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Motorista de buses engaña a mecánico con promesa de un productivo negocio de exportación de chatarra
Un motorista de buses con amplio historial delictivo estafó, junto con su hijo, a un mecánico a quien le prometió exportar chatarra a China luego de montar un negocio de reciclaje sobre la autopista a Comalapa, en San Marcos.
La víctima le entregó grandes sumas de dinero por varios meses sin tener beneficios de la inversión.
José S., de 51 años, se había dedicado por muchos años a ser motorista de unidades de transporte público, pero su vida dio un giro esperado ya que comenzó a vivir al margen de la ley. Ssus acciones desmesuradas sirvieron como ejemplo para Alexander S., su hijo de 26 años, quien también se había prestado para cometer actos ilícitos.
A finales de 2016 conocieron a Alberto (nombre cambiado por protección), un mecánico de 80 años, a quién le propusieron un exótico negocio de reciclar chatarra para exportarlo hacia China. Le aseguró que tenía el conocimiento y los contactos necesarios para que dicha acción rindiera sus frutos.
Él le dijo al mecánico que lo único que debía de hacer era invertir para convertirse en su socio, sin embargo, este no pareció muy interesado por lo que decidió presionarlo hasta que logró su cometido.
Según el expediente judicial, fue el 13 de mayo de 2017 cuando padre e hijo se reunieron con Alberto para darle los pormenores del negocio. El mecánico, confiado del trato, le entregó $1,300 como capital semilla para comenzar a operar. Aquel hombre no estaba consciente de lo que pocas semanas después estaría a punto de pasar.
Todo iba con aparente normalidad hasta que el 20 de agosto Alberto le entregó $500 para comprar una báscula de chatarra; luego le daría tres equipos de soldadura y $4,000 en efectivo para que comprara la suficiente chatarra.
Motivado por el hombre, este le volvió a dar más capital hasta llegar a un monto de $15,000. El hombre señaló a las autoridades de que este dinero sería ocupado para comprar vehículos deteriorados para ser procesados en la chatarrería, así como el mantenimiento del terreno donde supuestamente estaba operando el negocio.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
