Sucesos
Pandilleros le extraen el corazón a un violar en Chalatenango y manda foto del cruel acto al cabecilla de la pandilla
Diez pandilleros le sacaron el corazón a un violador y después constataron el asesinato enviando la foto al cabecilla de la estructura delictiva.
El 6 de junio del 2016, José Antonio Reyes Reyes, de 23 años, salió de su casa ubicada en el caserío Los Reyes, jurisdicción de San Ignacio, Chalatenango, para ir a una tienda de la localidad, pero fue interceptado por varios hombres que lo llevaron hasta la ribera de un río.
Estando en el lugar, lo amordazaron con su propia ropa hasta dejarlo desnudo. Después, los diez sujetos, todos perfilados como pandilleros, lo atacaron con corvos al punto de quitarle la vida.
Según fuentes judiciales, el ataque hacia Reyes fue tan sanguinario que los asesinos le sacaron hasta el corazón para tomarle una fotografía y enviarla al palabrero (cabecilla de la pandilla) de las estructura delictiva.
Las autoridades creen que el nivel de salvajismo fue en venganza porque Reyes, junto a otros parientes, violaron a una mujer en el cantón Santa Rosa del mismo municipio.
Hubo más víctimas
Un albañil fue asesinado casi de la misma manera por los sujetos el 23 de julio de 2016 en el cantón La Palma. La víctima fue Roberto Carlos Chacón Díaz, de 33 años, y la causa del crimen fue desconocida.
José Alberto Varillas Urrutia, de 35 años, también fue asesinado con corvos por los diez pandilleros. La hipótesis del asesinato es porque se había retirado la mara y fue considerado como un «desertor».
Fuentes oficiales detallaron que los diez pandilleros cometían todo tipo de delitos en los sectores de La Palma, cantón Chile, caserío Las Cruces, Loma Larga, todos del municipio de San Ignacio.
Se informó que todos traficaban drogas, las cuales las adquirían de Honduras; además se dedican a extorsionar a los residentes de esos cantones.
Al tener información de los homicidios, otros delitos y la descripción de los delincuentes la Policía capturó a los diez; por lo que están enfrentando el proceso judicial acusados de tres casos de homicidio agravado, privación de libertad, organizaciones terroristas y tenencia ilegal de armas de fuego.
Los sujetos son procesados en el Juzgado Especializado de Instrucción «C» de San Salvador.
Por: El Salvador Times.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
