Judicial
“Ya cayeron, ya cayeron”, avisó por teléfono una mujer que fue cómplice del asesinato de dos pasajeros en la ruta 20
Una mujer ha sido sentenciada a 15 años de prisión por ser cómplice del asesinato de los pasajeros de un bus de la ruta 20, en la colonia Santa Rosa, de Cuscatancingo.
La procesada es Georgina Elena Martínez Ayala, según fuentes judiciales.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) los jóvenes Arnoldo Armando Rodríguez Pérez y Oscar Ismael Morales Urrutia, iban de pasajeros del bus de la ruta 20 en la madrugada del 21 de agosto de 2016.
En la parada conocida como la Atlacatl, cuatro sujetos se subieron y se dirigieron directamente donde iban los jóvenes para preguntarle a dónde vivían. Tras la intimidación, uno de ellos dijo que ya sabía de dónde eran y que “ya iban a ver lo que les va a pasar”.
Cuando la unidad de transporte colectivo llegó a la colonia Santa Rosa, los sujetos bajaron del bus a los jóvenes y los llevaron hasta un vehículo que los estaba esperando en una de las calles de la colonia.
Cuando los criminales metieron por la fuerza al vehículo a Arnoldo Rodríguez y Oscar Morales, Georgina Martínez que iba como pasajera sacó su teléfono celular, llamó a una persona y le avisó que “ya cayeron, ya cayeron”.
Los cadáveres de los dos jóvenes fueron encontrados a la mañana siguiente en una de las calles de la colonia Carolina, siempre de Cuscatancingo.
En meses posteriores, la Policía y la Fiscalía lograron las capturas de los asesinos y los condenaron a prisión. Martínez Ayala fue acusada del delito de cómplice de homicidio agravado y presentada ante el Juzgado 3º de Sentencia de San Salvador.
El Juez valoró las pruebas de las autoridades y sentenció a la mujer a 15 años de cárcel.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
