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Cristina Kirchner irá seis años a prisión e inhabilitada de por vida para cargos públicos tras fallo de la Corte Suprema
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, deberá cumplir seis años de prisión y quedará inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, tras la confirmación de su condena por corrupción por parte de la Corte Suprema de Justicia. El fallo pone fin a un proceso judicial iniciado hace más de una década en el marco de la llamada causa «Vialidad».
Corrupción en la obra pública
Kirchner fue acusada por la fiscalía de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» y «asociación ilícita», debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su mandato presidencial. El Ministerio Público había solicitado 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.
El juicio oral comenzó en 2019, y en diciembre de 2022, un tribunal de primera instancia la declaró culpable de administración fraudulenta, aunque desestimó el cargo de asociación ilícita. La condena: seis años de cárcel e inhabilitación política.
Ambas partes apelaron el fallo. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia en 2024. Posteriormente, tanto la defensa de Kirchner como el fiscal general presentaron recursos ante la Corte Suprema. Mientras uno solicitó la absolución, el otro pidió una pena mayor. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó ambos planteamientos y ratificó el veredicto.
«Lawfare» y denuncias de persecución
La exmandataria rechaza las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada para proscribirla políticamente. Ha calificado el proceso como un caso de lawfare, un uso instrumental del aparato judicial para debilitar a su espacio político, el peronismo, hoy en la oposición frente al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.
Kirchner ha insistido en que no existen pruebas que la vinculen directamente con los contratos cuestionados, señalando que los fondos fueron aprobados por el Congreso, distribuidos por la Jefatura de Gabinete y ejecutados por el gobierno provincial de Santa Cruz.
“Este no es un juicio contra mí, es un juicio contra el peronismo y los gobiernos populares”, afirmó en 2022, poco antes de conocer su primera condena.
Acusaciones de parcialidad y vínculos políticos
Kirchner también ha denunciado una supuesta “mafia judicial” operando en paralelo al Estado. Ha cuestionado la imparcialidad de los jueces y fiscales involucrados, señalando sus vínculos con el expresidente Mauricio Macri y otros referentes de la oposición.
Entre las denuncias, se encuentran visitas de jueces al entonces presidente Macri y reuniones informales entre fiscales y ministros del gobierno anterior. A pesar de sus intentos de recusar a varios funcionarios judiciales, la justicia rechazó todos los pedidos.
Causas abiertas
Además de la causa «Vialidad», la expresidenta enfrenta otros procesos judiciales. El más avanzado es el caso «Memorándum», en el que será juzgada por presunto encubrimiento a ciudadanos iraníes acusados del atentado a la AMIA en 1994. El juicio analizará la legalidad del acuerdo firmado en 2013 con Irán para interrogar a los imputados fuera del país.
Otras dos causas por presunta corrupción la llevarán nuevamente ante los tribunales, una de ellas con fecha para noviembre próximo. Una cuarta investigación aún se encuentra en etapa preliminar.
El futuro judicial de una de las figuras políticas más influyentes de Argentina continúa generando divisiones en el país, donde sus seguidores denuncian persecución y sus detractores exigen justicia.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
