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Fiscalía de Guatemala incauta actas de elecciones presidenciales
Entre forcejeos con magistrados, la cuestionada fiscalía de Guatemala incautó este sábado las actas de las pasadas elecciones en el allanamiento del tribunal electoral, un operativo rechazado por la comunidad internacional.
«Nosotros no somos garantes ya de ningún acta. Se llevaron todas las cajas con todos los resultados», dijo a periodistas la magistrada Blanca Alfaro tras minutos de tensión en la allanada sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el centro capitalino.
Alfaro y otros magistrados opuestos a la extracción de los documentos forcejearon y discutieron con varios policías y fiscales en el momento que los oficiales sacaron las cajas con las actas, de acuerdo con una transmisión por Facebook hecha por el TSE.
El magistrado Gabriel Aguilera indicó que las actas incautadas corresponden a las elecciones de junio en las que el socialdemócrata Bernardo Arévalo dio la sorpresa al avanzar al balotaje presidencial que ganó en agosto.
El allanamiento comenzó el viernes como respuesta a denuncias de presuntas irregularidades en el proceso electoral, según el fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de la operación.
«Se alista un golpe de Estado»
Las acciones de la fiscalía han sido denunciadas por Arévalo como un «golpe de Estado en curso» para evitar que asuma el próximo 14 de enero.
«Las imágenes que vimos hoy, magistrados agredidos y el secuestro de la voluntad popular son un ejemplo de la violencia que están ejerciendo los golpistas sobre el pueblo», indicó Arévalo este sábado en la red social X (antes Twitter).
En una conferencia de prensa, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, dijo no dudar de que «el objetivo» de «funcionarios sediciosos» detrás de los allanamientos «es la anulación de los resultados electorales».
Decenas de manifestantes con pancartas acompañaron a Herrera y diputados electos del partido Semilla en el tribunal y luego a la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia de justicia del país.
En el lugar, Herrera presentó un memorial para que el órgano frene las acciones de la fiscalía al argumentar que «lleva adelante un golpe en contra de la democracia».
La denuncia de un posible rompimiento constitucional fue apoyada este sábado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
«Se alista un golpe de estado en Guatemala. Todos los gobiernos democráticos de las Américas y del mundo deben estar listos a responder», indicó el gobernante izquierdista en la red X.
«En el territorio americano no se debe dar un golpe de estado más, ni una burla más al mandato popular. La fiscalía de Guatemala es el instrumento del golpe», fustigó Petro.
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril en el municipio de Tecate.
Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina situada en una zona desértica y corresponden a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años; Edgar Jovani Pelayo Ceniceros, de 16 años; y Brian Samuel Jiménez Hernández, también de 16 años.
De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando salieron de sus viviendas en Tecate con destino a Tijuana, donde acudirían a una presunta oferta de trabajo.
Tras su desaparición, familiares, colectivos de búsqueda y autoridades realizaron diversas labores para tratar de ubicarlos.
La FGE informó que, luego de los procedimientos periciales correspondientes para confirmar su identidad, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.
Según reportes periodísticos, el hallazgo de la fosa clandestina se produjo a partir de información proporcionada por un presunto integrante del crimen organizado, quien fue detenido y habría revelado datos sobre el lugar donde se encontraban ocultos los cuerpos.
El caso provocó una amplia movilización social en Baja California y reavivó las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y prevención de desapariciones de menores de edad.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerarlo el resultado de un «alentador trabajo de diálogo y negociación».
Las dos naciones, con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio. Ante este avance, el pontífice expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso de negociación.
«Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos», manifestó el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.
Durante su intervención, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como «doloroso», e instó a la apertura de «caminos de diálogo» que permitan alcanzar una paz justa y duradera.
La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es considerada el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya supera en duración a la Primera Guerra Mundial.
El papa lamentó además las consecuencias humanas y materiales del conflicto.
«Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas», expresó, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana resultara incendiada en Kiev tras un ataque masivo ruso.
Asimismo, manifestó su cercanía con las víctimas de la guerra.
«Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía», añadió el líder de la Iglesia católica.
Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.
De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.
«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.
La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.
El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.
La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.
Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.
«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.
Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.
El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.
Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.
Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.
