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Qué es el “swatting” y cómo el FBI empezará a abordar esta situación en EE.UU.
El “swatting” es una práctica que consiste en llamadas fraudulentas al 911 para reportar supuestas amenazas criminales de alto nivel o situaciones violentas como advertencias de explosivos, asesinatos o incluso secuestros con rehenes.
La finalidad del “swatting” es, en última instancia, engañar a las autoridades para que lleven a cabo operativos policiales en viviendas o establecimientos de individuos que, en realidad, no está cometiendo ningún crimen.
Así lo definió el experto de seguridad Lauren R. Shapiro (profesor asociado del Colegio de Justicia Criminal John Jay), quien definió el “swatting” en una entrevista ofrecida a NBC News.
Y, actualmente, la práctica del “swatting” se ha vuelto una prioridad para la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Ahora, esta institución empezará a tomar medidas formales para abordar el “swatting” a nivel nacional.
Según un reporte de la Liga Anti-Difamación en 2019, reseñado por NBC News, cada año se han reportado aproximadamente 1,000 incidentes de “swatting” en Estados Unidos, y cada incidente le ha costado a las comunidades alrededor de $10,000 dólares, dentro de los que se incluyen gastos de investigación, reparación de la propiedad e incluso atención psicológica.
No obstante, no hay datos oficiales de las instituciones federales acerca la magnitud de incidentes de “swatting” en el país.
Es por ello que ahora el FBI empezará a recopilar información acerca de estos incidentes. Así lo informó Scott Schubert, miembro de la sección de Servicios de Información de Justicia Criminal del FBI, a NBC News.
De esta forma, la agencia federal podrá facilitar información relativa con casos de “swatting” con cientos de departamentos de policía y diversas autoridades locales, según indicó Schubert.
Según NBC News, los datos más recientes de “swatting” se remontan al año 2002. No obstante, según el profesor Shapiro, no hay leyes específicas que discriminen el “swatting” en EE.UU.
A nivel legal, las pocas personas que son procesadas por “swatting” son juzgadas bajo el estatuto de “Falsa Información y Engaños”.
Sin embargo, Shapiro explicó para NBC News que los individuos que hacen “swatting” suelen recibir castigos muy pequeños si se comparan con el daño que causan.
Por ejemplo, en el año 2021, un hombre llamado Mark Herring murió de un infarto cardíaco por un operativo policial en su casa, ubicada en Tennessee, el cual fue causado por una persona que hizo “swatting”, pues reportó fraudulentamente un tiroteo en su vivienda, según NBC News.
Además, al existir avances tecnológicos que permiten ocultar la identidad de las personas que hacen “swatting”, las autoridades tienen cada vez más dificultades para discernir entre las llamadas de emergencia falsas y las verdaderas.
El oficial Schubert, del FBI, aseguró para NBC News que si una persona ha sufrido de amenazas de “swatting”, esa persona debe contactar inmediatamente a las autoridades para informarles de la situación.
La depresión tropical Cristina continúa generando lluvias, vientos intensos y fuerte oleaje en varios países de Centroamérica, provocando inundaciones, derrumbes, afectaciones en viviendas, daños en infraestructura vial y diversas emergencias atendidas por organismos de protección civil.
En Guatemala, las lluvias asociadas al sistema provocaron inundaciones en viviendas de las comunidades María Linda, en Iztapa, Escuintla, y El Manantial, en San José, Escuintla. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres evaluó los daños y las necesidades de las familias afectadas. De acuerdo con datos oficiales, la temporada lluviosa de 2026 ha generado más de 280 emergencias en el país, entre ellas inundaciones, caída de árboles, fuertes vientos, deslizamientos, derrumbes, socavamientos y hundimientos.
Las autoridades guatemaltecas mantienen habilitados albergues temporales en Alta Verapaz y Santa Rosa para atender a las personas afectadas por las condiciones climáticas.
En Nicaragua, las precipitaciones continúan afectando principalmente a los departamentos de León y Chinandega. Comunidades costeras como Poneloya y Las Peñitas reportan inundaciones que han impactado viviendas, restaurantes, pequeños negocios y emprendimientos turísticos. Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia sobre infraestructura vulnerable, incluido el puente La Máquina, en la comunidad La Gallina, donde se reportaron deslizamientos de tierra.
