Judicial
RELATO: Mujer que trataba de dejar atrás su vida como pandillera fue ejecutada en venganza por la muerte de otro delincuente
La joven se relacionaba con pandilleros desde que tenía 15 años de edad.
Mujer que trataba de dejar atrás su vida como pandillera fue ejecutada por excompinches en venganza por muerte de otro delincuente
El sueño de formar un hogar y dejar atrás su conflictiva adolescencia le fue arrebatado a una expandillera a quien sus excompinches esperaron por dos años para cobrarle la muerte de un miembro de la estructura criminal a manos de delincuentes rivales.
En 2015, Daniela Argueta Acevedo tenía 15 años de edad, cursaba octavo grado en el centro escolar de Ciudad Credisa y había iniciado una relación sentimental con un pandillero, algo que la llevó a ser muy amiga de Maryori, una compañera de clases que también era pareja de un delincuente.
Ser novias de delincuentes parecía ser convenientes para ambas menores ya que cada vez que tenía problemas con algunas de sus compañeras recurrían a sus novios, quienes eran temidos por el grupo criminal que acecha la colonia Amatepec, en Soyapango.
La complicidad de las dos jóvenes llegó duró un año y se terminó cuando mataron a la pareja de Maryori, quien comenzó a sospechar que Daniela había colaborado para que este fuera atacado por rivales de la zona.
Conforme pasaron los días, la doliente comenzó a atar cabos para confirmar su versión que Argueta era “oreja” de la pandilla contraía a la que ambas pertenecía. Algo que expuso a sus compinches.
Maryorí también le advirtió a Daniela que cobraría venganza por lo que supuestamente había hecho y que la mandaría a matar con unos pandilleros de la misma manera como mataron a su pareja.
El peso que su compañera de estudio tenía en la estructura era mayor al que ella o su novio tenían, por lo que Argueta recurrió a su familia para escapar de ese sector de Soyapango y refugiarse en una zona de la frontera La Hachadura en Ahuachapán.
Regresó solo a que la mataran
Dos años pasaron y Argueta supuso que todo había cambiado por lo que decidió regresar para ver nuevamente a su familia. Tenía 18 años y un nuevo novio con quien planeaba irse a vivir y formar una familia.
Durante su trayecto hacia Soyapango notó que un hombre la siguió hasta llegar a la colonia Santa Marta, cuando llegó a la colonia donde vivía su familia sintió un alivio, sin imaginar que había personas que la estaban esperando para matarla.
La promesa de Maryori se cumplió el 22 de julio de 2018 cuando Daniela y su actual novio se encontraban preparando para la mudanza, siempre en el mismo sector. Todos los muebles se pasaban de mano en mano hasta llegar a la casa donde ahora residirían.
Un vehículo rojo llegó a la zona y de este salió Dennys Alexander H., de 18 años, quien con un arma en la mano le disparó directamente en el ojo derecho a la mujer que murió inmediatamente.
El atacante se dio a la fuga y posterior a la denuncia fue arrestado acusado del delito de homicidio agravado.
El imputado se encuentra a la espera que el juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador programe la fecha del juicio para que se defina su futuro legal.
Nota tomada de El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
