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Laura Fernández es la nueva presidenta de Costa Rica
La derechista Laura Fernández es la nueva presidenta de Costa Rica, tras arrasar en las elecciones del domingo con su promesa de mano dura contra el narcotráfico, en este país que por años fue considerado uno de los más seguros del continente.
Fernández, politóloga de 39 años, obtuvo el 48,7 % de los votos, casi nueve puntos más de los que necesitaba para ganar en primera vuelta, según el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) del 85 % del escrutinio.
Sus propuestas sobre seguridad -que capitalizaron el principal reclamo de los costarricenses- y para reformar los poderes del Estado son vistas por opositores como parte de un plan para consolidar un poder absoluto, al estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, primer mandatario en felicitarla.
En una videollamada con su mentor, el presidente Rodrigo Chaves, Fernández le agradeció haber confiado en ella «para ser hoy la presidenta electa de Costa Rica».
Apenas se conocieron los primeros resultados, que ya mostraban una amplia ventaja sobre el socialdemócrata Álvaro Ramos (33,18% de los votos), miles de militantes del Partido Pueblo Soberano se reunieron en sitios emblemáticos del país para festejar.
Caravanas de vehículos con banderas turquesa y fiestas callejeras se organizaron rápidamente en San José y otras ciudades.
Su triunfo afianza a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras, y donde este año habrá presidenciales en Brasil y Colombia, actualmente gobernados por la izquierda.
Además, Fernández será la segunda mujer que gobierne Costa Rica, de 5,2 millones de habitantes y uno de los países más estables de la región, tras el mandato de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera ronda en 2010.
Costa Rica también eligió este domingo a 57 diputados.
Fernández, quien asumirá el 8 de mayo, propone copiar parte de la guerra contra contra las pandillas de Bukele y reformar los poderes del Estado, a los que ella y Chaves acusan de auspiciar la impunidad.
Por ello, aspira a lograr una amplia mayoría legislativa que le permita modificar la Constitución.
Durante el gobierno de Chaves, una figura polarizante, la tasa de asesinatos alcanzó un récord de 17 por 100,000 habitantes.
Siete de cada diez homicidios están ligados al narcotráfico, que convirtió a este país, considerado por décadas uno de los más seguros del continente, en centro logístico y de exportación de drogas, según las autoridades.
Fernández ofrece terminar la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de Bukele, aumento de penas y estados de excepción en zonas marginales conflictivas.
«Me gusta su proyecto de la cárcel. La violencia explotó porque están tocando a los cabecillas, como sacar a las ratas de las cloacas», justificó Jéssica Salgado, oficinista de 27 años.
«La economía anda bien y Laura va a darle duro a los narcos», señaló por su parte Sileny Fernández, asesora de recursos humanos de 39 años.
Pero los opositores aseguran que las reformas constitucionales en realidad buscan allanar el regreso de Chaves al poder cuando finalice su mandato de cuatro años. Actualmente el presidente debe esperar dos períodos para volver a postular.
A Fernández la tildan de «populista» y «mala copia» de Chaves por adoptar su retórica confrontativa.
«Siempre voy a cuidar la estabilidad democrática», garantizó la candidata este domingo.
«Lo primero que quieren los dictadores es reformar la Constitución para mantenerse en el poder», lanzó este domingo el expresidente Óscar Arias, premio Nobel de Paz 1987.
«Aquí no hay dictaduras», dijo tras sufragar el presidente, quien desató críticas por hacer gestos de burla contra votantes que gritaban «¡Fuera Chaves!».
Aunque la pobreza bajó del 18 % en 2024 al 15,2% en 2025, Costa Rica está entre los seis países latinoamericanos más desiguales en el índice Gini y es el segundo más caro después de Uruguay.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
