Internacionales
Hallan el vídeo de una presunta violación efectuada por policías en un tribunal francés
Un video mostrando un acto sexual fue hallado en el celular de uno de los dos policías franceses acusados de violar a una joven detenida en un tribunal, informó el domingo la fiscal de París, Laure Beccuau.
El anuncio se da un día después de que los dos agentes, de 23 y 35 años, fueran puestos en detención preventiva, tras ser imputados por violación y agresión sexual por personas que abusan de la autoridad que les confiere su cargo.
La decisión de imputar a los policías se basó en «las declaraciones de la denunciante, que fueron corroboradas por una serie de elementos de nuestro expediente», incluido el video, declaró Beccuau a la cadena France Info.
«Todos estos elementos dan credibilidad a su versión», añadió.
El vídeo dura cuatro segundos y muestra un acto sexual, según informó a AFP una fuente cercana al caso.
La joven, de 26 años, había sido llevada ante la fiscalía del suburbio parisino de Bobigny por actos de negligencia parental. El miércoles por la tarde, denunció haber sido víctima de dos violaciones durante la noche previa por parte de dos de los agentes que estaban de servicio.
Ambos «reconocieron las relaciones sexuales» con esta mujer, pero afirman que fueron «consentidas», recordó este domingo la fiscal.
Beccuau explicó que el caso plantea dudas sobre la realidad del consentimiento, «si tenemos en cuenta que esta mujer se encontraba recluida en un centro de detención del juzgado y, por lo tanto, ya estaba privada de su libertad de movimiento y se encontraba en una situación de restricción física».
El ministro del Interior, Laurent Nunez, declaró esta semana que «si se demuestran, estos hechos son extraordinariamente graves e inaceptables».
Francia se ha visto sacudida en los últimos meses por una serie de casos de violación de gran repercusión mediática que desencadenaron un debate sobre el consentimiento.
El Parlamento aprobó esta semana un proyecto de ley que define la violación como cualquier acto sexual no consentido, defendido por sus partidarios como un paso avanzar hacia una «cultura del consentimiento».
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.
Ecuador desarticuló un brazo local del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la participación de tropas estadounidenses, informó el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Quito y Washington mantienen una ofensiva contra el narcotráfico que ha generado cuestionamientos y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico en altamar.
«La operación en la madrugada del jueves se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la [agencia antidrogas] DEA», informó Reimberg a través de X.
El funcionario detalló que cerca de 30 ecuatorianos fueron detenidos por su «relación directa con el CJNG».
Según el ministro, la organización se dedicaba al tráfico internacional de cocaína producida en Colombia, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.
En los operativos participaron 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de Estados Unidos. Las acciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida una zona exclusiva de Samborondón, cercana a Guayaquil.
Por otra parte, durante un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses ocurrido el miércoles, fue abatido alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros.
De acuerdo con las autoridades, alias Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, y con el CJNG.
Honduras adoptó el martes nuevas medidas que endurecen las condiciones carcelarias, en una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico que incluye disposiciones similares a algunas implementadas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En Honduras operan pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones rivales y relacionadas con el narcotráfico y la tasa de homicidios del país, que alcanza 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces por encima del promedio global, según el texto fuente.
Las nuevas restricciones penitenciarias fueron aprobadas por el Congreso a solicitud del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Estas medidas se suman a la declaratoria realizada el viernes anterior, mediante la cual varios grupos criminales, incluidas las pandillas, fueron considerados organizaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas de la cárcel para presuntos integrantes de esas organizaciones criminales.
El paquete de reformas modificó el Código Procesal Penal y estableció que los supuestos integrantes de estos grupos sean enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
