Política
Diputados avalarían préstamo de 2 mil millones dólares al Ejecutivo buscando redito electoral en medio de la emergencia del COVID-19
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, lamentó que algunos diputados de la Asamblea Legislativa intenten “sobornar” al Ejecutivo para aprobar el préstamo de dos mil millones de dólares para hacerle frente a la emergencia que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus COVID-19.
Las palabras del ministro vinieron después de una publicación de la congresista Felissa Cristales, quien dijo que cree que algunos de sus “colegas van a sobornar al Ejecutivo a cambio de su voto”.
“Muchos están comentando sobre el préstamo que está en discusión en la Asamblea. Creo que algunos de mis colegas van a sobornar al Ejecutivo a cambio de su voto”, dijo la parlamentaria por ARENA.
Tras eso, Castro reaccionó indignado y dijo que ese accionar sería como una traición a la patria. “Sobornar, vean bien lo que dice la diputada Felissa Cristales. Tristeza que mientras un país y un pueblo clama ayuda, los diputados sobornen, buscando porcentaje para sus alcaldes, quienes varios de ellos administran mal los recursos. Condicionar porcentaje de dinero en este momento es una traición a la patria”, sentenció Castro.
Esta acción ya ha advertido al mismo presidente de la República, quien este día publicó un tuit lamentando la acción que pretenden algunos diputados para avalar lo solicitado por el Ejecutivo ante la pandemia del COVID-19-.
“El mundo NO ESTÁ haciendo lo suficiente para detener el virus. Su avance es implacable y ya tiene a los países más poderosos de rodillas. Nosotros tampoco hacemos lo suficiente. Lo peor es qué hay quienes reclaman que estamos siendo muy estrictos. No han entendido nada”.
En otro Twitter Bukele aseguró que existen diputados que por interés político ponen en riesgo la vida de miles de salvadoreños por “cálculos electorales”.
“Hay diputados que están dispuestos a sacrificar la vida de miles de salvadoreños por cálculos electorales (malos por cierto). Pero no entienden que si la pandemia nos golpea con fuerza, el sistema de salud colapsará y también estarían sacrificando la vida de sus seres queridos”.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
