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Red Gota a Gota, señalada de asesinatos y golpizas en varios países
Recientemente, El Salvador identificó y desarticuló una estructura que operaba bajo la modalidad «Gota a Gota», que en su mayoría estaba integrada por ciudadanos colombianos quienes estafaron o usurparon la identidad de cientos de salvadoreños, sin embargo, registros policiales indican que estos delincuentes se han desplegado por otros países desde Brasil a México.
La Fiscalía General de la República ha explicado que, según las investigaciones, estos delincuentes en El Salvador iniciaron sus operaciones en el 2021 con un capital de $2 millones. Posteriormente, la red movió más de $20 millones producto de actividades ilícitas que fueron remesados a Colombia.
La modalidad de «gota a gota» con la cual muchas víctimas en su urgencia de dinero optaban por solicitar préstamos, acuden a este tipo de red y caen en la trampa. Tras recibir su dinero el problema inicia, ya que cuando deben pagar cuotas diarias y se atrasan, reciben amenazas, persecución, extorsionados y más, ha terminado hasta en muertes en otros países.
Por ejemplo, en Puebla, México el pasado 28 de julio circuló que una mujer de aproximadamente 50 años fue hallada muerta por estrangulamiento, «pudo ser víctima de delincuentes que operan bajo el «gota a gota», publicaron algunos medios locales.
El ministerio público de México ha informado también que en el país esta banda que presta dinero con cobros excesivos de interés ha afectado ya a decenas de personas.
Por ejemplo, en abril pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de la detención de Jhonatan Iraldo “N” y Óscar Daniel “N”, ambos ciudadanos colombianos, así como Lizbeth Angélica “N” y César Augusto “N”.
A los detenidos se les decomisó «399 bolsas con posible marihuana y casi 676 bolsas más con polvo blanco, con características propias de la cocaína; un pasaporte de Colombia, y ocho tarjetas de presentación en las que se lee: “Préstamos al instante” con diversas cantidades e intereses», detalló el medio Infobae.
Estas detenciones se sumaron a otras tres que efectuaron las autoridades en la Ciudad de México el pasado 30 de marzo en las alcaldías de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero.
Varios medios digitales de diversos países coinciden que estos tipos de préstamos se pusieron muy de moda en Colombia y Venezuela, desde finales de la década de 1990, sin embargo, se extendieron a México, Perú, Argentina y otros.
En julio pasado también en Ibagué, Colombia, un cobrador venezolano propició una golpiza a un adulto mayor de 65 años, en pleno centro de la ciudad. Al ver esta situación ciudadanos se involucraron para defender a la víctima.
Estos casos de violencia cometidos por esta estructura se han vuelto mucho más comunes. En Perú, solo en mayo, autoridades reportaron 2,320 denuncias de casos de extorsión mediante la modalidad «Gota a Gota». En El Salvador, la red conformada en 95 por ciento por colombianos suma 3,000 denuncias en la Fiscalía General.
Otro caso grave sucedió en Santiago de Surco, uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima, en Perú donde 19 personas denunciaron que los malhechores lanzaron bombas molotov a sus viviendas y enviaron partes de cuerpos humanos como amenaza y a pesar de que ellos no solicitaron ningún crédito. Los responsables fueron detenidos.
En El Salvador, el modo de operar de esta estructura era ofrecer préstamos entre $300 y $1,000, con 20% de interés, pero obligaban a las personas a pagar cuotas diarias, y si se atrasaban eran amenazadas o les usurpan identidad, el propósito de esta usurpación era para enviar remesas al extranjero, a Colombia y no despertar sospechas y de esa manera lavar dinero.
Hasta ahora, más de 100 colombianos han sido detenidos por las fuerzas de seguridad y más de 250 huyeron luego de que las autoridades de Seguridad dieran un ultimátum a más de 400 ciudadanos de ese país que habían cumplido su estancia legal como turistas.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
