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Noviembre 2022 cierra como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador
La tendencia que se registra en los 30 días de noviembre refleja que continúa la reducción de homicidios y que este mes del 2022 ha sido el noviembre más seguro en comparación con otros años.
Por ejemplo, hasta el 30 de noviembre, las autoridades reportan que el máximo de homicidios que se ha reportado diariamente han sido dos casos mientras que para 2018 fueron 8 crímenes diarios. Incluso, para el 2015, el año más violento de El Salvador, en el onceavo mes del año hubo 449 homicidios.
Noviembre 2022 cierra como el mes más seguro en toda la historia del El Salvador.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 1, 2022
Si anualizamos la tasa de homicidios de noviembre, El Salvador (hace poco el país más peligroso del mundo) tendría 2.5 homicidios anuales por cada 100,000 habitantes.
El país más seguro de LATAM. pic.twitter.com/uIrUhxaP2f
«Si anualizamos la tasa de homicidios de noviembre, El Salvador (hace poco el país más peligroso del mundo) tendría 2.5 homicidios anuales por cada 100,000 habitantes», dijo el presidente de la República, Nayib Bukele.
En todo el mes de noviembre hubo solo 13 homicidios, de estos casos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que no más de 1 caso aún está en la impunidad, del resto ya se ha capturado a los responsables.
Los planes de seguridad implementados por los últimos cuatro gobiernos no lograron erradicar la violencia homicida en El Salvador; por el contrario, en 20 años hubo más de 70,000 muertes violentas, pero en la actual administración ha habido una drástica disminución.
Desde el 2019 las autoridades policiales anunciaron una reducción de homicidios, para el 2020 hubo una disminución del 50 % en comparación con 2019, que cerró con 2,383 crímenes.
Hasta ahora, el gobierno actual logró que el 2021 finalizara como el mes más seguro en la historia de El Salvador cuando se logró un registro de 1,140 homicidios, es decir, 15 % menos crímenes reportados que en 2020, que cerró con 1,341. En años anteriores durante el cierre del año, los homicidios anuales no bajaban de 3,000 casos.
La disminución de violencia en El Salvador es atribuida por las autoridades a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción. Ambas estrategias han permitido frenar el accionar delictivo de las pandillas.
Incluso, este año, desde que se inició el régimen [27 de marzo] hasta el 24 de noviembre del 2022, las autoridades reportan un promedio diario de 0.68 homicidios que se traduce en menos de un caso por día, una baja significativa comparada con años anteriores cuando había hasta 30 homicidios diarios.
Por ejemplo, octubre se sumó a los tres meses del 2022 que ya estaban considerados por las autoridades como los más seguros en la historia de El Salvador, ya que el acumulado de días sin homicidios registrados este mes totalizó 20, situándose por detrás de julio y agosto que cerraron con 21 días sin muertes violentas. En septiembre anterior, los salvadoreños también experimentaron 19 jornadas sin muertes violentas.
De continuar la tendencia que se suma este año, el 2022 podría encabezar la lista de los años más seguros del país. El ministro de Defensa, René Merino Monroy, ha dicho que esperan cerrar el 2022 con una tasa de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, una cifra que posicionaría a El Salvador como el país más seguro del continente.
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador
El Gobierno de la República de Corea, a través del Instituto de Avance Tecnológico de Corea (KIAT), dependiente del Ministerio de Industria coreano, desarrolla en El Salvador el programa «Asesoría y Soluciones Tecnológicas de Corea (TASK) para el Sector de Servicios Digitales y Tecnológicos Vinculados a Fábricas Inteligentes», conocido como Smart Factories.
Este programa de cooperación para el desarrollo industrial busca elevar las capacidades digitales del sector manufacturero salvadoreño y ampliar la red de negocios entre ambos países. El programa es coordinado localmente por el Ministerio de Economía (Minec).
El proyecto, con un periodo de ejecución de 54 meses comprendido entre julio de 2023 y diciembre de 2027, es implementado por el Gyeongbuk Technopark, institución coreana especializada en el fomento de pequeñas y medianas empresas. En total, 20 entidades salvadoreñas —18 empresas y 2 universidades— son beneficiarias del programa.
Dos fases de asistencia técnica
La iniciativa se divide en dos etapas. La primera fase, concluida el 31 de diciembre de 2025, atendió a 10 entidades. La segunda fase, actualmente en curso, inició en julio de 2025 y se extenderá hasta diciembre de 2027, beneficiando a otras 10 entidades, entre ellas la Universidad Don Bosco, Garbal, Ingenia, Autocontrol, Pan San Antonio, Fibratecnica, Manufacturas Cavalier, Bolplan, Ingenio La Cabaña y Cacao.
Esta segunda etapa contempla un total de nueve eventos: cinco sesiones de asistencia técnica personalizada, dos programas de formación con visitas a empresas coreanas con sistemas de Fábricas Inteligentes, y dos seminarios tecnológicos dirigidos a empresas de manufactura y proveedores de soluciones digitales.
Misión oficial en El Salvador
Del 10 al 22 de mayo, una delegación de seis especialistas coreanos realizó visitas técnicas a las empresas participantes en coordinación con el Minec. La misión está integrada por Han-hyuk Kim, investigador senior de Gyeongbuk Technopark; Jae-yong Lee, consultor del Instituto Internacional de Desarrollo Agroindustrial; Young-jin Kim, director ejecutivo de K-Consulting Research Institute; Sung-min Lee, director ejecutivo de Hongjin Engineering; Doo-young Choi, vicepresidente de LSB Co., y Ki-dong Ban, director ejecutivo de Hansol Koever.
La cooperación forma parte de una estrategia bilateral que busca no solo transferir conocimiento técnico a las empresas salvadoreñas, sino también facilitar su inserción en redes de negocios con el sector productivo coreano, con miras al mercado latinoamericano.
