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138 años de cárcel para subjefe de un grupo de exterminio
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Agustín de Jesús Rivas López sea condenado de 138 años de prisión, por homicidio agravado y robo agravado. La FGR acreditó en el juicio la existencia del grupo de exterminio denominado Paz o Muerte, en el que el imputado tenía el cargo de subjefe.
Los alegatos finales y las pruebas técnicas, científicas y periciales presentadas en el juicio por el ente fiscal, fueron aceptadas por el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel, el cual declaró culpable a Rivas López de tres homicidios agravados y 4 robos agravados, cometidos entre 2020 y 2021
El tribunal condenó a 30 años cárcel a Rivas López por cada asesinato, en total por este delito fue sentenciado a 90 años de prisión; mientras que por robo agravado la condena impuesta fue de 12 años por cada caso, es decir que recibió una sentencia de 48 años de prisión. En total el imputado fue condenado a 138 años de cárcel.
Según la acusación fiscal, el 3 de enero de 2021, en el cantón Obrajuelo, jurisdicción de Usulután, Rivas López junto a varios miembros del grupo de exterminio simularon ser policías y soldados, para realizar un supuesto operativo policial.
Los delincuentes sometieron con armas de fuego a Jared Baltazar Argüello y a tres víctimas más, además les robaron 7 armas de fuego, entre pistolas, escopetas y revólver; con un valor económico aproximado en $7,000, además de 5 celulares y $20,000 en efectivo.
La investigación fiscal determinó que después del robo, el imputado asesinó con arma de fuego a Argüello.
Rivas López fue encontrado culpable de asesinar a José Saúl Coreas, el 30 de diciembre de 2020 en cantón Primavera, jurisdicción de El Tránsito, San Miguel.
“El grupo de exterminio, incluyendo al imputado, se identificaron como policías, sacaron a la víctima de una vivienda y le informaron que quedaría detenido por ¨agrupaciones ilícitas” y posteriormente lo mataron con un arma de fuego”, manifestó un fiscal de la Unidad de delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la sede fiscal de Usulután.
El imputado también fue sentenciado por asesinar el 29 de marzo de 2021 en la colonia Vista Hermosa, de Usulután, a Bryan Alexis Amaya. Según el reporte fiscal Amaya fue asesinado con arma de fuego.
Además de la pena de prisión Rivas López, deberá pagar $39,275 en concepto de responsabilidad civil.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
