Nacionales
Red Gota a Gota, señalada de asesinatos y golpizas en varios países
Recientemente, El Salvador identificó y desarticuló una estructura que operaba bajo la modalidad «Gota a Gota», que en su mayoría estaba integrada por ciudadanos colombianos quienes estafaron o usurparon la identidad de cientos de salvadoreños, sin embargo, registros policiales indican que estos delincuentes se han desplegado por otros países desde Brasil a México.
La Fiscalía General de la República ha explicado que, según las investigaciones, estos delincuentes en El Salvador iniciaron sus operaciones en el 2021 con un capital de $2 millones. Posteriormente, la red movió más de $20 millones producto de actividades ilícitas que fueron remesados a Colombia.
La modalidad de «gota a gota» con la cual muchas víctimas en su urgencia de dinero optaban por solicitar préstamos, acuden a este tipo de red y caen en la trampa. Tras recibir su dinero el problema inicia, ya que cuando deben pagar cuotas diarias y se atrasan, reciben amenazas, persecución, extorsionados y más, ha terminado hasta en muertes en otros países.
Por ejemplo, en Puebla, México el pasado 28 de julio circuló que una mujer de aproximadamente 50 años fue hallada muerta por estrangulamiento, «pudo ser víctima de delincuentes que operan bajo el «gota a gota», publicaron algunos medios locales.
El ministerio público de México ha informado también que en el país esta banda que presta dinero con cobros excesivos de interés ha afectado ya a decenas de personas.
Por ejemplo, en abril pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de la detención de Jhonatan Iraldo “N” y Óscar Daniel “N”, ambos ciudadanos colombianos, así como Lizbeth Angélica “N” y César Augusto “N”.
A los detenidos se les decomisó «399 bolsas con posible marihuana y casi 676 bolsas más con polvo blanco, con características propias de la cocaína; un pasaporte de Colombia, y ocho tarjetas de presentación en las que se lee: “Préstamos al instante” con diversas cantidades e intereses», detalló el medio Infobae.
Estas detenciones se sumaron a otras tres que efectuaron las autoridades en la Ciudad de México el pasado 30 de marzo en las alcaldías de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.
Varios medios digitales de diversos países coinciden que estos tipos de préstamos se pusieron muy de moda en Colombia y Venezuela, desde finales de la década de 1990, sin embargo, se extendieron a México, Perú, Argentina y otros.
En julio pasado también en Ibagué, Colombia, un cobrador venezolano propició una golpiza a un adulto mayor de 65 años, en pleno centro de la ciudad. Al ver esta situación ciudadanos se involucraron para defender a la víctima.
Estos casos de violencia cometidos por esta estructura se han vuelto mucho más comunes. En Perú, solo en mayo, autoridades reportaron 2,320 denuncias de casos de extorsión mediante la modalidad «Gota a Gota». En El Salvador, la red conformada en 95 por ciento por colombianos suma 3,000 denuncias en la Fiscalía General.
Otro caso grave sucedió en Santiago de Surco, uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima, en Perú donde 19 personas denunciaron que los malhechores lanzaron bombas molotov a sus viviendas y enviaron partes de cuerpos humanos como amenaza y a pesar de que ellos no solicitaron ningún crédito. Los responsables fueron detenidos.
En El Salvador, el modo de operar de esta estructura era ofrecer préstamos entre $300 y $1,000, con 20% de interés, pero obligaban a las personas a pagar cuotas diarias, y si se atrasaban eran amenazadas o les usurpan identidad, el propósito de esta usurpación era para enviar remesas al extranjero, a Colombia y no despertar sospechas y de esa manera lavar dinero.
Hasta ahora, más de 100 colombianos han sido detenidos por las fuerzas de seguridad y más de 250 huyeron luego de que las autoridades de Seguridad dieran un ultimátum a más de 400 ciudadanos de ese país que habían cumplido su estancia legal como turistas.
Con el propósito de oficializar diferentes iniciativas de cooperación para el fortalecimiento institucional, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el Presidente Ejecutivo de certalatam,Pablo Scotellaro.
En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), destacó el compromiso de la institución con la profesionalización de la función pública, la mejora continua de los servicios estatales y la construcción de una administración más eficiente, innovadora y orientada al bienestar de la población.
Por su parte, el Presidente Ejecutivo de CERTAL resaltó la transformación que vive el país y señaló que el modelo salvadoreño resulta de especial interés para América Latina, al integrar componentes como la tecnología, el turismo, la innovación, la educación con valores esenciales como la ética y la fe. “Queremos que El Salvador sea un aliado principal de CERTAL, para mostrar Latinoamérica al mundo”, afirmó.
Asimismo, habló sobre los siguientes pasos para establecer un centro de formación de alta tecnología, una iniciativa que permitirá abrir nuevos espacios de colaboración, fortalecer los lazos de hermandad entre Uruguay y El Salvador, y proyectar de forma integral los avances alcanzados en la región.
El Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Sr. Camilo Trigueros destacó los avances del CNR como referente de modernización institucional, gracias a una nueva estructura orientada a agilizar trámites, reducir costos y facilitar procesos en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, aclaró que El Salvador ya cuenta con herramientas como la firma electrónica, la factura electrónica y el sello electrónico, fortaleciendo así la transformación digital del Estado. Destacó también la reciente participación en el Encuentro Ministerial organizado por CERTAL junto a la Secretaría de la Presidencia en Montevideo, Uruguay, en donde tuvo la oportunidad de presentar los avances de modernización del CNR, así como los proyectos de formación impulsados desde la ESIAP, los cuales fueron presentados en el mencionado evento por la Directora Ejecutiva de la institución, Sra. @ClaudiadeLarin.
