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Testigo brinda detalles del soborno de $1 millón para campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, presidente hondureño, por parte de «El Chapo», Guzmán
La fiscalía de Nueva York asegura que el hermano del acusado, el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, recibió millones de dólares del narcotráfico en sobornos y financiación electoral, pero no lo ha inculpado formalmente y el mandatario rechaza las acusaciones.
Durante su testimonio en el cuarto día del juicio por narcotráfico al ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado en una corte federal de Manhattan, Ardón aseguró al jurado que el acusado le ayudó a traficar entre 30 y 40 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2010 y la detención de Hernández en noviembre de 2018.
Ardón, de 43 años y conocido también como “Chande” o “AA”, se entregó a la justicia estadounidense en marzo de 2019 en Guatemala, y se declaró culpable de ser líder de una banda de narcotraficantes, de tráfico de drogas a Estados Unidos, de homicidio, de usar armas automáticas para cometer los delitos, de lavado de dinero y de asociarse con otras bandas de narcos que utilizan armas de alto poder.
Coopera con la fiscalía, y en los documentos judiciales del caso es identificado como “CW3” (testigo cooperante 3).
En la reunión que relató, celebrada en la ciudad de El Paraíso, en Copán, de la cual Ardón era alcalde, “el Chapo le pidió el número (de teléfono) a Tony, y le dijo que le iba a dar un millón de dólares para la campaña de Juan Orlando Hernández”, que era candidato a la presidencia de Honduras.
“Tony Hernández le dijo al Chapo que ese dinero era para la campaña de Juan Orlando Hernández”, aseguró Ardón, que dijo haber ayudado a contar el dinero en fajas de USD 50.000 y USD 100.000, mientras Tony Hernández, de traje azul, lo miraba serio y sacaba apuntes de sus declaraciones.
Ardón, que dijo haber participado en el asesinato de 56 personas y en torturas, contó asimismo que el acusado poseía armas de alto calibre, inclusive una AR-15 con cañón recortado y hasta una M60, y que le dijo que esta última “traspasaba los carros blindados”.
También contó que Tony Hernández tenía un laboratorio en Lempira, Honduras, donde reconstruía los kilos de droga que llegaban desde Colombia deshechos o mojados, y que vio los kilos con el logo “TH” del acusado.
“Lo más importante, el acusado era protegido por el actual presidente (de Honduras) que ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como ‘El Chapo’ Guzmán, que personalmente entregó un millón de dólares al acusado para su hermano”, dijo el fiscal Richman al jurado al arrancar el proceso, que durará de 10 a 12 días hábiles.
Aseguró que Tony Hernández pertenecía a “una organización auspiciada por el Estado que distribuyó cocaína durante años” en Estados Unidos, y que era protegida por una red de funcionarios hondureños corruptos, entre ellos “alcaldes, legisladores, generales de las fuerzas armadas, jefes de la policía”.
Richman también acusó al ex diputado de ordenar al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013.
La madre del acusado y del presidente de Honduras estuvo presente en la sala, y aseguró a periodistas en los corredores del tribunal que su hijo es inocente.
Cientos de personas continúan durmiendo en calles, carpas o albergues en Pereira, Colombia, un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que dejó más de 330 personas fallecidas y provocó el derrumbe de miles de edificios.
Fanery Andrade, una vendedora ambulante de 41 años, permanece junto a su familia en una carpa instalada en un parque, después de que su vivienda quedara reducida a escombros. La mujer espera recibir las ayudas anunciadas por el Gobierno.
«Aún estamos acá porque está difícil los arriendos, hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes», relató Andrade a la AFP.
El terremoto, que golpeó el occidente de Colombia, también derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas económicas fueron estimadas en $9,500 millones y las labores de reconstrucción tomarán años.
Andrade recordó que logró salir de su vivienda poco antes de que esta se derrumbara, a pocos metros del parque donde actualmente permanece. «Uno duerme todavía con susto», aseguró mientras señalaba los restos de su casa.
La mujer tuvo la posibilidad de trasladarse a un albergue, pero decidió permanecer cerca de seis familias vecinas que también instalaron sus carpas en el lugar. «Entre todos nos colaboramos», expresó.
