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Cristina Kirchner irá seis años a prisión e inhabilitada de por vida para cargos públicos tras fallo de la Corte Suprema
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, deberá cumplir seis años de prisión y quedará inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, tras la confirmación de su condena por corrupción por parte de la Corte Suprema de Justicia. El fallo pone fin a un proceso judicial iniciado hace más de una década en el marco de la llamada causa «Vialidad».
Corrupción en la obra pública
Kirchner fue acusada por la fiscalía de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» y «asociación ilícita», debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su mandato presidencial. El Ministerio Público había solicitado 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.
El juicio oral comenzó en 2019, y en diciembre de 2022, un tribunal de primera instancia la declaró culpable de administración fraudulenta, aunque desestimó el cargo de asociación ilícita. La condena: seis años de cárcel e inhabilitación política.
Ambas partes apelaron el fallo. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia en 2024. Posteriormente, tanto la defensa de Kirchner como el fiscal general presentaron recursos ante la Corte Suprema. Mientras uno solicitó la absolución, el otro pidió una pena mayor. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó ambos planteamientos y ratificó el veredicto.
«Lawfare» y denuncias de persecución
La exmandataria rechaza las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada para proscribirla políticamente. Ha calificado el proceso como un caso de lawfare, un uso instrumental del aparato judicial para debilitar a su espacio político, el peronismo, hoy en la oposición frente al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.
Kirchner ha insistido en que no existen pruebas que la vinculen directamente con los contratos cuestionados, señalando que los fondos fueron aprobados por el Congreso, distribuidos por la Jefatura de Gabinete y ejecutados por el gobierno provincial de Santa Cruz.
“Este no es un juicio contra mí, es un juicio contra el peronismo y los gobiernos populares”, afirmó en 2022, poco antes de conocer su primera condena.
Acusaciones de parcialidad y vínculos políticos
Kirchner también ha denunciado una supuesta “mafia judicial” operando en paralelo al Estado. Ha cuestionado la imparcialidad de los jueces y fiscales involucrados, señalando sus vínculos con el expresidente Mauricio Macri y otros referentes de la oposición.
Entre las denuncias, se encuentran visitas de jueces al entonces presidente Macri y reuniones informales entre fiscales y ministros del gobierno anterior. A pesar de sus intentos de recusar a varios funcionarios judiciales, la justicia rechazó todos los pedidos.
Causas abiertas
Además de la causa «Vialidad», la expresidenta enfrenta otros procesos judiciales. El más avanzado es el caso «Memorándum», en el que será juzgada por presunto encubrimiento a ciudadanos iraníes acusados del atentado a la AMIA en 1994. El juicio analizará la legalidad del acuerdo firmado en 2013 con Irán para interrogar a los imputados fuera del país.
Otras dos causas por presunta corrupción la llevarán nuevamente ante los tribunales, una de ellas con fecha para noviembre próximo. Una cuarta investigación aún se encuentra en etapa preliminar.
El futuro judicial de una de las figuras políticas más influyentes de Argentina continúa generando divisiones en el país, donde sus seguidores denuncian persecución y sus detractores exigen justicia.
La depresión tropical Cristina continúa generando lluvias, vientos intensos y fuerte oleaje en varios países de Centroamérica, provocando inundaciones, derrumbes, afectaciones en viviendas, daños en infraestructura vial y diversas emergencias atendidas por organismos de protección civil.
En Guatemala, las lluvias asociadas al sistema provocaron inundaciones en viviendas de las comunidades María Linda, en Iztapa, Escuintla, y El Manantial, en San José, Escuintla. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres evaluó los daños y las necesidades de las familias afectadas. De acuerdo con datos oficiales, la temporada lluviosa de 2026 ha generado más de 280 emergencias en el país, entre ellas inundaciones, caída de árboles, fuertes vientos, deslizamientos, derrumbes, socavamientos y hundimientos.
Las autoridades guatemaltecas mantienen habilitados albergues temporales en Alta Verapaz y Santa Rosa para atender a las personas afectadas por las condiciones climáticas.
En Nicaragua, las precipitaciones continúan afectando principalmente a los departamentos de León y Chinandega. Comunidades costeras como Poneloya y Las Peñitas reportan inundaciones que han impactado viviendas, restaurantes, pequeños negocios y emprendimientos turísticos. Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia sobre infraestructura vulnerable, incluido el puente La Máquina, en la comunidad La Gallina, donde se reportaron deslizamientos de tierra.
