Política
FGR brinda aportes sobre iniciativa para que plazos judiciales por el delito de feminicidio no caduquen
Los diputados de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género iniciaron el estudio para reformar el Código Procesal Penal, para que los plazos judiciales de los delitos de feminicidio y feminicidio agravado no caduquen.
Además, la mesa de trabajo contempla incorporar el artículo 58-A a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), encaminado al mismo objetivo de que estos delitos no queden impunes.
“En esta Asamblea se hicieron reformas para que el delito de corrupción no prescribiera. Ahora, haremos algo similar incorporando la no prescripción del delito de feminicidio y feminicido agravado”, afirmó la presidenta de dicha mesa de trabajo, Alexia Rivas.
Actualmente, no se vence la acción penal en casos como la tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, delitos cometidos en contra de menores o incapaz y peculado.
“Con estas reformas queremos determinar que si hubo 80 feminicidios, pues debe haber 80 capturados. Hoy habrá justicia para las víctimas, para las familias dolientes de esas mujeres que murieron a manos de cobardes”, comentó la legisladora Norma Lobo.
Los aportes técnicos y jurídicos
Para poder adquirir los diferentes puntos de vista en torno a esta modernización de las leyes, en la comisión fueron recibidas la fiscal adjunta de la Mujer y Grupos Vulnerables de la Fiscalía General de la República (FGR), Marina Haydeé Martínez de Ortega; y la jefa de la Unidad Especializada para la Investigación de Feminicidios, Ana Isabel Durán.
“Estamos interesadas y expectantes de estas reformas, porque siempre ha habido plazos para estas investigaciones y nos estábamos quedando atrás. Ya no habría casos cerrados en donde no se les hace justicia a las víctimas”, aseguró Martínez de Ortega. “Históricamente, siempre es la mujer la que ha sido vulnerada de sus derechos y recae en hechos violentos”, agregó.
De acuerdo a la fiscal, esta actualización de las normativas es viable y con esto habría más herramienta para la institución que representa. A la vez, lamentó que de ser implementadas las reformas no serían retroactivas, pero es un paso importante para la búsqueda de la justicia para el sector femenino.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
