Nacionales
UCA brinda detalles de su renuncia al Comité Fiscalizador de los $2,000 millones por emergencia nacional
El Padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamérica José Simón Cañas (UCA) junto al vicerrector de Proyección Social, Óscar Serrano, dieron a conocer este martes, los detalles de su “renuncia irrevocable” al Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción por los efectos causados del COVID-19 en el país.
La UCA junto a otras intuiciones no gubernamentales formaban dicho comité tras la creación del decreto legislativo 608 en la Asamblea Legislativa, el cuál dictaba la conformación del mismo y que fue juramentado el 28 de marzo por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien juramentó a Agustín Martínez, de la ANEP; José Ángel Quirós por FUSADES; Omar Serrano, por la UCA, y René Alberto Raúl Vásquez Garay, por la ESEN, como miembros del comité.

Sin embargo, el lunes 11 de mayor (ayer), los miembros del comité en mención renunciaron a seguir siendo parte del mismo por “no existir las condiciones necesarias” para el cumplimiento de su la labor encomendada.
El rector de la UCA, argumentó. “Asumimos este compromiso por la responsabilidad con el pueblo salvadoreño, por la transparencia, la honestidad y la verdad, siendo muy conscientes que ello implica riesgos, un gran trabajo pero con la esperanza que nuestra participación y la de las demás organización no gubernamentales ayudaría al menor manejo de los recursos ($2,000 millones) y a una mejor dirección de los mismo respondiendo a los intereses de a nación y a salvaguarda la vida de las personas más vulnerables”, dijo Oliva.

Sin embargo, el comité que inició funciones el 30 de marzo advirtió al gobierno una serie de dificultades que hacían difícil sus funciones y así cumplir sus funciones por las que fue creado, reiteró el rector.
“Entre las dificultades que vimos está la transferencia en las transferencia monetarias directas, entre ellas la entrega de los $300 dólares a más de un millón y medio de familias ($400 millones), también vimos necesario la reforma del decreto 608 para poder realizar mejor su función, dificultad al no recibir la información y el planteamiento de las funciones que se le asignaría al comité y que no eran tomadas en cuenta en las reuniones, de esa manera, no se podía elaborar el presupuesto extraordinario para el uso de los dos mil millones de dólares, ni se pudo realizar las tareas de controloría social que la asamblea la asignaba al comité”, sostuvo el padre Andreu Oliva quien también denunció irrespeto a la institucionalidad y a los derechos humanos con los que nuestro gobierno está enfrentando esta epidemia”.
Por su parte el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Óscar Serrano, añadió que el problema de fondo para dimitir al comité junto a las otras organizaciones que lo conformaban fue porque “las decisiones más importantes, incluso las que atañen al comité, no se tomaron ahí”.

Añadió que el comité tuvo diez reuniones con los representantes gubernamentales y de ese número, solo cuentan con 7 actas de todo lo establecido en cada reunión.
“Me alegra mucho que ayer dijeran que van a dar a conocer las actas, pero nosotros tenemos nuestros apuntes de las nueve restantes porque todas las organizaciones apuntamos”, dijo Serrano.
El mismo señaló que se solicitó la entrega de un Plan Integral por parte del gobierno para entender la emergencia por COVID-19, pero que hasta la fecha nunca les fue entregado. “Todavía seguimos a estas alturas una copia de un plan integral para atender la emergencia”.
Sucesos
Incendio destruye dos apartamentos en la colonia Zacamil de San Salvador; Bomberos evita que las llamas se propaguen
Un incendio estructural consumió dos apartamentos del edificio 440, ubicado en la urbanización José Simeón Cañas, conocida como colonia Zacamil, en San Salvador. La emergencia se registró este sábado 10 de octubre y movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras viviendas del complejo habitacional.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los dos apartamentos resultaron afectados por el incendio, que generó preocupación por el riesgo de propagación hacia las unidades residenciales cercanas. La intervención de los equipos de emergencia permitió concentrar las labores de extinción en el área afectada, evitando que el siniestro se extendiera a otros sectores del edificio.

