Opinet
Ni el casco de “prensa” se salva
Por: Lisandro Prieto Femenía
“La más noble función de un escritor es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista, del tiempo que le ha tocado vivir”: Arturo Pérez-Reverte
El reporte de la muerte de Anas al-Sharif y otros periodistas de la cadena Al Jazeera en un bombardeo israelí en Gaza en agosto de 2025 no es un suceso noticioso amarillo, sino un evento que actúa como catalizador de una profunda reflexión filosófica. El ataque, que tuvo como objetivo una carpa de prensa ubicada cerca del hospital de al-Shifa, fue inmediatamente condenado por organismos internacionales como la ONU y el gobierno de España, entre otros. Estas condenas calificaron el acto como una “grave violación del derecho internacional humanitario”. La rápida reacción de estos actores globales subraya la seriedad con la que se perciben los ataques a la prensa en las zonas de conflicto, reconociendo el papel esencial del periodismo para el derecho a la información y la libertad de expresión, incluso en las circunstancias más peligrosas.
Sin embargo, el relato de los hechos se complica con la contra-narrativa proporcionada por Israel. En lugar de negar la autoría del ataque, Israel lo “confirmó” pero, al mismo tiempo, afirmó que el periodista precitado era un “terrorista que se hacía pasar por periodista”. Esta declaración crea una dicotomía que trasciende el desacuerdo factual, abriendo un abismo de preguntas filosóficas. La inaccesibilidad de algunas fuentes periodísticas clave es, en sí misma, un síntoma de la opacidad y la dificultad de verificar la verdad en estos conflictos, donde la información se convierte en un frente más de batalla. La pregunta que nos hacemos aquí es fundamental: ¿cómo se puede justificar moralmente un acto de violencia letal cuando las narrativas sobre la identidad y el estatus de la víctima son irreconciliables?
La dicotomía de narrativas sobre el ataque no constituye un simple desacuerdo sobre los hechos, sino que se trata de una deliberada estrategia de guerra. La violencia dirigida a los periodistas y la subsiguiente justificación que los tacha de terroristas no es un acto aislado, sino un método coordinado para controlar la narrativa y deslegitimar a cualquier testigo posible. No sólo se busca la eliminación física del reportero, sino también la desacreditación de cualquier evidencia que pudiera haber recopilado. Al confirmar el ataque pero descalificar moralmente a la víctima, Israel busca anular la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los periodistas. La implicación de esta acción es profunda porque si la condición de “periodista” puede ser borrada por la declaración de un bando beligerante, el valor de su testimonio se desvanece. La guerra moderna se libra no sólo con armamento, sino con la capacidad de redefinir la realidad misma, apuntando directamente a la figura del testigo ocular. Así, el asesinato de periodistas se convierte en un ataque a la objetividad y a la posibilidad de que no existe una verdad compartida fuera del control de los actores que lideran el conflicto.
Para comprender la compleja red de dilemas morales y legales que envuelven la muerte de periodistas en un contexto bélico, es indispensable recurrir a la “Teoría de la guerra justa”, un marco filosófico que ha guiado la reflexión sobre los conflictos armados desde la antigüedad. Esta teoría se divide en dos partes principales: el Ius ad bellum, que borda la moralidad de ir a la guerra, y el Ius in bello, que se centra en la moralidad de la conducta una vez que la guerra ha comenzado. En el caso específico del ataque a la prensa en Gaza, la atención se dirige al ius in bello, que exige que todos los combatientes, sin importar la justicia de su causa, respeten ciertas reglas básicas de conducta.
Uno de los pilares más importantes del ius in bello es el “principio de discriminación”, el cual dicta que los ataques deben dirigirse exclusivamente contra combatientes legítimos, protegiendo a la población civil y a aquellos que no participan directamente en las hostilidades. Filosóficamente, la justificación moral para matar en una guerra se basa en que los objetivos legítimos han perdido su “derecho” a “no ser atacados militarmente”, es decir, que son “moralmente susceptibles” de un ataque letal. Por el contrario, el simple hecho de que una persona sea un no-combatiente es suficiente para que no pueda ser moralmente atacada. Pues bien, los periodistas, en su calidad de civiles, están explícitamente protegidos bajo este marco, siempre que no participen en las hostilidades. El ataque que mató a seis periodistas de Al Jazeera en una carpa de guerra, un objetivo no militar, ilustra la aplicación directa de este principio.