En el departamento de Chinandega, sectores turísticos como Paso Caballos y Jiquilillo registran calles anegadas, restricciones al tránsito vehicular y afectaciones económicas para comerciantes y emprendedores locales. Aunque Cristina se degradó a depresión tropical, organismos meteorológicos de la región advierten que sus remanentes continúan favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, manteniendo condiciones propicias para lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.
Por su parte, en Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales reportó un derrumbe en la carretera que conduce al sur de Lempira, específicamente en la comunidad El Carrizal, municipio de Erandique, a la altura del sector conocido como La Clínica. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución debido a las condiciones del terreno.
Además, organismos de emergencia rescataron a una familia cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del río Juticalpa, en el departamento de Olancho. El incidente ocurrió cuando varias personas intentaron cruzar el afluente pese al aumento de su caudal provocado por las lluvias.
Las autoridades hondureñas mantienen alerta amarilla para la línea costera del golfo de Fonseca y para el municipio de Alianza, en Valle, debido al riesgo de oleaje elevado y al posible incremento del nivel del río Goascorán. También permanecen vigentes alertas verdes en varios departamentos ante la persistencia de las precipitaciones.
Las instituciones de protección civil de Honduras, Guatemala y Nicaragua reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas mientras continúen las condiciones adversas.
Un tribunal de la ciudad de Soissons, en el norte de Francia, condenó a Christophe Ellul, de 51 años, a cuatro años de prisión con suspensión de pena y ordenó el sacrificio de Curtis, un perro de raza american pitbull terrier.
La decisión judicial fue emitida pese a las peticiones de activistas defensores de los animales que solicitaron el indulto del can. Una de las iniciativas reunió más de 80,000 firmas y proponía que el animal fuera trasladado a un refugio.
El caso se remonta a noviembre de 2019, cuando Ellul encontró el cuerpo sin vida de su pareja, Elisa Pilarski, en un bosque situado en las afueras de la ciudad. Según la investigación, la mujer, de 29 años y embarazada de seis meses, presentaba alrededor de 50 mordeduras en su cuerpo mientras paseaba al perro.
De acuerdo con las autoridades, antes de fallecer, Pilarski llamó a Ellul para pedir ayuda mientras él se encontraba trabajando en un aeropuerto ubicado a unos 50 kilómetros de distancia.
Durante la investigación, Ellul sostuvo que su mascota no era agresiva y que los responsables del ataque podrían haber sido perros de caza presentes en la zona. Sin embargo, las pruebas de ADN determinaron que las mordeduras correspondían a Curtis.
El perro, que actualmente tiene ocho años y medio, ha permanecido en una perrera durante más de seis años desde que ocurrió el incidente. Las autoridades también señalaron que en Francia está prohibida la importación de pitbulls, considerados una raza peligrosa, y que el animal había sido llevado al país desde los Países Bajos.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que un sistema de videovigilancia instalado en la Zona 18 de la capital era controlado por pandilleros recluidos en centros penitenciarios.
Ante esto, el director de la PNC guatemalteca, David Boteo, confirmó y especificó que las cámaras ubicadas en la vía pública y en algunas viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala eran monitoreadas por integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 desde prisión.
Según detalló el jefe policial, hasta el momento han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado durante distintos operativos. De acuerdo con las autoridades, los pandilleros utilizaban estos dispositivos para detectar la presencia de personas desconocidas o agentes policiales en diferentes sectores de la Zona 18, lo que les permitía anticiparse a posibles capturas. Además, indicó que los delincuentes contaban con puertas de fabricación gruesa para dificultar los procedimientos policiales y facilitar el desecho de droga en desagües.
Boteo explicó que el monitoreo de las cámaras se realizaba mediante aplicaciones instaladas en teléfonos inteligentes. Señaló que durante requisas en centros penitenciarios se han encontrado celulares con aplicaciones destinadas a controlar los sistemas de videovigilancia. Asimismo, indicó que no se descarta que las cámaras hayan sido adquiridas en establecimientos especializados en tecnología.
De acuerdo con las investigaciones, estas acciones tenían como objetivo mantener el control sobre determinadas colonias y barrios de la Zona 18. El director de la PNC añadió que las autoridades evalúan desarrollar operativos similares en otras zonas donde se han reportado casos de extorsión y narcomenudeo vinculados a pandillas.
La Policía de Guatemala informa periódicamente sobre este tipo de procedimientos a través de sus redes sociales como parte del Plan Centinela.