En el departamento de Chinandega, sectores turísticos como Paso Caballos y Jiquilillo registran calles anegadas, restricciones al tránsito vehicular y afectaciones económicas para comerciantes y emprendedores locales. Aunque Cristina se degradó a depresión tropical, organismos meteorológicos de la región advierten que sus remanentes continúan favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, manteniendo condiciones propicias para lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.
Por su parte, en Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales reportó un derrumbe en la carretera que conduce al sur de Lempira, específicamente en la comunidad El Carrizal, municipio de Erandique, a la altura del sector conocido como La Clínica. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución debido a las condiciones del terreno.
Además, organismos de emergencia rescataron a una familia cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del río Juticalpa, en el departamento de Olancho. El incidente ocurrió cuando varias personas intentaron cruzar el afluente pese al aumento de su caudal provocado por las lluvias.
Las autoridades hondureñas mantienen alerta amarilla para la línea costera del golfo de Fonseca y para el municipio de Alianza, en Valle, debido al riesgo de oleaje elevado y al posible incremento del nivel del río Goascorán. También permanecen vigentes alertas verdes en varios departamentos ante la persistencia de las precipitaciones.
Las instituciones de protección civil de Honduras, Guatemala y Nicaragua reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas mientras continúen las condiciones adversas.
Un tribunal de la ciudad de Soissons, en el norte de Francia, condenó a Christophe Ellul, de 51 años, a cuatro años de prisión con suspensión de pena y ordenó el sacrificio de Curtis, un perro de raza american pitbull terrier.
La decisión judicial fue emitida pese a las peticiones de activistas defensores de los animales que solicitaron el indulto del can. Una de las iniciativas reunió más de 80,000 firmas y proponía que el animal fuera trasladado a un refugio.
El caso se remonta a noviembre de 2019, cuando Ellul encontró el cuerpo sin vida de su pareja, Elisa Pilarski, en un bosque situado en las afueras de la ciudad. Según la investigación, la mujer, de 29 años y embarazada de seis meses, presentaba alrededor de 50 mordeduras en su cuerpo mientras paseaba al perro.
De acuerdo con las autoridades, antes de fallecer, Pilarski llamó a Ellul para pedir ayuda mientras él se encontraba trabajando en un aeropuerto ubicado a unos 50 kilómetros de distancia.
Durante la investigación, Ellul sostuvo que su mascota no era agresiva y que los responsables del ataque podrían haber sido perros de caza presentes en la zona. Sin embargo, las pruebas de ADN determinaron que las mordeduras correspondían a Curtis.
El perro, que actualmente tiene ocho años y medio, ha permanecido en una perrera durante más de seis años desde que ocurrió el incidente. Las autoridades también señalaron que en Francia está prohibida la importación de pitbulls, considerados una raza peligrosa, y que el animal había sido llevado al país desde los Países Bajos.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que un sistema de videovigilancia instalado en la Zona 18 de la capital era controlado por pandilleros recluidos en centros penitenciarios.
Ante esto, el director de la PNC guatemalteca, David Boteo, confirmó y especificó que las cámaras ubicadas en la vía pública y en algunas viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala eran monitoreadas por integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 desde prisión.
Según detalló el jefe policial, hasta el momento han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado durante distintos operativos. De acuerdo con las autoridades, los pandilleros utilizaban estos dispositivos para detectar la presencia de personas desconocidas o agentes policiales en diferentes sectores de la Zona 18, lo que les permitía anticiparse a posibles capturas. Además, indicó que los delincuentes contaban con puertas de fabricación gruesa para dificultar los procedimientos policiales y facilitar el desecho de droga en desagües.
Boteo explicó que el monitoreo de las cámaras se realizaba mediante aplicaciones instaladas en teléfonos inteligentes. Señaló que durante requisas en centros penitenciarios se han encontrado celulares con aplicaciones destinadas a controlar los sistemas de videovigilancia. Asimismo, indicó que no se descarta que las cámaras hayan sido adquiridas en establecimientos especializados en tecnología.
De acuerdo con las investigaciones, estas acciones tenían como objetivo mantener el control sobre determinadas colonias y barrios de la Zona 18. El director de la PNC añadió que las autoridades evalúan desarrollar operativos similares en otras zonas donde se han reportado casos de extorsión y narcomenudeo vinculados a pandillas.
La Policía de Guatemala informa periódicamente sobre este tipo de procedimientos a través de sus redes sociales como parte del Plan Centinela.
