Internacionales
EE.UU. negará “green cards” a migrantes que se vuelven una “carga pública”
La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio a conocer el reglamento de “carga pública” que complicará a inmigrantes la obtención de la Residencia Permanente y otro tipo de visas a partir del 15 de octubre, 60 días depués de su publicación.
La regla de 837 páginas se aplica a aquellos que buscan llegar o permanecer en los Estados Unidos a través de canales legales, considerando su posible riesgo para las finanzas del Gobierno federal, ya que la administración del presidente Donald Trump busca que todos los inmigrantes demuestren que pueden ser autosuficientes económicamente, indicó en conferencia de prensa, Ken Cuccinelli, director interino de la agencia.
“La carga pública ahora se define de una manera que garantiza que la ley se aplique de manera significativa y que los que están sujetos a ella sean autosuficientes”, dijo Cuccinelli.
El documento señala que los extranjeros que podrían ser afectados son aquellos que solicitan beneficios monetarios o en especia durante más de 12 meses durante un periodo de 36 meses. En conferencia de prensa telefónica, una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que dos beneficios aplicados en un mes representarán dos meses a contar en contra del inmigrante que aplique por cambios de estatus.
A pesar de que el Gobierno estima importantes ahorros al implementar la medida, a funcionaria dijo que no hay un estimado de cuánta gente será afectada por esta regla, pero a pregunta expresa de este diario, USCIS reconoció según propios datos oficiales aproximadamente 4.6 millones de no ciudadanos (23% de todos los no ciudadanos) recibieron beneficios de al menos uno de los programas que se integran.
La agencia acotó que la población anual que sería sometida a esta normativa se estima en más de 380,000 extranjeros que solicitan un cambio de estatus.
“Dará como resultado una reducción en los pagos de transferencia del Gobierno federal a las personas que pueden optar por darse de baja o renunciar a la inscripción a un programa”, reconoce la Administración Trump, que estima ahorros de $2.47 mil millones de dólares anuales, cantidad que en 10 años sería de aproximadamente $21,000 millones de dólares considerando una tasa de descuento del tres por ciento, aunque la autoridad indica que no hay reducciones adicionales que no puede calcular.
La regla, que se publicará el oficialmente el próximo miércoles, modifica regulaciones del DHS para determinar si un extranjero que solicita admisión al país o una “green card” es inadmisible en el país bajo la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), bajo el argumento de que en cualquier momento se convierta en una carga pública.
“La regla final también aborda la autoridad del USCIS para emitir bonos de carga pública bajo la sección 213 de la Ley en el contexto de las solicitudes de ajuste de estado”, acota el documento.
Es decir, se pedirá a los extranjeros que buscan extender su estadía en el país o cambiar su estatus que no han aplicado a beneficios públicos de acuerdo a la nueva regla, además de precisar que los beneficios públicos no deben ser “un incentivo” para migrar a los Estados Unidos.
“La carga pública es motivo de inadmisibilidad”, se indica. “Esta regla no se aplica a ciudadanos estadounidenses, incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado con un extranjero sujeto a la inadmisibilidad por carga pública”.
Agrega disposiciones especiales para casos de miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias y el acceso a Medicaid en ciertos contextos, especialmente de extranjeros menores de 21 años, mujeres embarazadas o hasta 60 días después de dar a luz, así como ciertos servicios financiados por Medicaid bajo el
“Esta regla final también aclara que el DHS solo considerará los beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero (solicitante) para su beneficio propio o donde el extranjero es un beneficiario”, agrega. “No (se) considerarán los beneficios públicos recibidos en nombre de otro”.
La dispocisión también precisa una consideración especial para inmigrantes que son víctimas del crimen o ayudaron a resolver un delito y llevar a prisión a los culpables, es decir, aquellos que podrían obtener visas U o T, así como casos de asilo y refugiados, así como víctimas de violencia doméstica.
En un comunicado, el director interino Cuccinelli defendió la nueva disposición, al considerar que es parte de la INA, pero no tenía una definición clara.
“Durante más de un siglo, el motivo de inadmisibilidad de la carga pública ha sido parte de las leyes de inmigración de nuestra nación. El presidente Trump ha cumplido su promesa al pueblo estadounidense de aplicar la ley de inmigración al definir el motivo de inadmisibilidad de la carga pública que ha estado en los libros durante años”, expuso Kuccinelli. “La autosuficiencia ha sido un principio fundamental del sueño americano. La autosuficiencia, la laboriosidad y la perseverancia sentaron las bases de nuestra nación y desde entonces han definido a generaciones de inmigrantes trabajadores que buscan oportunidades en los Estados Unidos”.
