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EEUU aprobó una medida de emergencia clave para evitar cierre del gobierno
Tras días de tensión, la Cámara de Representantes aprobó este sábado un proyecto de ley de financiación presupuestal temporal, que representa una instancia clave para evitar el cierre del gobierno.
La votación -a un día de la fecha límite- resultó con 335 votos positivos -209 demócratas y 125 republicanos- frente a 91 negativos -todos de la oposición más radical- y permitirá, así, mantener al país en funcionamiento bajo los niveles actuales del año en curso, durante otros 45 días. Esto sería hasta el 17 de noviembre.
Ahora, el proyecto será enviado al Senado para su aprobación aunque se prevé que obtenga la luz verde sin problema ya que allí hay presencia mayoritaria demócrata.
La propuesta, impulsada por el líder de la Cámara baja, Kevin McCarthy, cede en muchos de los temas más álgidos y, por tanto, presenta menos exigencias en cuanto a los recortes de gasto y excluye los envíos de ayuda a Ucrania -una cuestión prioritaria en la gestión de Joe Biden que ha despertado gran malestar entre los republicanos-. En su lugar, prevé la suba en USD 16.000 millones la ayuda federal para desastres, como los recientes incendios en Hawaii o los tornados en Florida.
“Haremos nuestro trabajo. Vamos a actuar con madurez y vamos a mantener al gobierno en operaciones”, declaró antes de ingresar al Congreso el líder republicano tras días de desencuentros que llevaron a insinuar la fuerte posibilidad de un cierre de las instituciones.
El resultado favorable de este sábado fue clave para evitar lo que podría haber sido una situación crítica en el país.
De no haberse alcanzado un acuerdo en la Cámara de Representantes -donde, en realidad, primaba el conflicto- Estados Unidos habría quedado al borde de un cierre parcial de sus tareas.
La fecha máxima para evitar este escenario era mañana, el 1 de octubre, día en que comienza a regir el nuevo año fiscal y cuando debe entrar en acción el nuevo plan.
Un shutdown, que ya ha ocurrido en pasadas presidencias, implica que el pago de cientos de miles de trabajadores federales se ve suspendido en tanto se resuelva la cuestión presupuestaria. Además, múltiples servicios y sectores quedan en pausa aunque otros esenciales, como el Ejército, están obligados a continuar en el cunplimiento de sus tareas sin goce de sueldo.
En total, unos 1.8 millones de trabajadores se verían afectados por este escenario, precisó la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE).
En cuanto a la economía, este suceso generaría un impacto “negativo para el crédito” de la deuda soberana, amenazando su máxima nota y aumentando el riesgo de un alza en los costes de financiación.
También, el crecimiento del país se vería truncado en 0.2 puntos porcentuales por cada semana de duración.
Desde 1976, Estados Unidos pasó por 21 cierres de gobierno ante una falta de acuerdo en el Congreso.
El más largo de ellos fue en 2019, bajo la presidencia de Donald Trump, y duró 34 días. Previo a ello, con Barack Obama se había dado otro shutdown en 2013, cuando se debatía el Obamacare, y duró 16 días.
Israel y Hamás se acusaron mutuamente de obstruir las negociaciones que se reanudaron ayer en El Cairo, Egipto, con mediación internacional para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza, tras casi siete meses de guerra.
Los mediadores (Qatar, Egipto y Estados Unidos) se sentaron con la delegación del movimiento islamista para escuchar su respuesta a la última propuesta de tregua, sometida a finales de abril. Esta oferta incluye el cese de los combates por 40 días y un canje de rehenes israelíes retenidos en Gaza desde el 7 de octubre por palestinos presos en Israel.
Un dirigente de Hamás reiteró a última hora de ayer que el movimiento islamista palestino no aceptará «bajo ninguna circunstancia» un acuerdo que no incluya explícitamente el fin de la guerra. «Las negociaciones de hoy [sábado] terminaron y habrá una nueva ronda mañana [domingo]», añadió.
En tanto, el Ministerio de Salud palestino informó ayer el balance de 34,654 muertos en el enclave desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista el 7 de octubre. Precisó que «en las últimas 24 horas al menos 32 personas fallecieron». En total, se contabilizan 77,908 heridos en casi siete meses de conflicto.
La cifra de muertos por la tragedia climática histórica en el estado de Rio Grande do Sul (sur) ascendió a 56, en tanto que hay 67 desaparecidos, 32.900 evacuados y al menos 356.000 personas sin electricidad, informó la Defensa Civil.
Las fuertes lluvias que vive el estado desde hace casi una semana, han provocado el desborde de ríos, incluyendo el Guaiba, además de que el centro histórico y otros barrios de Porto Alegre, capital del estado, se encuentran prácticamente bajo el agua, por lo que están inhabilitados la estación de autobuses y el aeropuerto internacional Salgado Filho.
En total son 281 municipios afectado por el fenómeno meterológico, indicó la Defensa Civil.
«Las cifras podrían cambiar sustancialmente en los próximos días, a medida que logremos acceder a los lugares e identificar otras vidas perdidas», dijo a la prensa el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó abrir en Porto Alegre una oficina de emergencia del Gobierno nacional para facilitar la ayuda técnica y financiera, luego de enviar el viernes 100 miembros de la Fuerza Nacional, tropa de elite policial, para ayudar en las tareas de rescate.
El estado es un punto clave en el transporte terrestre del comercio del bloque del Mercado Común del Sur (Mercosur) y es además uno de los principales productores de arroz, soya y carnes de Brasil, que tiene su economía frenada desde hace una semana.
Según la Policía Federal de Caminos, 188 tramos de carreteras enfrentan algún tipo de bloqueo o bloqueos totales.
El Gobierno de Ecuador estableció estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, durante 60 días para combatir a los grupos armados organizados ante «el incremento de hostilidades», de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 250 publicado el martes.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajan conjuntamente para «mantener la soberanía y la integridad del Estado».
Con la medida quedó suspendido el derecho de la inviolabilidad de domicilio, esto significa que las autoridades de seguridad pueden llevar a cabo inspecciones, allanamientos y requisas en las propiedades en las que consideren se ocultan miembros vinculados a los grupos armados.
También decomisarán «materiales o instrumentos» con lo que se puedan cometer delitos para neutralizar las amenazas.
Ante la operatividad del crimen en el territorio, el Gobierno también creará en los próximos días la Fuerza de Investigación Anticriminal para reducir los homicidios intencionales.
El director nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased), Freddy Sarzosa, detalló que el principal motivo de la violencia criminal asociada al tráfico de drogas y de armas.