Como dijimos recientemente, la justificación israelí de que Anas al-Sharif era un “terrorista”, es un intento de anular su estatus de no combatiente y, por lo tanto, fundamentar su “susceptibilidad moral” a ser atacado. Al re-etiquetar a un civil como combatiente, una de las partes beligerantes intenta legitimar su acto de violencia a posteriori. Esta acción revela una profunda vulnerabilidad del derecho internacional humanitario: su dependencia de una interpretación compartida de la realidad y del estatus de las víctimas. Si la definición de “no combatiente” puede ser anulada por una declaración unilateral de un bando, el principio de discriminación deja de ser un derecho universal para convertirse en un privilegio discrecional, vaciando de su significado a toda la estructura del derecho humanitario.
Este perverso proceso de re-etiquetación expone la fricción inherente entre la teoría de la guerra justa y su aplicación práctica. La vida en el campo de batalla, dominada por el caos y el instinto de supervivencia, a menudo empuja a los soldados a desconectar su sistema de creencia moral en favor de la victoria. El ejército confía en el juicio moral de sus líderes en el campo de batalla, un juicio que puede llevar a dejar de lado bastantes asuntos morales fundamentales.
Además del principio de discriminación, el ius in bello también se rige por el “principio de proporcionalidad”, que prohíbe los ataques cuyos daños colaterales a civiles sean excesivos en relación con la ventaja militar directa y concreta esperada. En este caso, la justificación militar del ataque a una carpa de prensa, que resultó en la muerte de múltiples civiles protegidos, es cuestionable. El acto no sólo parece gallar en la discriminación, sino que también parece inherentemente desproporcionado. Surge, entonces, la pregunta filosófica: ¿qué valor tiene un objetivo militar (si es que existía alguno) frente a la aniquilación de la verdad en el campo de batalla?
Al respecto, es interesante acudir a la opinión del escritor y ex corresponsal de guerra Arturo Pérez-Reverte, quien expresó su postura sobre el conflicto en Gaza, añadiendo asimismo una capa de complejidad a esta delicada discusión. Pérez-Reverte, que anteriormente se consideraba “proisraelí”, afirmó que la respuesta de Israel al ataque de Hamás había llegado a “extremos tan bárbaros” que ya no podría considerarse un simple “daño colateral”. En su opinión, lo que está sucediendo es un “asesinato” y, por lo tanto, Israel es un “Estado que está asesinando a una población”. Esta fuerte condena moral, proveniente de alguien con experiencia en conflictos y una postura previa de apoyo a la aspiración democrática de Israel, nos muestra cómo el concepto de lo que es un ataque “justificable” en la guerra puede mutar a los ojos de los observadores a medida que la brutalidad del conflicto alcanza nuevos niveles.
Es momento, entonces, de hablar de la ética de la información en el campo de batalla. El periodismo en zonas de guerra, lejos de ser un mero oficio, es una vocación que se adhiere a un conjunto de principios éticos rigurosos. La ética periodística en la guerra exige que los reporteros busquen la verdad, mantengan la neutralidad y la objetividad, y eviten causar daño alguno. El derecho internacional reconoce esta labor y otorga a los reporteros el estatus de civiles protegidos, siempre que no tomen parte activa en las hostilidades. Los Estados tienen la obligación explícita de garantizar la seguridad de estos profesionales, ya que su asesinato no sólo vulnera su derecho a la vida, sino que constituye una gravísima violación del derecho a la libertad de expresión internacional. Esta violación afecta tanto al derecho individual del periodista como al derecho colectivo de la sociedad a recibir información veraz en tiempos de guerra.
A pesar de esta protección legal, los periodistas se ven obligados a operar en un ambiente de riesgo extremo. Los protocolos de seguridad para corresponsales de guerra son extensos y detallados, abarcando desde el uso de chalecos antibalas y cascos hasta la encriptación de las comunicaciones y la correspondiente preparación física y psicológica. Esta paradoja entre la protección nominal y el riesgo palpable crea una tensión constante. La existencia de estos protocolos demuestra que, en la práctica, los periodistas no confían plenamente en la protección legal que el derecho internacional les promete, justamente porque deben cuidar de sí mismos y de sus colegas, ya que su oficio los expone a incidentes inherentes a la cobertura de las noticias y amenazas de personas o facciones concretas.
