Judicial
Diputado Alberto Romero es trasladado a un penal de occidente
El diputado desaforado del partido ARENA, Alberto Romero, fue trasladado al centro penitenciario de Santa Ana, anteriormente se encontraba recluido en bartolinas de la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil (PNC), informó este jueves la Dirección General de Centros Penales.
«El Grupo de Operaciones Penitenciarias (GOPE), realiza el traslado del diputado Alberto Romero, desde las bartolinas de la División de Seguridad Fronteriza de la PNC hacia la Penitenciaría Occidental», dio a conocer esta tarde la institución.
Las autoridades penitenciarias indicaron también que el legislador «permanecerá en ese centro penal, mientras continúa la etapa de instrucción, según la orden emitida por el juez del caso».
El pasado 14 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR), presentó el requerimiento contra Alberto Romero quien es acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
Las investigaciones fiscales señalan que Romero tuvo un incremento patrimonial de $1,162,388.05 que no ha podido justificar. Estas irregularidades llevaron a la institución a presentar una solicitud de ante juicio ante la Asamblea Legislativa el pasado 23 de agosto, pues esta condición le permite a la institución despojar al arenero del fuero constitucional y procesarlo en los respectivos tribunales como cualquier ciudadano.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