Daniel y Angélica tenían previsto casarse este domingo 20 de septiembre, pero un accidente de tránsito en Masagua, Escuintla, interrumpió sus preparativos. Según los reportes publicados, habían salido a realizar las últimas compras para la ceremonia cuando ocurrió el percance.
El Blog señala que un camión impactó contra el vehículo en el que viajaban. El medio atribuye a autoridades policiales la versión de que el conductor del transporte pesado perdió el control, aunque no precisa qué habría provocado esa maniobra.
Los reportes coinciden en el fallecimiento de Daniel, pero presentan diferencias sobre Angélica. Mientras El Blog informa que ambos perdieron la vida, El Metido SV indica en el cuerpo de su publicación que ella sufrió heridas graves y fue trasladada a un hospital de Escuintla.
Con la información consultada, no fue posible confirmar de manera independiente el desenlace de Angélica. Tampoco se cuenta con un comunicado oficial que permita aclarar esa diferencia y establecer las circunstancias completas del accidente.
Un video difundido en Honduras muestra a un hombre armado que, según las imágenes y el reporte de HCH, intentó asaltar una unidad de transporte público en Tegucigalpa y después se escapó de varias agentes de la Policía Nacional. El clip, viral este 18 y 19 de septiembre, se desarrolla dentro del bus: las uniformadas tratan de reducirlo y el sospechoso consigue salir del lugar. Hasta ahora las autoridades no han confirmado heridos ni han publicado la identidad del hombre.
El medio hondureño TuNota precisa que el sujeto portaba una pistola y que se trató de un presunto intento de asalto. El Blog, con base en HCH, habla de un robo en el colectivo. Lo que no está en disputa es lo que se ve: agentes —un grupo de mujeres— frente a un sospechoso armado en un espacio cerrado, lleno de pasajeros, y una fuga que queda grabada. No hay, en las fuentes públicas, un parte que diga que el hombre fue detenido después.
Un delincuente escapó de un grupo de agentes policiales tras robar en una unidad del transporte colectivo en Tegucigalpa, Honduras. El hecho fue captado en video y genera preocupación por la seguridad en el transporte público.
Más información en https://t.co/lhRVcEIkbm pic.twitter.com/XM5rcR71BW
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 19, 2026
El transporte colectivo en la capital hondureña arrastra una lista larga de asaltos. Este caso duele por otro motivo: la Policía ya estaba ahí y el presunto ladrón igual se fue. Eso abre el debate de siempre: falta de respaldo, número de agentes, protocolo dentro de un bus o simple ventaja del que lleva el arma y conoce la puerta.
Mientras no haya captura ni informe oficial, el video es la prueba y la pregunta. Quien se sube a un bus en Tegucigalpa no debería depender de que un celular grabe el desenlace. La orden pendiente es localizar al armado; el recado, para pasajeros y autoridades, es que el colectivo sigue siendo un punto débil.
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Internacionales
Diésel en Alemania: hay surtidores a $12 el galón; el promedio nacional ya supera los $10
En Alemania el diésel volvió a marcar precios de récord. El medio The Hormuz Letter reportó estaciones vendiendo el litro a 2,80 euros, unos 12 dólares por galón. Ese no es el promedio del país: el ADAC y los medidores en vivo ubican el litro cerca de 2,42 a 2,47 euros. Con el euro en torno a 1,15 dólares, eso equivale a unos 10,50 a 10,80 dólares por galón. Hay picos de hasta 2,58 euros el litro (más de 11 dólares el galón). El titular de los 12 dólares describe las gasolineras más caras, no el ticket medio.
Alemania se mueve con diésel. Hay unos 14 millones de autos que lo usan, más el transporte de carga y el campo. Por eso cada céntimo en el surtidor se siente en el supermercado y en el flete. El precio no es solo petróleo: incluye impuesto energético, recargo de CO₂ e IVA del 19%. Europa, además, importa buena parte del diésel de refinerías del Golfo y lo recibe por rutas que pasan por el estrecho de Ormuz.
La tensión en esa zona explica parte del salto. The Hormuz Letter indicó que el puerto saudí de Yanbu, salida clave al mar Rojo hacia Europa, suspendió cargas y que se cancelaron embarques de crudo saudí con destino europeo. En la prensa alemana el alza de septiembre se vincula a esa crisis y a un máximo histórico del diésel el 17 de septiembre: 2,471 euros el litro, según el ADAC.
Para un lector en El Salvador el contraste es directo. Aquí el diésel de referencia, del 15 al 28 de septiembre, está en 4,86 dólares el galón en las tres zonas. En Alemania el promedio ya duplica esa cifra y, en algunos surtidores, se acerca al triple. El combustible local también subió por el mercado internacional, pero la factura europea —impuestos altos más riesgo en Ormuz— coloca el litro alemán en otro rango.
