La población salvadoreña expresó su opinión sobre el trabajo que realiza el presidente de la república, Nayib Bukele, otorgando una calificación de 8.39 a su desempeño durante 2025, según la última encuesta realizada a finales del año anterior por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

De acuerdo con el estudio, denominado «Estabilidad, la seguridad versus fragilidad en la economía», dicha calificación incrementó en 26 décimas con respecto a la otorgada al trabajo presidencial en 2024, cuando fue de 8.13.

«Este resultado refleja una recuperación en el examen anterior», detalla el informe del Iudop-UCA, cuyos resultados fueron dados a conocer ayer, agregando que la evaluación «positiva» se debe a la «percepción de un bajo nivel delincuencial y la alta confianza en el presidente, su Gobierno y las instituciones de seguridad».

El estudio también indagó sobre la percepción de la población respecto al trabajo que realiza el Gobierno central en su conjunto, obteniendo que la población otorga una nota de 8.33.

Dicha puntuación también tiene un incremento, de 63 décimas, respecto al resultado de otro estudio similar del Iudop-UCA denominado «Situación del país al cierre de 2024», en el que la nota que la población brindó al Gobierno fue de 7.7.

El sondeo realizado entre el 2 y el 13 de diciembre de 2025, con 1,268 personas, también recogió los diversos niveles de confianza que los salvadoreños tienen en las instituciones y diferentes actores sociales del país.

Bukele encabeza la lista, con 77 %, que corresponde al mayor nivel de confianza expresado por la población consultada. Después del mandatario, las instituciones que obtienen los mejores porcentajes son el Gobierno central con 69.6 %, la Fuerza Armada con 69.1 % y la Policía Nacional Civil (PNC) con 68.2 %.

La población ubicó en un nivel intermedio de confianza a actores como la Iglesia católica, con 58.4 %; e instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) con 56.9 %, y el sistema penitenciario, con 56.3 %.

Con los menores niveles de confianza expresados por los encuestados están el sector empresarial, con 42.6 %; partidos políticos, que obtuvieron un 31.4 %; y las alcaldías, con 40.6 %.

De acuerdo con la encuesta del Iudop-UCA, en el balance general la seguridad pesa más que las dificultades económicas; al cierre de 2025, el 61 % de la población opinó que la situación del país en ese año fue mejor que la del año anterior (2024).

También se consultó sobre lo mejor que está ocurriendo en el país, y la población destacó el ambiente de seguridad, con 62.7 % de respaldo.

Entre las medidas que el Gobierno implementa para garantizar el ambiente de paz y tranquilidad está el Plan Control Territorial (PCT), con la implementación de políticas de prevención y reconstrucción del tejido social, fortalecido con el régimen de excepción, logrando desarticular a las pandillas al capturar a más de 90,000 integrantes de estas estructuras.

De hecho, un 6.7 % señaló específicamente que el combate a las pandillas es lo mejor que ocurre en el país; el 2.5 % consideró que es el trabajo del Gobierno central; y un 2 % mencionó el programa presidencial Dos Escuelas por Día.

Respecto a los principales problemas al cierre del año pasado, el 44.9 % dijo que son los económicos; entre esos, 28.4 % mencionó la economía en términos generales, mientras que 8.4 % puntualizó que es el alto costo de la vida y un 8.1 % el desempleo.

El proceso que se sigue en instancias judiciales contra Norman Quijano, entregado el lunes anterior por Estados Unidos, demuestra que el partido ARENA actuó fuera de los marcos legales, consideró David Hernández, analista y máster en Ciencias Políticas.

Hernández explicó a «Diario El Salvador» que la reciente deportación de Quijano «implica un doble efecto legal», tanto en su actuar personal como por seguir lineamientos de su partido.

«Se trata de la captura de un prófugo de la justicia salvadoreña por hechos delictivos por los cuales fue desaforado, investigado y condenado a más de 13 años», señaló.