Más allá de la vulnerabilidad física, el periodista de guerra sufre un daño psicológico y moral profundo, una “lesión moral” que lo convierte en una “víctima de la conciencia”. Este concepto, originalmente aplicado a los soldados, es perfectamente extensible a los reporteros. La “lesión moral” se define como el “desgaste del carácter moral” que ocurre al presenciar o ser cómplice de un asesinato injusto. El caso puntual del fotógrafo Kevin Carter, quien se suicidó tras ganar el Pulitzer por una foto que ilustraba la hambruna de Sudán, es un claro ejemplo histórico de este trauma, provocado por la inmensa angustia de su trabajo. El asesinato de un colega no es sólo una amenaza profesional, sino que representa una experiencia moralmente devastadora: el periodista que sobrevive no sólo es testigo de la noticia, sino que carga con una “baja de la conciencia” que regresa como una sombra de lo que antes solía ser. Este sufrimiento eleva la discusión de lo legal a lo estrictamente existencial, porque la guerra no sólo destruye cuerpos, sino que también corrompe el alma de aquellos cuya misión es reportar sus horrores, demostrando la fragilidad de la ética y la moral frente a la barbarie de la que es capaz el ser humano.
El análisis de la muerte de Anas al-Sharif y sus colegas de Al Jazeera nos revela que este trágico evento no es un incidente aislado, sino una manifestación de varias problemáticas filosóficas interconectadas. En primer lugar, la guerra moderna demuestra una tendencia peligrosa a no respetar los principios del ius in bello, especialmente el de discriminación, cuando puede redefinir la realidad a su conveniencia. La justificación de un ataque a un civil, simplemente re-categorizándolo como un combatiente, vacía de su significado a toda la estructura del derecho internacional humanitario.
En segundo lugar, la figura del periodista de guerra encarna una paradoja trágica: está protegido por la ley, pero opera en un entorno donde esa ley es regularmente violada. Al presenciar la violencia y la injusticia, el reportero sufre esa “lesión moral”, un daño profundo al alma que demuestra que la guerra mutila por igual los cuerpos como las mentes de quienes se atrevan a enfrentarla para contar su historia.
Finalmente, la “guerra de narrativas”, algo tan posmo progre y tan perverso, que busca activamente fabricar la indiferencia, un mal moral que socava a toda acción colectiva. La proliferación de relatos contradictorios tiene como objetivo confundir a la audiencia global, generando escepticismo y apatía, lo que permite que la violencia continúe sin ser castigada.
En última instancia, queridos lectores, el ataque asesino sobre los periodistas en Gaza no fue sólo un crimen de guerra, sino un ataque epistémico y moral. Fue un asalto a la posibilidad misma de una verdad objetiva y compartida en tiempos de conflicto. La muerte de la verdad precede a la muerte de los inocentes. Y la filosofía, en este contexto, no puede permanecer neutral. Su tarea es desmantelar las justificaciones simplistas, exponer las contradicciones morales y recordarle a la humanidad que la verdad, y quienes la buscan, son el primer y último baluarte contra la barbarie. La labor de los reporteros de guerra, al exponer los horrores del conflicto, es el antídoto más poderoso contra la indiferencia, que es tan asesina como cualquier arma del arsenal disponible de cualquier ejército. Su trabajo, y el sacrificio que a menudo conlleva, nos obliga a plantear una ética de la no-indiferencia, donde el conocimiento se convierte en la base para la acción moral.
Lisandro Prieto Femenía
Docente. Escritor. Filósofo
San Juan – Argentina
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Por: Dionisio De Jesús
Lo que se esperaba era que se cediera la isla de Roatán a unos gobiernos de ultraderecha para montar ahí otra base militar. Que se volviera al contrato de la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades autónomas, que el anterior gobierno de los Zelaya había rescindido y los poderes extranjeros se pusieron muy molestos.
