuanto la acción describe un tocamiento de índole y matiz sexual que la víctima no tenía obligación de soportar con claro contenido sexual y ataque a la víctima cosificándola», añade.
«Existe, por tanto, un acto de agresión sexual en la medida en que la acción describe un contacto de naturaleza y tono sexuales que la víctima no tenía ninguna obligación de soportar, con un contenido claramente sexual y un atentado a la víctima al reducirla a un objeto», prosigue la resolución.
España está a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género y en 2004 aprobó una ley pionera en Europa contra la violencia contra las mujeres.
En 2025, el caso conocido como el del «beso forzado» vio cómo el que era entonces el hombre fuerte del fútbol español, el presidente de la federación española, Luis Rubiales, fue condenado por agresión sexual por un beso a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino en Sídney, en agosto de 2023.
Una investigación estadounidense lo vincula con una organización que traficaba fentanilo y cocaína, cuyo centro de operaciones estaba en Guatemala.
En San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al salvadoreño Juan Carlos Escobar Rodríguez, alias Lucas o Pepe, reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La PNC del vecino país calificó la detención como «un nuevo golpe a estructuras vinculadas al narcotráfico». Al salvadoreño, quien también tiene nacionalidad guatemalteca, lo arrestaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y es la extradición número 21 que realizaran a Estados Unidos, según el informe publicado por el Ministerio de Gobernación.
La cartera de Estado guatemalteca detalló que, con la captura, se da cumplimiento a una orden emitida el 4 de marzo de 2026 por un juzgado que atendió la solicitud de Estados Unidos.
«Escobar Rodríguez es requerido por delitos relacionados con la conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo. Además, está señalado de portar un arma de fuego en actividades vinculadas al narcotráfico. Durante su captura, se le incautó una pistola con 16 municiones, mientras se conducía a bordo de un pick-up», detalló el Ministerio de Gobernación guatemalteco.
En Estados Unidos, una investigación determinó que Escobar Rodríguez mantiene vínculos directos con el narcotráfico, al estar presuntamente involucrado en conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo.
Según el informe, la conspiración tenía como objetivo fabricar y distribuir sustancias controladas, con la pretensión, conocimiento y claro conocimiento de que serían importadas ilegalmente a Estados Unidos.
La conspiración tiene que ver con la intención de enviar aproximadamente cinco kilogramos de cocaína y unos 400 gramos de fentanilo. Además de la tentativa de distribución de una sustancia controlada que sería importada a Estados Unidos, sumado a la portación de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas.
La PNC de esa nación también aprehendió en Ayutla, San Marcos, a Jorge Edy Peláez Martínez, quien, junto a Escobar Rodríguez, supuestamente forman parte de la organización dedicada al tráfico de drogas, teniendo su centro de operaciones en Guatemala para distribuir cocaína y fentanilo hacía el distrito norte de Georgia y otros puntos de Estados Unidos.