Andrade, quien padece anemia y otras patologías, también busca recuperar su pequeño puesto de frituras y conseguir nuevamente una vivienda. «Una casita» es uno de sus principales anhelos.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, anunció subsidios de $285 mensuales para el alquiler durante tres meses destinados a las personas afectadas. Sin embargo, varios damnificados consultados por la AFP afirmaron que todavía no habían recibido la ayuda gubernamental.
Entre quienes buscan salir adelante se encuentra Francia Elena Vásquez, quien perdió su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, negocio en el que trabajó durante 28 años.
Tras perder el establecimiento, Vásquez retomó sus actividades comerciales en un espacio prestado dentro de un estacionamiento. «Gracias a la comunidad, a la gente, (…) nos ha ido bien», relató la comerciante.
De acuerdo con la entidad de atención de desastres, el terremoto dejó más de 36,300 viviendas destruidas.
Otro de los afectados es Matías Vélez, un auxiliar de enfermería de 36 años que resultó herido durante el terremoto. Tras el colapso de su apartamento, se trasladó a vivir con sus padres mientras se recupera y retoma sus actividades laborales.
«Nos toca empezar de cero», afirmó Vélez.
La Policía de Guatemala capturó este miércoles a siete integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes son señalados de estar involucrados en el asesinato de 17 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en zonas boscosas entre 2025 y 2026.
De acuerdo con la Policía, los cuerpos fueron encontrados envueltos en sábanas o bolsas plásticas y abandonados en cuatro distintos escenarios. Las autoridades vinculan estos hechos con la rivalidad entre pandillas.
Los detenidos fueron capturados en una colonia ubicada en la periferia oeste de la capital guatemalteca, un sector controlado por grupos criminales. Los sospechosos son acusados de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, secuestro y asesinato. Entre los capturados se encuentra una mujer, quien enfrenta cargos por asociación ilícita.
Según la investigación, los detenidos también estarían relacionados con el abandono de ocho cuerpos en octubre pasado. Estos fueron encontrados envueltos en bolsas plásticas debajo de un puente de una carretera ubicada al este de la capital.
El hallazgo ocurrió el mismo día en que Marco Antonio Villeda asumió como ministro de Gobernación de Guatemala, luego de la destitución de su antecesor, Francisco Jiménez, en medio de una crisis política provocada por la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de una cárcel.
De los 20 pandilleros que escaparon, ocho han sido recapturados y uno fue localizado sin vida.
La MS-13 y el Barrio 18 son señalados como los principales grupos vinculados con la violencia criminal en Guatemala. Ambos son considerados organizaciones «terroristas» por Guatemala y Estados Unidos.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 17.3 por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
El gobierno de Dinamarca propondrá prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas y centros de educación secundaria, como parte de una medida que busca limitar el tiempo que los niños y jóvenes pasan frente a las pantallas, anunció este jueves la primera ministra Mette Frederiksen.
«Este gobierno propone una prohibición total de los celulares», declaró Frederiksen durante una rueda de prensa.
La medida se aplicaría tanto dentro de las aulas como en los patios de recreo y abarcaría a los estudiantes desde primero de primaria hasta el final de la educación secundaria.
El anuncio se produjo poco después de que se conociera el último informe internacional PISA, que refleja un descenso en los resultados de los jóvenes daneses.
Con una puntuación de 478, Dinamarca se ubicó justo por debajo de la media europea, de 482 puntos.
«Los resultados en lectura, matemáticas y ciencias son los peores jamás registrados», afirmó el ministro de Educación, Magnus Heunicke, tras conocerse los resultados el martes.
Por su parte, Frederiksen consideró que los resultados están estrechamente relacionados con el nivel de conexión de los niños y jóvenes en el país.
«Los adultos hemos permitido que los niños y los jóvenes pasen demasiadas horas al día frente a una pantalla», lamentó la primera ministra.
El gobierno danés ya había estudiado anteriormente legislar sobre esta situación. Sin embargo, el proyecto no llegó a debatirse en el Parlamento y únicamente contemplaba obligar a los consejos escolares a establecer normas para convertir sus centros educativos en espacios libres de celulares.