Esta semana los protagonistas del “supuesto” escándalo de los audios volvieron a reclamar inocencia respecto del asunto. Dicen, o mejor, dice el expresidente JOH, que es una falsedad, que nunca se comprobó que sea su voz, ni las otras que intercambian en los audios que supuestamente fueron enviados por los susodichos personajes de la “política” hondureña y que remecieron los cimientos de una fauna política que cada vez da más terror en un país en el que todavía no se ha visto nada de todo lo que son capaces de hacer y desatar estos grupos de delincuentes de la mala política vernácula e internacional disfrazados de patriotas.
CNN dice que no han verificado la autenticidad de los audios filtrados, pero el Diario Red, de España, quien dio a conocer el escándalo, habla de que se pasó por la plataforma el software Phonexia Voice Inspector, desarrollado por la empresa checa Phonexia. De acuerdo con los resultados publicados por Hondurasgate, “los 37 audios contendrían voces humanas y no habrían sido generados con inteligencia artificial”. Eso lo dice la cadena de noticias norteamericana este miércoles 3 de junio de 2026, en que estoy redactando esta nota para Acento.com, el diario dominicano para el cual cada semana escribo unas reflexiones sobre los más disímiles asuntos, referenciando una entrevista que le dio el susodicho Juan Orlando Hernández, principal protagonista de esta trama de mal gusto.
¿Pero qué es lo que contenían o contienen estos audios que han dado tanto de qué hablar en el último mes y medio al darse su filtración a los medios internacionales? Lo primero es que se destapa una trama de burda política y uso de recursos de dudosa procedencia para activar unas estructuras de comunicación con el fin de dañar a varios líderes y presidentes de la región, aupados por otros políticos que activan en la ultraderecha internacional. Hablamos de los mencionados Javier Milei, presidente de Argentina; Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien habría accedido a la liberación bajo la figura del perdón presidencial para JOH, pero a pedido del gobierno de Israel, que proveyó los fondos para ese objetivo; quien habría estado de acuerdo con que se pusiera en marcha la trama desestabilizadora; del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y del propio presidente actual de Honduras, Tito Azfura (Papi a la Orden), así como del expresidente Juan Orlando Hernández, operador de la trama. En esto se menciona también a la designada presidencial de Honduras, María Antonieta Mejía, y al presidente del órgano legislativo de ese país, Tomy Zambrano.
Como se ve, estos audios, de ser ciertos, revelan la trama más macabra para ir minando a unos gobiernos y gobernantes que hoy no son muy afines a la ideología de la ultraderecha internacional que activa desde diferentes lugares y gobiernos. La reacción no se hizo esperar. Por un lado, el presidente Gustavo Petro de Colombia expresó: «Así se mueven las redes de la extrema derecha comunicacional. El dinero sale de la cocaína y de Israel». Asimismo, habló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien atribuyó la supuesta trama a un intento de la «derecha internacional» de difundir falsedades, aunque aseguró que no le haría «mella».
Los audios filtrados se habrían grabado en WhatsApp, Signal y Telegram entre enero y abril de 2026. Los materiales vienen acompañados por transcripciones, análisis técnicos y publicaciones en redes sociales. Y han sido la comidilla política del último mes, siendo Honduras el país protagonista y donde los medios tradicionales que rinden pleitesía a los grupos de poder, aparentemente expuestos aquí, silenciaron por completo estos rumores, a tal punto que se impuso un silencio que aterra y da mucho qué pensar de cómo de comprometidos están estos medios con los que el pasado 30 de noviembre se robaron las elecciones, elecciones que representaban una esperanza para el pueblo llano y una nueva espiritualidad para los que creían todavía en el ejercicio pleno y sagrado del voto sin ningún amaño ni componenda de la índole que sea.
«El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él, tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación», se escucha en una grabación. Otros audios hablan supuestamente de crear una «célula informativa» en Estados Unidos para difundir información contra gobiernos y figuras de izquierda en América Latina. «Se vienen unos expedientes contra México y Colombia», dice presuntamente Hernández en otro fragmento. Estos son algunos de los audios filtrados en los que, según los difusores de los contenidos, son audios reales.
