Judicial
Un año de prisión para hermanas que apuñalaron a una mujer con una tijera
Dos hermanas que pertenecen a la pandilla “Mao Mao” fueron condenadas a un año de prisión luego de haber troleado y apuñalado con una tijera en la cabeza a una mujer, quien les reclamó por la publicación que habían hecho en Facebook.
Vilma Roxana y Elsa Magdalena, ambas de apellido Sandoval Molina, nunca fueron amigas de María (nombre modificado por seguridad), sin embargo, las hermanas decidieron desprestigiar a la víctima en una fanpage denominada «Las putas del Plan del Pino».
“Ellas agarraron mi foto de mi Facebook y le habían puesto ahí que yo era una gran puta”, aseguró María, quien fue alertada por una amiga sobre los ataques que estaba recibiendo.
Enfurecida, María escribió un comentario para defenderse de las acusaciones señalando que iniciaría un proceso judicial en su contra por los actos que consideró eran una calumnia.
La respuesta desde la página fue una advertencia señalando que quienes administraban ese espacio eran miembros de pandillas: “vos no sabes con quién te has metido por haber puesto una denuncia”.
El proceso judicial
La acusación de Fiscalía señaló que el 13 de julio de 2017 la víctima se dirigía a su casa a bordo de un pick up al que se le cruzó en el camino un carro blanco del cual se bajó Elsa para comenzar a insultarla.
“¿Qué pedo, pues? ¿Qué pasa, pues?”, le dijo la imputada, quien prosiguió a bajar a María del vehículo. Comenzaron palabras y de pronto se desató una pelea que dejó atónitos a un buen grupo de personas que se encontraban en la zona.
“Ella me agarró del pelo y me dio un puñetazo en la cara. Nos agarramos del pelo y comenzamos a forcejear”, narró María en el juicio que se abrió por este caso, quien aseguró que mostró una fuerte resistencia a su agresora que fue ayudada por su hermana.
Pese a estar en desventaja, la víctima logró neutralizar a las hermanas, esto hasta que el novio de Elsa le pasó unas tijeras que terminaron insertadas a la altura de la oreja y el pecho de María.
Inconforme con el daño que le había hecho, Elsa continuó el ataque y terminó clavándole las tijeras como puñal en la espalda a la mujer, que bañada en sangre no dejaba de gritar por el dolor ocasionado.
En medio de la gente, alguien gritó: “¡Suéltenlas, suéltenlas!”, ya que el sangrado de María era más evidente. Mientras que el compañero de Elsa la incitaba para que terminara con ella: “¡A la gran puta! O sea que ella te va a ganar. Mata a esa perra”, gritó.
La familia de las hermanas evitó la muerte de María
La pelea llegó a oídos de los familiares de las pandilleras, quienes se presentaron al lugar e inmediatamente las separaron y se percataron que Elsa también presentaba heridas por las que debía ser trasladada a un hospital.
De igual manera, los familiares de las agresoras decidieron llevar en el mismo vehículo a María, quien luego de recuperarse de las heridas procedió a interponer la denuncia por el intento de asesinato que sufrió.
Las hermanas fueron capturadas, pero desde la cárcel no dejaban de atormentar a la mujer haciéndole llegar rumores de que “solo estaban esperando que si ellas quedaban (presas) me iban a sacar de la colonia que son los mismos pandilleros de la zona”, explicó.
Ante un juez la víctima confesó: «Temo por mi vida porque ellas son bien peligrosas junto con su compañero de vida”; en tanto, las imputadas coincidieron en que “no le guardan rencor y ni odio” a María.
El caso llegó a la sala de audiencia del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador tipificado como homicidio tentado, pero luego del juicio el delito se cambió a lesiones.
Con esto, la juzgadora redujo considerablemente la pena y ordenó que las hermanas paguen un año de prisión, además señaló que por dos años las imputadas no podrán acercarse a la víctima.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