CERTAL es una organización que impulsa espacios de diálogo y articulación entre los sectores público y privado, especialmente en los ámbitos de las telecomunicaciones, mediante cumbres, simposios, encuentros de alto nivel, conferencias y jornadas de capacitación; razón por la cual, se ha comenzado a trabajar en diferentes iniciativas en el marco del acuerdo interinstitucional entre la ESIAP y el CNR para el fortalecimiento de la administración pública en la región.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 26, 2026
Principal
Juez solicita certificaciones de condenas por crímenes que ordenaron 486 cabecillas de la MS
El juicio contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha procesados en audiencia única abierta, permanecerá en receso hasta que diversos tribunales envíen unas 20 certificaciones de condenas impuestas a la Mara Salvatrucha, por crímenes que ordenó la ranfla histórica y demás jefes de esa estructura señalados de 47,427 delitos.
A mediados de la segunda semana de mayo cuando la Fiscalía General de la República informó al juez de la causa que estaban listos para exponer extensos alegatos finales, el funcionario judicial informó que iban entrar en una pausa indefinida porque, pese a las solitudes enviadas a varios tribunales de todo el país para que entregaran las certificaciones de juicios que terminaron en condenas en contra de la MS, no se había recibido respuesta.
La última información que se sabe, es que el juez ya volvió a requerir a los tribunales esas certificaciones, que son parte de la prueba documental que el ministerio público ha ofrecido para fortalecer la acusación por múltiples crímenes consumados con el aval de los 486 cabecillas enjuiciados.
Hasta que el tribunal tenga en su sede esa documentación, se reanudará la audiencia única, esas certificaciones de condenas son hechos que la Mara Salvatrucha perpetró entre el 2012 y 2022, período mediante el cual cometieron de 444 casos de homicidios con un total de 29,000 víctimas.
Esos hechos fueron ejecutados por la organización terrorista conformada por 32 programas [estructura jerárquica superior] distribuidos en 230 clicas [células territoriales].
A mediados de mayo lo último que la Fiscalía presentó fue la prueba documental y pericial mediante la lectura para que sea valorada por el juez.
Las agrupaciones ilícitas es el delito principal acusado por el hecho de ser miembros de la Mara Salvatrucha, se incluyen también extorsión, tráfico de armas, tráfico de droga, trata de personas y homicidio.
El ministerio público ha informado que cuando se reinicie con la audiencia van a exponer alegatos finales extensos con varias jornadas en las cuales aclararán al juez la participación de los terroristas en cada uno de los ilícitos atribuidos y que se les condene por cada una de las imputaciones.
Con audios y videos se ha establecido el nivel jerárquico en la MS, para consumar los delitos entre el 2012 y 2022 y acreditar la autoría mediata en los aparatos organizados de poder y no ver a los cabecillas como simples cómplices o inductores, sino como los hombres de atrás, quienes en su calidad de máximos jefes de estructuras ordenaron crímenes a cientos de pandilleros.
Jueces del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador comenzaron este lunes a enjuiciar en audiencia única abierta a 134 terroristas de dos estructuras de la Mara Salvatrucha.
Son dos expedientes únicos diligenciados por separado en esa sede judicial, el primero es en contra de 43 pandilleros de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos que por años estuvieron delinquiendo en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador,
Al iniciar la audiencia, la Fiscalía General de la República planteó al tribunal que con la abundante prueba recopilada acreditará que los mareros incurrieron en delitos de crimen organizado.
La principal acusación es por agrupaciones ilícitas y entre los enjuiciados hay dos cabecillas, uno de ellos es el fundador y el otro tiene el rango de corredor de clica.
Para ambos el ministerio público pretende que se les condene a la pena máxima de 60 años de prisión, la reformas que la Asamblea Legislativa aprobó a la Ley contra el Crimen Organizado ordena que fundadores y cabecillas de pandillas deben ser condenados de 45 a 60 años de prisión y en este caso los representantes de la Fiscalía se proponen lograr una condena con la pena máxima.
Además, los terroristas también enfrentan los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, así como posesión y tenencia con fines de tráfico.
En el segundo expediente, son procesados 91 terroristas que durante décadas estuvieron delinquiendo en barrios, colonias, caseríos y cantones de cinco distritos de departamento de Cabañas.
Los imputados enfrentan agrupaciones ilícitas como delito común, pero también son señalados de tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas cometidos durante su accionar en Sensuntepeque, Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera.
Estos pandilleros fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada, a través de las incursiones realizadas en el marco del régimen de excepción, esas acciones realizadas les permitieron ingresar a peligrosas colonias.
En Sensuntepeque, detuvieron a los mareros que delinquían en las colonias Los Llanitos, Quinteros y El Moidán, territorios que estaban bajo el dominio de estos terroristas.
En Sensuntepeque, los miembros de estas estructuras estuvieron extorsionando y asesinando personas por varios años.
Los hechos fueron cometidos en el 2012. «Entre los enjuiciados hay un corredor de programa, 3 corredores de clica, 3 corredores de base y varios homeboys que cumplían también con el rol de cabecillas. Además, hay nueve imputados con el rango de chequeo, seis observadores y 44 colaboradores de la pandilla», informó la Fiscalía.
