Internacionales
Papúa Nueva Guinea reporta más de 2.000 personas sepultadas en deslizamiento de tierra
Más de 2.000 personas quedaron sepultadas por un enorme corrimiento de tierras que arrasó un pueblo en Papúa Nueva Guinea, estimó este lunes el gobierno, que pidió ayuda internacional para las labores de rescate.
«El deslizamiento sepultó a más de 2.000 personas vivas y causó importantes destrozos en edificios, huertos, además de afectar gravemente a la base económica del país», indicó el centro nacional de catástrofes papú en una carta a la ONU a la que tuvo acceso la AFP.
Una aldea situada en la ladera de una colina en la provincia de Enga, en el centro del archipiélago, fue casi completamente arrasada cuando colapsó parte del monte Mongalo la mañana del viernes, sepultando numerosas casas y a las personas que dormían en su interior.
La principal carretera que conduce a la gran mina de oro de Porgera estaba «completamente bloqueada», informó el centro de catástrofes en su carta a la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas en la capital, Port Moresby.
«La situación continúa siendo inestable pues el deslizamiento de tierras continúa avanzando lentamente, poniendo en peligro tanto a los rescatistas como a los posibles sobrevivientes», agregó.
El centro pidió a Naciones Unidas que informara de la crisis a los socios de desarrollo de Papúa Nueva Guinea «y a otros amigos internacionales».
Ayuda internacional
La ONU mantendrá una reunión el martes con gobiernos extranjeros para tratar de coordinar las labores de rescate, que se complicaron por la lejanía del lugar -en las escarpadas tierras altas del país- así como por los cortes en las carreteras y los continuos enfrentamientos tribales en las cercanías.
Residentes y equipos de rescate utilizan palas y trozos de madera para encontrar cuerpos bajo el alud, que podría tener hasta ocho metros de profundidad y cuya longitud equivaldría a casi cuatro campos de fútbol.
«Nadie escapó. No sabemos quién murió porque los registros están enterrados», declaró a la AFP Jacob Sowai, un maestro de un pueblo vecino.
Serhan Aktoprak, funcionario de la agencia de migración de la ONU, indicó que estaban apareciendo grietas en terrenos adyacentes al corrimiento, lo que «podría desencadenar un nuevo deslizamiento».
La Organización Mundial de la Salud ofreció su asistencia para «atender las necesidades sanitarias urgentes», indicó en la red social X su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Australia, aliado cercano, anunció que proporcionaría suministros de emergencia, como refugios, kits de higiene y apoyo específico para mujeres y niños.
El presidente Chino, Xi Jinping, dijo estar «profundamente apenado» por la catástrofe, y brindó la asistencia de su país. Estados Unidos, Francia, Japón y la Organización Mundial de la Salud también ofrecieron su apoyo.
Acceso bloqueado
Los vecinos indicaron que el corrimiento pudo estar provocado por las recientes lluvias, muy intensas.
Papúa Nueva Guinea tiene uno de los climas más húmedos del mundo, e investigaciones revelaron que los cambios en los patrones de precipitaciones relacionados con el cambio climático podrían exacerbar el riesgo de deslizamientos de tierra.
Estimar el número de víctimas es difícil porque muchas personas que huían de la violencia tribal se trasladaron a la zona en los últimos años, indicó Nicholas Booth, funcionario del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Las agencias de ayuda calculan más de 1.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de esta catástrofe.
Por otro lado, el suministro de ayuda humanitaria desde la capital provincial, Wabag, se vio entorpecido por un brote de enfrentamientos tribales no relacionados con el desastre, según el funcionario de la ONU Aktoprak.
Para la noche del domingo se esperaba la llegada de maquinaria pesada y excavadores, pero su llegada se vio aplazada por este bloqueo.
Papúa Nueva Guinea ha vivido este año numerosos terremotos, inundaciones y deslizamientos que han complicado el trabajo de los servicios de emergencia.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