El Cuerpo de Bomberos desplegó personal especializado para ejecutar maniobras de control y liquidación del fuego, procedimientos destinados a detener el avance de las llamas y eliminar los focos de combustión que podrían provocar una reactivación. Hasta el momento del reporte inicial, los equipos continuaban trabajando en el lugar, mientras se desarrollaban las acciones necesarias para asegurar la zona.
Las causas del incendio todavía no han sido determinadas. Se espera que las inspecciones correspondientes, realizadas por el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional Civil (PNC), permitan establecer dónde comenzó el fuego y qué circunstancias provocaron su propagación. Tampoco se ha confirmado oficialmente si hubo personas lesionadas, ni se ha divulgado una estimación económica de las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro.
El incidente vuelve a poner de manifiesto la importancia de las medidas de prevención de incendios en edificios residenciales, donde la cercanía entre apartamentos puede facilitar la propagación del fuego. Las autoridades recomiendan revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, evitar la sobrecarga de tomacorrientes y mantener despejadas las rutas de evacuación. Ante cualquier emergencia de este tipo, la población puede comunicarse con el Cuerpo de Bomberos al 913 para solicitar asistencia inmediata.

ENTREGA ESPECIAL
A 40 años del terremoto de 1986: los 10 segundos que devastaron San Salvador y dejaron más de 1,500 muertos
Este sábado 10 de octubre de 2026, El Salvador recuerda una de las tragedias más dolorosas de su historia. Hace exactamente 40 años, a las 11:49 de la mañana del viernes 10 de octubre de 1986, un terremoto de magnitud 5.7 sacudió violentamente San Salvador y convirtió en escombros edificios, viviendas y centros de trabajo. Bastaron aproximadamente 10 segundos para cambiar la vida de miles de familias y dejar una profunda huella en la memoria colectiva de los salvadoreños.

El movimiento telúrico tuvo su origen en fallas geológicas locales, a poca profundidad y muy cerca de la capital, factores que explican su enorme capacidad destructiva. La tragedia dejó aproximadamente 1,530 personas fallecidas, 10,000 heridas y alrededor de 200,000 damnificados, según estimaciones históricas. Las pérdidas materiales alcanzaron unos 1,031 millones de dólares, una cifra devastadora para un país que, además, atravesaba uno de los períodos más difíciles del conflicto armado.

Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en el edificio Rubén Darío, ubicado en el centro de San Salvador, cuya estructura colapsó y sepultó a cientos de personas. También resultaron gravemente afectados el Gran Hotel San Salvador, el edificio Dueñas, el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y numerosas construcciones históricas. La escuela Santa Catalina, en el barrio San Jacinto, fue otro de los escenarios de la tragedia. Incluso el Monumento al Divino Salvador del Mundo sufrió daños cuando la imagen cayó de su pedestal, convirtiéndose en una de las fotografías más recordadas de aquel desastre.

En medio del caos, los gritos de auxilio y las calles cubiertas de escombros, surgieron innumerables historias de solidaridad. Socorristas, bomberos, voluntarios y ciudadanos trabajaron durante horas y días para rescatar sobrevivientes, utilizando herramientas improvisadas y, en muchos casos, sus propias manos. Equipos de emergencia de Guatemala se sumaron a las labores de búsqueda, mientras cientos de familias permanecían en las calles por temor a nuevas sacudidas. Durante los cuatro días posteriores se registraron centenares de réplicas que prolongaron la angustia de una población golpeada por la pérdida de sus seres queridos.

Cuatro décadas después, el terremoto del 10 de octubre de 1986 sigue siendo una herida abierta en la historia salvadoreña, pero también un recordatorio de la importancia de la prevención, las construcciones seguras y la preparación ante emergencias. Aunque San Salvador ha cambiado su paisaje urbano y muchas de las estructuras destruidas desaparecieron, los recuerdos permanecen entre quienes sobrevivieron a aquella mañana. Hoy, el país honra a las víctimas, reconoce la valentía de los rescatistas y recuerda que, en apenas 10 segundos, una ciudad entera puede cambiar para siempre.
Judicial
Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
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