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PNC reportan las capturas de tres miembros de estructuras delictivas por diferentes delitos
Agentes destacados en la sección Táctica Operativo (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC) Delegación Usulután, realizaron las capturas de tres miembros de estructuras terroristas, acusados de delitos relativos a la vida.
En un primer procedimiento se logró el arresto de Carlos Ovidio Torres Montano, de 26 años de edad, acusado de los delitos de Privación de Libertad Agravada, Homicidio Agravado y Organizaciones Terroristas.
A este se le atribuye un caso de privación de libertad, cuatro casos de homicidios y un caso de organizaciones terroristas, su captura se hizo efectiva en un operativo de búsqueda en colonia el Carmen ubicada en Cantón Roquinte en el municipio de Jiquilisco, mediante una orden judicial que data del mes de diciembre del año 2017.
La segunda captura del sujeto identificado con el nombre de Fredy Antonio Quintanilla Ortez de 24 años de edad, acusado del delito de Privación de Libertad, hecho ocurrido en el mes de noviembre del año 2016 en Cantón Plan Grande del municipio de Jucuapa, en Usulután, la víctima una persona del sexo masculino.
Su captura fue efectiva en interior de Bartolinas de Delegación PNC Usulután, mediante una orden judicial girada por Juzgado de Primera instancia de la ciudad de Jucuapa.
Y por último se registró la captura de Ronald Danilo Torres Segovia, de 36 años de edad, acusado del delito de Organizaciones Terroristas, en perjuicio de la seguridad del país y la paz pública.
Su arresto fue efectivo en un procedimiento realizado sobre calle principal de Cantón Obrajuelo localizado en el municipio de Santa María en Usulután, en base a orden judicial girada por Juzgado Especializado de Instrucción San Miguel.
Los detenidos ya fueron puestos a la orden de las autoridades correspondientes para continuar con el debido proceso.
En el marco de la ejecución de la segunda fase del proyecto “Canalización Subterránea y Acometidas para Redes de Distribución Eléctrica y Telecomunicaciones en Zona Rosa”, a través de la Constructora El Salvador, fueron habilitados horarios especiales durante la temporada del mes de diciembre.
La segunda fase de intervención de este proyecto se realiza desde el tramo de la avenida de La Revolución, a la altura del Hospital El Salvador hasta el monumento La Revolución, donde se intervendrá más de 1.3 kilómetros.
Las cuadrillas realizan labores de remoción y desalojo de materiales, labores de limpieza, señalización y se sumarán delegados del Viceministerio de Transporte (VMT), quienes desarrollarán el monitoreo del tráfico. Cabe destacar que a pesar a los trabajos los accesos estarán habilitados, a fin de no generar complicaciones tanto para el paso peatonal y vehicular.
En horarios de 9:00pm. a 5:00am, las cuadrillas trabajarán en excavaciones e instalación de tuberías para cableado subterráneo tanto eléctricas y telecomunicaciones; estabilización con lodocreto y colocación de cajas prefabricadas.
La primera etapa, se realizó desde el redondel Brasil hacia el redondel Italia, donde se repararon los postes del tendido eléctrico y se migró el cableado aéreo a subterráneo, instalando simultáneamente luminarias tipo LED.
El proyecto está orientado a promover la modernización de la capital, eliminando la contaminación que genera el cableado aéreo, una acción que no sólo está dinamizando la actividad comercial, sino también se está potenciando el turismo y la economía local.
Este es un sueño hecho realidad por el Presidente Nayib Bukele quien inició este proyecto cuando fue alcalde de San Salvador.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, junto a la ministra de Vivienda Michelle Sol, verificaron los allanamientos que la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron este martes en las instalaciones de la Corporación Argoz S.A. de C.V. cuyos representantes fueron capturados.
Según la Fiscalía, esta corporación fue denunciada y ahora es investigada por vender inmuebles en la zona rural del país sin tener los permisos correspondientes o documentos que los acrediten como propietarios, lotificadores o para parcelar los terrenos.
Por estos señalamientos, la Fiscalía confirmó la captura de Rodrigo Javier Gómez Farfán y Leticia Farfán de Gómez; además, dio a conocer que hasta el momento son 116 lotificaciones las denunciadas por las irregularidades cometidas por Argoz S.A. de C.V. y otras sociedades vinculadas a esta corporación, entre las cuáles están: Fomento Rural Inmobiliario S.A. de C.V.; Protege S.A. de C.V.; Gómez Farfán S.A. de C.V.; Nido de Aguila SA. De C.V.; Katamarán S.A. de C.V.; Sociedad Fimento Inmobiliario S.A. de C.V.
La institución detalló que Argoz vendía los inmuebles a precios accesibles por montos de entre $1,000 y $5,000, para los cuales brindaba facilidades de pago a las víctimas.
«Realizaban contratos de promesa de venta a nombre de otras sociedades a quienes las víctimas cancelaban cuotas muy bajas», comunicó la FGR.
Fuentes fiscales agregaron que «Una vez terminados los pagos, los compradores intentaban registrar los terrenos en el Centro Nacional de Registros, pero no podían ya que los terrenos no estaban registrados como propiedad de la corporación Argoz».
DIPUTADOS PIDEN INVESTIGAR POR ESTAFA A ARGOZ
No es la primera ve que esta empresa lotiticadora aparece salpicada por estafas. En noviembre de 2021, diputados del partido Nuevas Ideas acudieron a la Fiscalía a interponer una denuncia para que investigara a Argoz por señalamientos de que no otorgaba escrituras por terrenos vendidos.
En esa ocasión fue denunciada por el delito de estafa agravada en perjuicio de por lo menos 360 familias que compraron propiedades en el departamento de La Paz.
Los legisladores afirmaron que las víctimas se quejaron de que Argoz no les había entregado documentos que los acreditara como dueños legítimos de los terrenos, a pesar de que contaban con los recibos de pago, la certificación de cancelación de crédito y el contrato de arrendamiento con promesa de venta.
La información obtenida por los diputados en el CNR reveló que el patrimonio de esa cuestionada empresa en ese momento era de $4.8 millones.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla admitió la demanda civil presentada en contra del exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas y su grupo familiar, señalados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de haberse enriquecido de forma ilícita.
La demanda civil es por incremento patrimonial no justificado que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le detectó en el ejercicio de su cargo entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes, que fue el primer gobierno del FMLN.
En la investigación que hizo Probidad, el ex funcionario no pudo justificar 12 irregularidades por un monto de $308,252.08. A Rivas le cuestionan cinco irregularidades en concepto de depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito por $265,055.49, mientras que su grupo familiar tuvo un incremento patrimonial no justificado de $43,196.59.
Al iniciar el juicio civil el ministerio público pidió que se les aplique los artículos 20 y 21 de la Ley de Enriquecimiento ilícito que establece un régimen sancionatorio de condena a devolver el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente y la inhabilitación para ejercer un cargo público por período de 10 años.
Luego de admitir la demanda, la Cámara debe notificar a Rivas y su familia para que presenten sus argumentos y después señalar la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
