Sucesos
Por presunta negligencia, el ISSS separa de sus cargos a médicos y enfermeras involucrados en el caso de la muerte de doctora
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) informó el pasado lunes por la mañana, que han tomado medidas ante el caso de la doctora Ana Patricia Mina Miranda.
Luego que un medio de comunicación nacional publicara la denuncia de la madre de la doctora Ana Patricia Mina Miranda, quien murió en diciembre pasado por presunta negligencia médica en el ISSS, la institución informó que los médicos y el personal de enfermería involucrados en el caso han sido separados de sus cargos.
“Desde el primer momento iniciamos una investigación interna para determinar responsabilidad en la atención que se le otorgó a la doctora Mina Miranda. Esta investigación no solo es para determinar la participación y negligencia de los médicos que tuvieron el caso de la doctora en sus manos, sino que además se está determinando la participación y negligencia en el área de enfermería”.
El 15 de enero, la familia interpuso una querella contra tres médicos del ISSS ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo hicieron a través del apoderado legal, el abogado Wilfredo Alfaro.
La denuncia fue en contra de los médicos de staff que en algún momento «atendieron» a la doctora Ana Patricia Mina Miranda.
No obstante, el ISSS informó que tiene a cinco médicos involucrados, tres de staff y dos residentes. La institución aseguró que ya han sido separados de sus cargos y que están dispuestos a colaborar en la investigación que realiza la FGR.
“No permitiremos que nunca el personal de atención a pacientes ponga ningún tipo de pretexto para no otorgar atención oportuna y profesional a la población”, indicó el ISSS a través de su cuenta de Twitter.
El Fiscal General de la República, Raúl Melara, también anunció el domingo que se investigará y se duducirán responsabilidades.
Ante las respuestas del ISSS y de la Fiscalía, Alfaro, quien también es el representante de la Asociación para la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente (ADESAM-CORIBEL) que trabaja con víctimas de negligencia y mala praxis, lamentó que, en la mayoría de los casos, ambas entidades tienden a no proceder.
Señaló que el ISSS no había dado ninguna declaración pública hasta que el caso de la doctora Mina Miranda fue publicado en EDH. Además, dijo que los fiscales tienden a dejar que prescriban los casos por negligencia médica o mala praxis cuando las personas afectadas llegan a denunciar.
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La difusión de un video en redes sociales ha vuelto a poner en evidencia casos de acoso registrados en el transporte público.
En la grabación se observa a un sujeto utilizando su teléfono celular para captar imágenes debajo de la falda de una joven que viajaba en una unidad de transporte colectivo.
Ante esta situación, se hace un llamado a las víctimas y testigos a presentar las denuncias correspondientes, con el fin de facilitar la identificación de los responsables. Asimismo, diversos sectores destacan la importancia de reforzar la vigilancia y promover una cultura de denuncia frente a conductas que vulneran la privacidad y dignidad de las personas.
Varias personas sufrieron desmayos y crisis nerviosas luego de quedar atrapadas en un juego mecánico que presentó fallas la noche del domingo en el distrito de Acajutla, municipio de Sonsonate Oeste, departamento de Sonsonate.
De acuerdo con personas presentes en el campo de diversiones, los ocupantes permanecieron suspendidos boca abajo durante aproximadamente 30 minutos mientras se realizaban las labores para auxiliarlos.
Según versiones de los asistentes, alrededor de 15 personas, entre ellas tres niños, resultaron afectadas por el incidente. Socorristas de Cruz Blanca atendieron la emergencia y brindaron asistencia a los afectados.
La mayoría de las personas que quedaron atrapadas se recuperaron rápidamente tras ser auxiliadas y regresar a tierra firme. Sin embargo, se reportó que dos casos requirieron una atención más prolongada.
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador también acudió al lugar para apoyar en las labores de rescate. Hasta el momento, la institución no ha emitido un informe oficial sobre la cantidad de personas afectadas.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