Según los medios que difundieron el material, las grabaciones revelarían una presunta red de influencia integrada por actores políticos de Honduras, Estados Unidos, Israel, Argentina y otros sectores conservadores de la región para atacar o desestabilizar gobiernos progresistas latinoamericanos. Las publicaciones han tenido repercusión especialmente en México, Colombia y Honduras. Dinero sucio, dinero puesto al servicio de los más burdos intereses en contra de un pueblo y su gente que apostó a que habría una salida democrática en las elecciones de noviembre pasado, pero que se despertaron con la noticia de que le habrían secuestrado su voluntad e impuesto otra con fines inconfesables, pero que ahora, de ser ciertos estos audios, revelan una gran estafa y un amañamiento de la voluntad de toda una nación.
Y en medio de todo este affaire está el nuevo Pirata Walker (Trump), que ya volvió a Centroamérica para adueñarse de lo poco que han dejado en los siglos anteriores, pero no viene solo, viene con la rapiña del país que dicen el elegido por Dios. Tamaña osadía la del Señor de dotar de poder a unos desalmados. El caso, bautizado como «Hondurasgate», incluye acusaciones de conspiración, campañas de desinformación y supuesta injerencia internacional. Pero también abre otra pregunta: ¿son auténticas las grabaciones? Todos los involucrados las han negado y dicen que obedece a una “otra trama de sus enemigos políticos” (JOH).
Esta trama (no la que JOH dice) busca debilitar a gobiernos de izquierda en América Latina y asegurar el control político en Honduras. El caso salió a la luz pública a través de una investigación del medio español Diario Red en colaboración con periodistas hondureños. Los políticos clave involucrados: Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente de Honduras. Aparece como el articulador principal de la red. En los audios se discute su liberación tras recibir un indulto de Donald Trump (luego de haber sido condenado por narcotráfico en EE. UU.) y sus planes para recuperar influencia política o retornar a la presidencia.
Los audios detallan el uso de cientos de miles de dólares para financiar plataformas digitales y lanzar campañas masivas de fake news. El objetivo principal es atacar y desestabilizar las gestiones de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia, empleando narrativas sobre inseguridad y narcotráfico. En las conversaciones se menciona el supuesto respaldo financiero y político de actores del Partido Republicano de EE. UU., el gobierno de Israel (quienes habrían cabildeado a favor del indulto de JOH) y la cooperación del mandatario argentino Javier Milei para montar la red de difusión mediática.
Todo un culebrón al estilo Venezuela en sus mejores tiempos de RCTV. Pero esta es la parte simpática, si se quiere, porque lo otro es lo que aterra: que operadores políticos no se detengan ante nada ni nadie con tal de conseguir los más espurios resultados. Eso dicen: en política se vale todo, aun a costa de la gente que creyó que se estaba jugando limpio y no. Estas elecciones hondureñas han sido, por mucho, las más amañadas de su historia, porque se permitió que la injerencia extranjera vulgar, de la peor calaña, calara hasta el tuétano de los estamentos políticos, empresariales y de cualquier tipo. Porque cada uno de ellos jugó su papel para que hoy volviera la cáfila de desalmados a gobernar un país que tenía puesta la esperanza en alguien, Salvador Nasrrala, que, por ser tan pusilánime, se la dejó tragar toda. Y ahí anda, como si ahí no hubiera pasado nada. Como si también él supiera de la trama y callara y se reciclara tan rápidamente.
¿Y después de esto qué es lo que hay y qué esperar para este país, al que no le espera nada bueno en estos cuatro años? Lo primero es que los sectores que comulgan con el crimen y la corrupción se están acomodando de la mejor manera. Ya se vendió la dignidad por unos dólares más. Ya se hipotecó el país a quién sabe qué intereses oscuros. Lo que se esperaba era que se cediera la isla de Roatán a unos gobiernos de ultraderecha para montar ahí otra base militar. Que se volviera al contrato de la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades autónomas, que el anterior gobierno de los Zelaya había rescindido y los poderes extranjeros se pusieron muy molestos. Los sectores políticos y empresariales de derecha que se prestaron a este diabólico plan político saben que solo el crimen organizado gana en estas jugadas y que lo que le espera al pueblo hondureño no es nada bueno.
