Judicial
Sobre él pesan al menos 14 órdenes de captura por homicidios – El «Danger» es un peligroso cabecilla de la MS que huyó a México meses atrás, volvió a El Salvador y se escondía en un motel mientras otros pandilleros lo cuidaban
La persecución policial lo obligó a huir al monte y pernoctar en madrigueras improvisadas en la zona norte del occidental departamento de Ahuachapán, eludiendo, momentáneamente, la búsqueda de las autoridades.
Unos seis de sus colaboradores, armados, lo mantenían al tanto de los movimientos de sus perseguidores para evitar así caer en manos de la justicia.
Pero finalmente, el Danger, un cabecilla de la MS, se cansó del hostigamiento policía y decidió entonces huir fuera del país, rumbo a Guatemala y luego, supuestamente, hacia México. Eso ocurrió hace unos dos meses.
La ausencia del terrorista de hizo notar en cantones como El Junquillo y Las Chinamas, entre otros, de la jurisdicción de la cabecera departamental donde dejó su huella sangrienta. Y no era para menos. Sobre el tipo pesaban 17 órdenes de captura, 14 de ellas por el delito de homicidio, giradas por un juzgado de instrucción de la ciudad de Santa Ana.
No se sabe qué fue lo que lo obligó a volver a suelo salvadoreño. Lo cierto fue que desde principios de la semana la policía había detectado algunos indicios que señalaban de que Héctor Antonio Castaneda Borja (31) alias Danny, Danger o Choreja estaba de vuelta.
Así fue como los investigadores de la delegación de Ahuachapán dieron con él la noche de este jueves en el interior de un motel situado sobre la carretera que de Ahuachapán conduce a la frontera de Las Chinamas, donde fue sorprendido en compañía de una mujer.
Las autoridades incautaron un arma de fuego con su cargador y munición y una licencia de conducir de México.
A Castaneda Borja se le atribuye la muerte de un alumno de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) identificado como Gustavo Adolfo Quezada Martínez (23), acribillado a tiros a finales de 2017.
También la de dos peones agrícolas ultimados ese mismo año siempre en la jurisdicción de Ahuachapán. En total suman 14 los asesinatos cometidos a lo largo de tres años, entre el 2016 y 2018.
A Castaneda Borja, se le atribuyen, además, los delitos de extorsión, organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas.
El imputado, junto con otros tres pandilleros acusados también por homicidio, fueron presentados ante los medios de comunicación este viernes en las instalaciones de El Castillo de la PNC.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
