Política
Diputada del FMLN sobre reestructuración territorial : “Esto pone en incertidumbre muchas cosas en el tema del desarrollo de la gente»
Dina Argueta, diputada de FMLN fue la invitada en la entrevista de El Salvador Today, espacio de opinión en el cual expuso su punto de vista de la nueva reestructuración territorial y legislativa en El Salvador.
La parlamentaria del partido de izquierda aseveró que la nueva ley aprobada por la asamblea legislativa y sancionada por el presidente de la república el miércoles, tuvo que ser analizada a profundidad y llevada a un consenso poblacional.
“Esto pone en incertidumbre muchas cosas en el tema del desarrollo de la gente, sobre todo en el acceso a bienes y servicios fundamentales en el área municipal y el contacto con la gente en su día a día”, dijo Argueta.
Esto según la parlamentaria lleva a la interrogante de “si en vez de acercar el gobierno a los territorios, a las comunidades se está alejando más y se concentran más las decisiones de reducir los 262 municipios a 44”.
Dina Argueta menciona que con esta nueva restauración es mucha la incertidumbre que existe en la población y cree que no es como lo ha pintado el gobierno. “Aunque el discurso sea de vamos a ahorrar 200 millones y eso mismo se dijo cuando se derogó la ley del FODES, la ley del FISDL y esos recursos pasaron al fondo de Obras Municipales y con más de dos años esta organización no ha podido cumplir con las necesidades de movilidad y accesibilidad en todo el territorio nacional”, citó la invitada.
La diputada efemelenista resaltó en la entrevista que este tema, no ha sido más que una jugada electoral de parte del gobierno, previo a las alecciones 2024.
“Cuál es el sustento, quién determinó que esos debían ser los 44 municipios, cuál es la base técnica, jurídica que se tomaron para definir y agrupar ocho municipios y hacerlo uno solo”, agregó Argueta.
En el tema de la reducción de diputados en la asamblea legislativa, Dina Argueta destacó que se redujo a 60 los diputados y “eso ya se resolvió el problema de toda la asamblea legislativa, pero tenemos diputados que en la campaña ofrecieron quitarse todo el nivel de privilegios, viajes, seguridad privada y una serie de privilegios, pero tu vas y vez dos años después que esta asamblea sigue con lo mismo privilegios que en un momento criticaron”, afirmó la diputada del FMLN.
En cuanto a los señalamientos de corrupción en los que se ha visto envuelto el partido de izquierda, la parlamentaria también brindó su postura, destacando “a cualquiera que se le compruebe mediante un proceso legal debido que ha cometido actos ilícitos debe pagar y lo hemos dicho y a la corrupción hay que combatirla” resaltó la invitada.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
