Política
Diputados aprueba nueva Ley Especial de Emergencia, con enfoque sanitario y de reapertura económica en cuatro fases
Los Diputados de la Asamblea Legislativa emitieron una normativa que a su juicio prima la salud de los salvadoreños y reactiva en cuatro fases, las labores económicas.
Con 62 votos, el Pleno Legislativo aprobó la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía.
De acuerdo a la nueva ley, el Ministerio de Salud deberá elaborar y ejecutar un Plan Nacional de Prevención, Contención y Respuesta a la pandemia por COVID-19, el cual deberá ejecutarse por todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud.
La ley consigna la protección laboral a los trabajadores que sean mayores de 60 años, mujeres embarazadas, en etapa de puerperio o lactancia, así como a personas con enfermedades de insuficiencia renal, cáncer e hipertensos, entre otros.
Además, se reconoce la emergencia por COVID-19 en todo el territorio de la República por un plazo de quince días a partir de la vigencia del decreto y se habilitan mecanismos de contrataciones directas.
Todas las actividades laborales y económicas podrán volver a realizarse en los términos permitidos antes de la emergencia por la pandemia del COVID-19 en forma gradual en cuatro fases, según el proyecto de ley.
Según el proyecto de ley aprobado con 62 votos, los programas de gestión de prevención de riesgos ocupacionales deberán ampliarse para incluir los elementos extraordinarios con medidas como la distancia física.
De acuerdo a la nueva ley, se deberán implementar otras modalidades de trabajo, por lo que el empleador deberá organizar las labores para reducir el número de trabajadores expuestos, estableciendo reglas para evitar o reducir la frecuencia y tipo de contacto entre personas.
El Diputado Rodolfo Parker afirmó que «si esta nueva normativa es sancionada de inmediato por el Presidente de la República se despotencia la ratificación del decreto 648, pero si pretende hacer uso de todos los plazos por Constitución, se potencia la ratificación en sede judicial del decreto 648».
Por su parte, René Portillo Cuadra de ARENA, cree que «este decreto reconoce una emergencia nacional por COVID-19 por 15 días como el Pdte. había solicitado, tiene medidas sanitarias cuyo ente rector es el MINSAL, así como medidas de orden económico». También se difiere el pago de facturas por un mes más.
Yanci Urbina Diputada del FMLN, comentó que la Asamblea Legislativa emitió una ley que cumple con todas las especificaciones dadas por la Sala de lo Constitucional, y «avanzamos en una nueva legislación a partir de que lo que envió el gobierno sobre una declaración de estado de emergencia, con todos los requerimientos que se deben ejecutar».
Finalmente el Diputado Roberto Angulo del PCN se lamentó, diciendo «hemos encontrado una barrera infranqueable, y un país no se puede manejar así, a no ser que se renuncie a la democracia, y haremos el último esfuerzo por mantenerla, ya que tanto nos ha costado». Según él hay que regresar a trabajar, pero ordenadamente.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
