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Nueva prórroga del régimen de excepción por 30 días permitirá continuar el combate a las pandillas
La Asamblea Legislativa aprobó anoche la décima prórroga del régimen de excepción, la medida constitucional que llevó, junto con los planes de seguridad que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele, a que 2022 fuera el año más seguro en la historia de El Salvador como república.
Los resultados, negados por la oposición política, son irrefutables. El año pasado, las autoridades registraron 495 homicidios a escala nacional, con un promedio diario de 1.4.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, tras presentar la solicitud de extensión, reafirmó: «Gracias al régimen de excepción, 2022 fue el año menos violento de la historia del país. No solo hemos salido de la lista negra, sino que somos una de las naciones más seguras de América Latina».
La solicitud de prórroga fue recibida por el presidente del congreso, Ernesto Castro y fue aprobada con 67 votos de los diputados de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y los diputados Carlos Reyes, Jorge Rosales y Donato Vaquerano.
Los del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo votaron en contra. La bancada de ARENA se abstuvo.
«Con todas las medidas de seguridad tomadas hemos tenido una reducción en la cifra de homicidios. La oposición quiere que dejemos de aplicar el régimen de excepción, pero continuaremos», dijo por su parte el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, y destacó que la tasa de asesinatos ha descendido drásticamente (cerró el año anterior en 7.8), pero se busca que sea menor a dos por cada 100,000 habitantes.
Castro reiteró que el nuevo parlamento continuará apoyando los planes de seguridad pública del Ejecutivo, que hacen que ahora «la verdadera paz se esté viviendo en El Salvador», aludiendo con ello al derramamiento de sangre dejado por el conflicto armado y los años de violencia generada por las pandillas, sin que los gobiernos de ARENA y el FMLN los detuvieran.
La nueva Asamblea Legislativa ha respaldado el estado de excepción desde el 27 de marzo pasado, tras una ola de asesinatos cometidos en la víspera por terroristas en 12 de los 14 departamentos del país.
La décima prórroga iniciará el próximo martes y finalizará, según el decreto aprobado anoche, el 15 de febrero.
Datos oficiales revelan que el año pasado se registraron 169 días sin homicidios, de los que 162 fueron durante el régimen de excepción.
Los homicidios en El Salvador han venido a menos desde la llegada al poder del presidente Bukele, el 1.º de junio de 2019, año en que ocurrieron 2,398 asesinatos y en el que finalizó su gestión el efemelenista Salvador Sánchez Cerén.
En los siguientes dos años, 2020 y 2021, se registraron 1,341 y 1,147, respectivamente, ya con la aplicación del Plan Control Territorial (PCT), que también ha permitido la recuperación de zonas en poder de pandillas y ha golpeado al crimen organizado y común.
Al cierre del año pasado, con el régimen de excepción vigente, el cual apoyan nueve de cada 10 salvadoreños, El Salvador quedó fuera de la lista de los 15 países de Latinoamérica con mayor tasa de violencia homicida, por primera vez en su historia, y se encamina a tener el índice más bajo de homicidios en el continente.
Durante la discusión de la iniciativa para prorrogar la medida constitucional, el jefe de la bancada efemelenista, Jaime Guevara, volvió anoche a criticar el trabajo que realiza el Ejecutivo para combatir a los grupos criminales.
Por su parte, la diputada Marcela Pineda, de Nuevas Ideas, recordó en el pleno que con el Plan El Salvador Seguro, el FMLN no resolvió el problema de la criminalidad, resultando más bien en un incremento de homicidios y otros delitos, a pesar de haber destinado millones de dólares de los recursos públicos en diversas acciones.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
