Judicial
Testigo protegido por la FGR: “Los pandilleros me extorsionaban cuando descubrieron que yo era la pieza clave para resolver un caso de privación de libertad”
Un testigo bajo el régimen de protección de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que los pandilleros lo empezaron a extorsionar luego de descubrir que él era la pieza clave para resolver un caso de privación de libertad en el municipio de Rosario de Mora.
El relato de Juancito, nombre dado por protección, fue clave para que el juzgado Segundo de Sentencia condenara a cuatro años de prisión a Jerónima del Carmen, Jesús Alberto Méndez y Óscar Antonio Pérez Trejo, quienes habrían desaparecido a Manuel Antonio Vásquez Ramos.
Juancito convenció al juez a cargo del proceso, a quien le relató que el 29 de enero de 2017 dos sujetos miembros de la MS interceptaron a la víctima en la zona conocida como La Ladrillera, en la carretera que conduce al municipio de Rosario de Mora.
El testigo esperaba un bus de la ruta 17 y dice haber visto como Méndez y Pérez agarraron de los brazos a Vásquez, al mismo tiempo que lo golpeaban con un palo. Todo esto ante la vigilancia de Jerónima, quien estaba pendiente de que no hubiera presencia policial.
Esa fue la última vez que Manuel fue visto con vida, algo que llevó a su familia a interponer una denuncia policial, la cual fue secundada por la denuncia del testigo, quien se atrevió a relatar los hechos ante los agentes.
Según el padre del desaparecido, su hijo recibió una llamada por teléfono y salió con dirección a la entrada del referido municipio de La Paz, en el cual residía.
Dos meses después los imputados fueron capturados, gracias a las declaraciones de Juancito, quien reconoció a los tres implicados en el hecho, algo que dice le ha valido para que los pandilleros le exijan una extorsión.
Dentro de los alegatos, el fiscal a cargo del caso señaló que “la renta que le exigen los pandilleros al testigo con régimen de protección demuestra que todo lo que dice él es verídico”.
El ministerio público no reveló mayores detalles de la situación que vive el testigo, debido a que dicen tener una investigación abierta por esta situación.
La defensa alegó que el testigo estaba mintiendo, ya que durante todas las diferentes etapas del proceso dijo que conocía a los imputados y a las víctimas desde hace siete meses y al momento de su declaración dijo que tenía hasta cuatro años de conocerlos.
El juez Alejandro Guevara, manifestó que el comportamiento del testigo le daba la seguridad que todo lo declarado en contra de los imputados era verídico y por ello estableció una pena de cuatro años de prisión para los tres.
Según lo explicado en su sentencia oral, Guevara impuso esta cantidad de años –la cual pudo haber sido de seis como máximo- debido a que la privación de libertad fue realizada a plena luz del día.
El juez alabó la valentía del testigo recordando que “en un país donde nadie nunca sabe ni vio nada, este testigo se atrevió a denunciar los hechos que se han conocido en esta sala”, remarcó Guevara.
Según lo revelado en el juicio, la familia de Vásquez Ramos sigue sin tener noticias sobre su familiar, a quien se presume compinches de los sentenciados le habrían dado muerte luego de interceptarlo en una zona conocida como La Ladrillera.
Lo anterior deja abierta la posibilidad a que los imputados puedan ver aumentada su pena, ya que de confirmarse la muerte de Vásquez, los podrían señalar por el delito de homicidio en calidad de cómplices.
Judicial
¡SE ACABARÍAN LOS ACUERDOS! Gobierno busca impedir que conductores peligrosos eviten procesos penales tras causar accidentes
El Gobierno de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Código Procesal Penal que busca eliminar la conciliación y la mediación en accidentes de tránsito que provoquen lesiones o muertes como consecuencia de la conducción peligrosa. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, surge en medio de la preocupación por los recientes siniestros viales que han dejado víctimas mortales y personas lesionadas en diferentes carreteras del país.
Uno de los principales cambios planteados consiste en modificar el artículo 27 del Código Procesal Penal, con el propósito de que las lesiones culposas ocasionadas mediante la conducción de vehículos automotores puedan ser investigadas de oficio por la Fiscalía General de la República (FGR). Esto permitiría que el Ministerio Público inicie y continúe las investigaciones sin depender de una denuncia o solicitud particular de la persona afectada.
La propuesta también contempla reformar el artículo 38 para impedir que los casos de homicidio culposo y lesiones derivados de la conducción peligrosa puedan resolverse mediante conciliación o mediación. De aprobarse, los acuerdos entre el conductor responsable y las víctimas o sus familiares no serían suficientes para extinguir la acción penal en los supuestos establecidos por la reforma. El objetivo es garantizar que estos hechos sean sometidos al procedimiento judicial correspondiente, independientemente de posibles arreglos entre las partes.
Las modificaciones también alcanzarían a quienes faciliten vehículos de transporte público o de carga a personas que no cuenten con la autorización necesaria para conducirlos, conducta contemplada en el artículo 147-G del Código Penal. La iniciativa forma parte de las medidas que el Ejecutivo busca implementar para reforzar la seguridad vial y las consecuencias legales de las conductas de riesgo al volante. Por el momento, se trata de una propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa, por lo que deberá completar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.
Judicial
¡50 AÑOS DE CÁRCEL! Obligó a su pareja a beber una sustancia tóxica y terminó provocándole la muerte en San Vicente
Un hombre fue condenado a 50 años de prisión por el feminicidio agravado de su compañera de vida, luego de que las investigaciones determinaran que la obligó a ingerir una sustancia tóxica que terminó causándole la muerte. El sentenciado fue identificado como José Antonio Osegueda Rodríguez, responsable de un crimen ocurrido en diciembre de 2025 en el departamento de San Vicente.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el condenado coaccionó a la víctima para que consumiera la sustancia, lo que le provocó graves complicaciones de salud que posteriormente ocasionaron su fallecimiento. El caso fue investigado por las autoridades, que reunieron los elementos probatorios necesarios para demostrar la responsabilidad penal del acusado.
Las investigaciones también revelaron que la mujer había sido sometida a un ciclo constante de violencia física, psicológica y emocional por parte de Osegueda Rodríguez. Estos antecedentes fueron parte de los hechos examinados durante el proceso judicial y permitieron establecer el contexto de violencia en el que ocurrió el feminicidio.
La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Con esta resolución, José Antonio Osegueda Rodríguez recibió una pena de 50 años de cárcel por feminicidio agravado, tras determinarse su responsabilidad en la muerte de su pareja.
