La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, deberá cumplir seis años de prisión y quedará inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, tras la confirmación de su condena por corrupción por parte de la Corte Suprema de Justicia. El fallo pone fin a un proceso judicial iniciado hace más de una década en el marco de la llamada causa «Vialidad».

Corrupción en la obra pública

Kirchner fue acusada por la fiscalía de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» y «asociación ilícita», debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su mandato presidencial. El Ministerio Público había solicitado 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.

El juicio oral comenzó en 2019, y en diciembre de 2022, un tribunal de primera instancia la declaró culpable de administración fraudulenta, aunque desestimó el cargo de asociación ilícita. La condena: seis años de cárcel e inhabilitación política.

Ambas partes apelaron el fallo. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia en 2024. Posteriormente, tanto la defensa de Kirchner como el fiscal general presentaron recursos ante la Corte Suprema. Mientras uno solicitó la absolución, el otro pidió una pena mayor. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó ambos planteamientos y ratificó el veredicto.

«Lawfare» y denuncias de persecución

La exmandataria rechaza las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada para proscribirla políticamente. Ha calificado el proceso como un caso de lawfare, un uso instrumental del aparato judicial para debilitar a su espacio político, el peronismo, hoy en la oposición frente al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.

Kirchner ha insistido en que no existen pruebas que la vinculen directamente con los contratos cuestionados, señalando que los fondos fueron aprobados por el Congreso, distribuidos por la Jefatura de Gabinete y ejecutados por el gobierno provincial de Santa Cruz.

“Este no es un juicio contra mí, es un juicio contra el peronismo y los gobiernos populares”, afirmó en 2022, poco antes de conocer su primera condena.

Acusaciones de parcialidad y vínculos políticos

Kirchner también ha denunciado una supuesta “mafia judicial” operando en paralelo al Estado. Ha cuestionado la imparcialidad de los jueces y fiscales involucrados, señalando sus vínculos con el expresidente Mauricio Macri y otros referentes de la oposición.

Entre las denuncias, se encuentran visitas de jueces al entonces presidente Macri y reuniones informales entre fiscales y ministros del gobierno anterior. A pesar de sus intentos de recusar a varios funcionarios judiciales, la justicia rechazó todos los pedidos.

Causas abiertas

Además de la causa «Vialidad», la expresidenta enfrenta otros procesos judiciales. El más avanzado es el caso «Memorándum», en el que será juzgada por presunto encubrimiento a ciudadanos iraníes acusados del atentado a la AMIA en 1994. El juicio analizará la legalidad del acuerdo firmado en 2013 con Irán para interrogar a los imputados fuera del país.

Otras dos causas por presunta corrupción la llevarán nuevamente ante los tribunales, una de ellas con fecha para noviembre próximo. Una cuarta investigación aún se encuentra en etapa preliminar.

El futuro judicial de una de las figuras políticas más influyentes de Argentina continúa generando divisiones en el país, donde sus seguidores denuncian persecución y sus detractores exigen justicia.