Agregó que la reunión, en marzo de 2014, de Quijano con integrantes de pandillas estuvo al margen de la ley, y que su participación queda «debidamente demostrada en negociaciones con grupos terroristas pandilleriles para socavar el orden constitucional del país, mediante el pago ilícito de grandes sumas de dinero, así como promesas de participación de las pandillas en un futuro gobierno presidido por ARENA y Norman Quijano».

Hernández afirmó que es evidente que el excandidato presidencial tricolor «actuó, al igual que el fallecido exalcalde de Ilopango Salvador Ruano y el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, siguiendo instrucciones del Coena [Consejo Ejecutivo Nacional] de ARENA».

Reiteró que esto «demuestra la actuación fuera de todos los marcos legales de la república. Y abre la posibilidad de cancelación como partido político por el Tribunal Supremo Electoral».

Arturo Grandon, analista de inteligencia, seguridad y terrorismo, sostiene que no importa el grado de poder que alguien haya ostentado en el pasado, y que si transgredió la ley debe pagar.

«Puede ser presidente de la república, diputados, alcaldes, empresarios, jueces, fiscales, pero si transgredieron la ley y están en contra de lo establecido en la legislación salvadoreña, en la Constitución, van a ser perseguidos, encarcelados y van a pagar conforme a lo que dice la ley», señaló en la entrevista de Canal 10.

Grandon añadió que estas circunstancias se ajustan a lo que ocurre con el exdiputado de ARENA, por lo tanto, «a la gente no le debe de extrañar que Norman Quijano llevó siempre adelante un plan bastante maléfico para mantenerse en el poder, y eso debe tener claro la ciudadanía, que ya no se va a seguir aceptando».

Quijano fue condenado como reo ausente en abril de 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, que le impuso una pena de 13 años con cuatro meses de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude procesal.

Orlando Rivas, director fiscal contra la corrupción, expuso en esa ocasión que los magistrados validaron toda la evidencia presentada por la Fiscalía durante el juicio.

Veintinueve días faltan para que los salvadoreños pueda modificar su dirección de residencia consignada en el Documento Único de Identidad (DUI), para votar en las elecciones de 2027 en el centro más cercano. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció en el calendario para los comicios el 27 de febrero próximo como último día para hacer dicha modificación.

«Si te mudaste de municipio, departamento o país tienes hasta el 27 de febrero de 2026 para modificar tu domicilio en el DUI. Realiza el trámite fácilmente en tu DuiCentro, Centros de Servicio o jornadas móviles del RNPN en el extranjero», indicó el TSE en sus redes sociales.

Para el analista electoral Juan Gilberto Contreras, este proceso es importante para que la población pueda tener acceso al voto residencial y para que la diáspora pueda emitir el sufragio remoto por internet.

En el caso de este último, Contreras recordó que en la pasada elección (2024) fue una modalidad de sufragio que dio buenos resultados. «Fue un ejercicio que vale la pena replicar. Creo que si la gente tiene al alcance esa posibilidad, de cambiar su residencia si vive fuera del país, para evitar acudir a un centro de votación, sería importante hacer los cambios», afirmó Contreras.

Añadió que el TSE deberá incrementar sus campañas de información, tomando en cuenta la experiencia positiva de las elecciones anteriores, generar confianza en la población que habita en el territorio nacional y en el exterior, y en el sistema de votación a implementar.

Por su parte, el organismo colegiado informó a través de sus redes sociales que el ciclo electoral salvadoreño está integrado por siete etapas, de las cuales está vigente la segunda.

De acuerdo con el TSE, la primera estapa es el marco normativo; la segunda es la planificación electoral, que comprende la elaboración del calendario electoral y la asignación de recursos, con el objetivo de garantizar una adecuada organización del proceso.

La tercera consiste en los preparativos generales; en cuarto lugar está la inscripción de candidaturas; seguida de la quinta etapa, en la que se desarrolla la propaganda electoral.

En la sexta etapa se organizan los Organismos Electorales Temporales (OET), y la séptima conlleva la capacitación electoral a miembros de OET, y otros actores.