Internacionales
Violencia armada se salda con 15,583 muertes en EE. UU.
El tiroteo del miércoles en Lewis- ton, Maine, se convirtió en el más mortífero en lo que va del año en Estados Unidos, un país en el que la violencia armada ya saldó este año 15,583 fallecidos y 30,669 heridos, de acuerdo con las estadísticas de la organización Archivo de Violencia Armada.
El escenario en el que un tirador ataca a los civiles es cada vez más frecuente en una de las potencias del mundo. Solo en 2023, el organismo ha registrado 566 tiroteos masivos, es decir, cuando existen cuatro o más víctimas, sin incluir al atacante.
SIN SANAR HERIDAS
Lo que ocurrió ese 25 de octubre, con 18 fallecidos y 13 heridos, a manos del militar de la reserva del Ejército Robert Card, de 40 años, revivió la masacre de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, en mayo de 2022, en la que murieron 19 niños y dos maestras. Salvador Ramos, de 18 años, fue el autor de ese trágico hecho.
El sangriento acto también recordó la agresión de agosto de 2019, cuando Patrick Crusius, de 21 años, disparó en una tienda de Walmart de El Paso, Texas, y dejó sin vida a 23 personas y heridas a otras 26.
En ambos casos, los tiradores eran jóvenes inexpertos que tuvieron fácil acceso a las armas de fuego, un punto que todavía discuten los senadores y congresistas mientras aumentan las víctimas mortales. Sin embargo, Card se destacó por ser un instructor en el manejo de armas y uno de los mejores en su desempeño. Aunque presentó problemas de salud mental y fue ingresado en un centro, fue dado de alta solo en semanas.
«Ninguna otra nación tolera un nivel de violencia armada que se acerque al que experimentamos. No tenemos que vivir así y ciertamente no deberíamos morir así», denunció Everytown for Gun Safety, organización estadounidense sin fines de lucro que aboga por el control de armas y contra la violencia armada.
«Este ciclo de violencia es desgarrador. Cada vez que nuestro país comienza a recuperarse de un tiroteo masivo evitable nos enfrentamos a otro horrible acto de violencia armada», reiteró la organización.
CON LAS ARMAS
Horas antes de la masacre en Maine, el Senado estadounidense aprobó una enmienda que permitiría a los veteranos con discapacidades mentales conservar sus armas.
Al menos cinco senadores que forman parte de los demócratas (tres demócratas y dos independientes, todos candidatos a la reelección en 2024) votaron con los republicanos para adoptar la enmienda, según una publicación de la revista «Rolling Stone».
El proyecto de ley de asignaciones evitaría que los veteranos pierdan su derecho a comprar o poseer armas de fuego cuando reciben ayuda para administrar sus beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, en inglés).
La ley actual indica que el VA debe enviar el nombre de un beneficiario al Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales (NICS, en inglés), de la Oficina Federal de Investi- gación (FBI, en inglés), cada vez que se designa un fiduciario, para ayudar a un veterano a administrar sus beneficios del VA.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
