Judicial
“Ya cayeron, ya cayeron”, avisó por teléfono una mujer que fue cómplice del asesinato de dos pasajeros en la ruta 20
Una mujer ha sido sentenciada a 15 años de prisión por ser cómplice del asesinato de los pasajeros de un bus de la ruta 20, en la colonia Santa Rosa, de Cuscatancingo.
La procesada es Georgina Elena Martínez Ayala, según fuentes judiciales.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) los jóvenes Arnoldo Armando Rodríguez Pérez y Oscar Ismael Morales Urrutia, iban de pasajeros del bus de la ruta 20 en la madrugada del 21 de agosto de 2016.
En la parada conocida como la Atlacatl, cuatro sujetos se subieron y se dirigieron directamente donde iban los jóvenes para preguntarle a dónde vivían. Tras la intimidación, uno de ellos dijo que ya sabía de dónde eran y que “ya iban a ver lo que les va a pasar”.
Cuando la unidad de transporte colectivo llegó a la colonia Santa Rosa, los sujetos bajaron del bus a los jóvenes y los llevaron hasta un vehículo que los estaba esperando en una de las calles de la colonia.
Cuando los criminales metieron por la fuerza al vehículo a Arnoldo Rodríguez y Oscar Morales, Georgina Martínez que iba como pasajera sacó su teléfono celular, llamó a una persona y le avisó que “ya cayeron, ya cayeron”.
Los cadáveres de los dos jóvenes fueron encontrados a la mañana siguiente en una de las calles de la colonia Carolina, siempre de Cuscatancingo.
En meses posteriores, la Policía y la Fiscalía lograron las capturas de los asesinos y los condenaron a prisión. Martínez Ayala fue acusada del delito de cómplice de homicidio agravado y presentada ante el Juzgado 3º de Sentencia de San Salvador.
El Juez valoró las pruebas de las autoridades y sentenció a la mujer a 15 años de cárcel.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
