Judicial
FGR allana 5 propiedades de Juan Pablo Durán
La Fiscalía General de la República (FGR) realizó este martes un allanamientos en cinco inmuebles que pertenecen al expresidente del Bandesal, Juan Pablo Durán, acusado de corrupción.
Entre los inmuebles intervenidos se encuentra una vivienda, una oficina de asesoría financiera y un bufete jurídico. Esto es «con el fin de fortalecer las investigaciones en su contra y presentarlas ante el Juzgado correspondiente», explicó la Fiscalía.
Durán Escobar es acusado de Actos Arbitrarios y Cohecho Impropio, en perjuicio de la Administración pública.
«La Unidad Especializada contra Lavado de Activos está haciendo efectivas órdenes de registro con prevención de allanamiento a inmuebles relacionados al señor Juan Pablo Durán Escobar, y varias de sus empresas en la que tiene calidad de accionista», detalló el fiscal del caso.
Entre estas empresas intervenidas se encuentran Durán Importaciones, Enlace Inmobiliario, y Asesoría Financiera Integral, entre otras.
El exfuncionario fue detenido el pasado sábado 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Según explicó el presidente de la República, Nayib Bukele, el día de la captura, este estaba siendo investigado por irregularidades durante su gestión, por lo que fue separado del cargo en marzo de 2022.
Por su parte, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó este martes que una de las líneas de investigación detalla que Durán habría sobornado para facilitar el otorgamiento de préstamo a un empresario del transporte.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
Judicial
Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI





