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Testigo brinda detalles del soborno de $1 millón para campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, presidente hondureño, por parte de «El Chapo», Guzmán
La fiscalía de Nueva York asegura que el hermano del acusado, el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, recibió millones de dólares del narcotráfico en sobornos y financiación electoral, pero no lo ha inculpado formalmente y el mandatario rechaza las acusaciones.
Durante su testimonio en el cuarto día del juicio por narcotráfico al ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado en una corte federal de Manhattan, Ardón aseguró al jurado que el acusado le ayudó a traficar entre 30 y 40 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2010 y la detención de Hernández en noviembre de 2018.
Ardón, de 43 años y conocido también como “Chande” o “AA”, se entregó a la justicia estadounidense en marzo de 2019 en Guatemala, y se declaró culpable de ser líder de una banda de narcotraficantes, de tráfico de drogas a Estados Unidos, de homicidio, de usar armas automáticas para cometer los delitos, de lavado de dinero y de asociarse con otras bandas de narcos que utilizan armas de alto poder.
Coopera con la fiscalía, y en los documentos judiciales del caso es identificado como “CW3” (testigo cooperante 3).
En la reunión que relató, celebrada en la ciudad de El Paraíso, en Copán, de la cual Ardón era alcalde, “el Chapo le pidió el número (de teléfono) a Tony, y le dijo que le iba a dar un millón de dólares para la campaña de Juan Orlando Hernández”, que era candidato a la presidencia de Honduras.
“Tony Hernández le dijo al Chapo que ese dinero era para la campaña de Juan Orlando Hernández”, aseguró Ardón, que dijo haber ayudado a contar el dinero en fajas de USD 50.000 y USD 100.000, mientras Tony Hernández, de traje azul, lo miraba serio y sacaba apuntes de sus declaraciones.
Ardón, que dijo haber participado en el asesinato de 56 personas y en torturas, contó asimismo que el acusado poseía armas de alto calibre, inclusive una AR-15 con cañón recortado y hasta una M60, y que le dijo que esta última “traspasaba los carros blindados”.
También contó que Tony Hernández tenía un laboratorio en Lempira, Honduras, donde reconstruía los kilos de droga que llegaban desde Colombia deshechos o mojados, y que vio los kilos con el logo “TH” del acusado.
“Lo más importante, el acusado era protegido por el actual presidente (de Honduras) que ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como ‘El Chapo’ Guzmán, que personalmente entregó un millón de dólares al acusado para su hermano”, dijo el fiscal Richman al jurado al arrancar el proceso, que durará de 10 a 12 días hábiles.
Aseguró que Tony Hernández pertenecía a “una organización auspiciada por el Estado que distribuyó cocaína durante años” en Estados Unidos, y que era protegida por una red de funcionarios hondureños corruptos, entre ellos “alcaldes, legisladores, generales de las fuerzas armadas, jefes de la policía”.
Richman también acusó al ex diputado de ordenar al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013.
La madre del acusado y del presidente de Honduras estuvo presente en la sala, y aseguró a periodistas en los corredores del tribunal que su hijo es inocente.
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, «presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso» de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está «en aislamiento» por precaución en un instituto de infectología especializado pero los solicitudes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda «con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea».
La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y «el caso sigue en investigación».
La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.
La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).
El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
«La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo», apuntaron las autoridades de Sao Paulo.
Los colombianos comenzaron a votar este domingo en las elecciones presidenciales que definirán si el país mantiene el respaldo a la izquierda en el poder o apuesta por un giro hacia la derecha, en un contexto marcado por la violencia y la polarización política.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió la jornada electoral acompañado de una de sus hijas e hizo un llamado a que el sufragio se ejerza de manera libre y sin presiones.
Sin posibilidad de reelección, Petro concluirá su mandato tras impulsar políticas enfocadas en la reducción de la pobreza monetaria, el hambre y el desempleo, además de la ampliación de programas sociales.
Según las encuestas citadas en el proceso electoral, el candidato oficialista Iván Cepeda encabeza la intención de voto. El senador propone dar continuidad a las políticas impulsadas por el actual gobierno en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento de la violencia.
Entre sus principales contendientes se encuentra Abelardo de la Espriella, quien mantiene un discurso crítico hacia la izquierda y ha centrado su propuesta en el combate al crimen organizado. También figura la senadora Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.
Los sondeos anticipan que ningún candidato alcanzará los votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta, por lo que se prevé una segunda ronda electoral el 21 de junio.
La autoridad electoral informó que la jornada se extenderá hasta las 21:00 GMT y espera divulgar los resultados preliminares pocas horas después del cierre de las urnas. Asimismo, las autoridades desplegaron 408,000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad durante el proceso.
La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de polarización política, marcado por atentados atribuidos a grupos armados, el asesinato de un aspirante presidencial y la ausencia de debates entre algunos de los principales candidatos.
En distintas regiones del país, ciudadanos expresaron su expectativa de que el próximo gobierno contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y reducir los niveles de conflicto que afectan a varias comunidades.
El Congreso mexicano, dominado por el oficialismo, concluyó el viernes la aprobación de una reforma constitucional que busca anular elecciones en las que se compruebe que en el resultado influyó una intervención extranjera.
La iniciativa, lanzada por el partido Morena (izquierda), fue aprobada ayer en el Senado tras ser votada el jueves por los diputados, pero aún requiere de leyes secundarias para ser aplicada.
Por otro lado, el parlamento bicameral movió los comicios judiciales para 2028, una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otra iniciativa presidencial que fue aprobada con el voto del oficialismo es la creación de una comisión dentro de la autoridad electoral que vete posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado.
Tras la votación en el Sanado, el artículo 41 de la Constitución plantea ahora la nulidad de una elección cuando «se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados».
Esta reforma sobre injerencia despertó, no obstante, preocupación entre opositores y expertos, que alertan sobre la discrecionalidad de su aplicación.
Pero la propuesta complementaria que reformaba leyes secundarias relativas a las causales de nulidad de una elección fue retirada la tarde del jueves por Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena y autor del proyecto.
Esto deja a la reforma constitucional sin una normativa para aplicarse.
Monreal dijo que las leyes secundarias requieren de «un mayor periodo de reflexión» y de construir «consensos parlamentarios».
José Antonio Crespo, experto en materia electoral, dijo a la AFP que la propuesta original es «tan vaga» que puede ser utilizada como un «elemento de abuso», sobre todo por parte del oficialismo.
«Si se quiere incorporar un elemento de nulidad que tenga que ver con la intervención extranjera tendría que ser muy preciso», añadió.
De ser aprobadas las leyes secundarias, esta reforma sobre la intervención extrajera se aplicaría en las elecciones generales de 2030.
El próximo año México celebra comicios intermedios en las que se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales.