Solo vamos a enumerar lo que la violencia ha acarreado desde que se ha instalado el nuevo gobierno apadrinado por la Administración Trump y demás comparsas: Honduras ha mostrado señales de resurgimiento de la violencia y el crimen organizado. La CEPAL, OVUNAH y la Secretaría de Seguridad así lo atestiguan. +5 % a 6,2 % ha crecido desde enero hasta abril de 2026, donde hubo 624 homicidios, 5,05 % más que en el mismo periodo de 2025. Unos seis homicidios diarios. Solo en 110 días de 2026 ya sumaban 700 homicidios. Más de siete matanzas han ocurrido en el país en lo que va de año, atribuidas al crimen organizado y a la recomposición de los carteles en busca de sus antiguos territorios y negocios. Los organismos internacionales lo atribuyen al fin del Régimen de Excepción desde que el nuevo gobierno se instaló en enero de 2026.
¿Y qué esperar? Que se agudice aún más la violencia. Solo en un día hubo una matanza de 23 ciudadanos en un predio de la zona norte del país. Y, sin embargo, que siga la fiesta: las consejeras del CNE, que le vendieron su alma al diablo, ya cobraron en especies y en otros valores su trabajo de plegarse a los intereses más oscuros de la injerencia internacional. Las dos fueron premiadas con sendas embajadas y, lo más bonito, al terminar este periodo gubernamental volverán a sus antiguos puestos del CNE. Menuda transacción se dio. Así se negocia, con audio o sin audios, la soberanía de un país que no es un pobre país, sino que le tenemos lástima a los de a pie.
Hasta ahora, ninguna agencia internacional ni institución independiente ha confirmado públicamente la autenticidad de los audios. Muchas preguntas siguen abiertas en el «Hondurasgate». Lo que sí es cierto es que, con este episodio de la más triste forma de engañar a un pueblo, se vendió, se traficó con la dignidad de los que, creyendo que la esperanza era posible con su voto, se acostaron pensando que al otro día otro país sería y luego oyeron, atónitos, vía estos audios, verdad o mentira, que ya no les quedaría nada con qué soñar un país nuevo y distinto. Los mismos de siempre volvieron a salirse con la suya. Esta vez, acompañados de lo más corrupto de la política internacional. Que Dios nos coja confesados.
Por: Dionisio De Jesús
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Buena parte de la historia de El Salvador, sus personajes célebres, sus tradiciones, mitos, leyendas, la época prehispánica, las especies animales y vegetales han quedado registrados en millones de sellos postales creados por el gran artista Francisco Guadrón.
Por más de 32 años don Paco laboró en Correos de El Salvador y fue el responsable de documentarse, así como elaborar los bocetos que luego dieron vida a grandes tirajes impresos.
«Diseñé unos 500 sellos postales», aseveró durante la entrevista El Salvador Today, de Diario Digital Cronio.
Con óleo, acuarela, lápiz o cualquier técnica pictórica conocida, don Paco dibujó y pintó a mano cada una de sus creaciones.
En piezas de papel, don Paco conserva algunos de los trabajos hechos, aunque también preserva en un álbum muchos de la sellos ya listos para adherirse a las cartas o encomiendas.
Hizo series (de tres, cuatro o seis sellos) alusivas a temas específicos, por ejemplo, una para grandes escritores salvadoreños que incluyen, por supuesto, los retratos de los autores y autoras.
Pintó a Lilian Serpas, Roque Daltón y Waldo Chávez Velado, entre otros.
Hay una serie dedicada las leyes de El Padre sin Cabeza, El Cipitío y La Sigüanaba.
Una más fue dedicada a grandes cantantes latinoamericanos, por lo que dibujó y pintó los rostros del mexicano Pedro Infante, la cubana Celia Cruz y el tambiéb mexicano Pedro Vargas.
«Además de los sellos se elaboraba una hoja recuerdo (con todas las imágenes cerradas para una serie) y salía el día que se ponían a circular los sellos. También se hacía otro diseño de un sobre del día», compartió el dibujante y diseñador.
Según indicó para todas las temáticas desarrolladas se auxiliaba de expertos y buscaba bibliografía para todos los diseños que elaboraba. Los expertos también validaban su trabajo.
Don Paco reconoce que la encantaba dibujar y aprender sobre la fauna salvadoreña, por lo que muestra con orgullo los dibujos de un tucán y un mono araña, entres muchas especies.
Su vasto y delicado trabajo se conserva como documentos de consulta en Correos de El Salvador, donde también hay un museo abierto al público.
