Política
Arzobispo destaca que el Presidente Bukele hizo lo correcto al vetar decreto del voto en el exterior
El Presidente de la República Nayib, Bukele, sigue recibiendo apoyo de los distintos sectores del país, tras la decisión de vetar un decreto de la Asamblea Legislativa con reformas a la Ley Especial para el Ejercicio del Voto en el Exterior que vulnera y limita el derecho del voto de los compatriotas que residen en otros países.
Para el Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, “el señor Presidente hizo lo correcto”, porque reconoció que el voto de los salvadoreños en exterior es un “derecho inalienable”.
El jerarca católico comentó que por años los salvadoreños en el exterior han sido marginados de este derecho, y que, incluso, él vivió esa experiencia cuando estudió hace más de 25 años en Italia. “Mis compañeros que eran de otros países votaron en aquel tiempo”, comentó en conferencia de prensa.
La Asamblea Legislativa aprobó con 75 votos a favor y cinco abstenciones, el pasado 16 de enero, reformas a la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior para que los compatriotas puedan elegir a diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Sin embargo, no se tomó en cuenta el voto el voto para la elección municipal.
Con esa decisión, los diputados ignoraron una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que les ordenó en 2016 adecuar la legislación para permitir a los salvadoreños con domicilio en el exterior poder ejercer el derecho al voto en todas las elecciones y no solo presidenciales.
Los diputados ignoraron, además, una moderna propuesta del Gobierno del Presidente Bukele para implementar la modalidad de voto electrónico, que facilitará la participación de los salvadoreños radicados en cualquier parte del mundo en los comicios de 2021.
A raíz de esa decisión de los legisladores, el Presidente Bukele anunció el jueves pasado su decisión para vetar ese decreto, porque “es totalmente inconstitucional” y no será “cómplice de los diputados de la Asamblea Legislativa”.
“Los diputados están en obligación de legislar y cumplir con la Constitución y con la sentencia de la Sala. No depende de su voluntad, de si se ponen de acuerdo o de si les da la gana a sus cúpulas partidarias. Deben legislar o estarán cometiendo otro delito”, agregó el mandatario.
Tras su decisión de vetar el decreto, el Presidente Bukele también ha recibido respaldo de actores políticos país, como el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, quien también exige a sus compañeros que se cumpla al pie de la letra la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Otros diputados que expresaron respaldo al mandatario son Reynaldo Carballo y Leonardo Bonilla, así como las organizaciones Acción Ciudadana e Iniciativa Social para la Democracia.
Secretaría de Prensa de la Presidencia.
Comunicado de Prensa.
Política
ARENA confirma participación electoral en medio de críticas por baja afluencia en internas
Judicial
Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Política
CCR se prepara de cara a elecciones 2027
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.






