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Molnupiravir el nuevo medicamento que adquiere El Salvador para combatir efectos del COVID-19
El ministro de Salud, Francisco Alabi, anunció la noche de este jueves 17 de febrero la implementación en El Salvador de un nuevo medicamento de última generación para tratar la COVID-19, conocido como molnupiravir.
De acuerdo con el funcionario, este medicamento reduce el riesgo de hospitalización y muerte en casos positivos; será entregado en nuevos kits, y aseguró que el fortalecimiento del sistema de Salud salvadoreño permite tener la capacidad de distribuir hasta 10,000 kits de medicamentos por día a través de más de 2 mil repartidores.
El medicamento tiene un costo de entre $100 y $200 dólares en otros países, según explicó Alabi; sin embargo, anunció que este será entregado de manera gratuita a la población salvadoreña. Detalló que se invertirán $12.1 millones para la implementación, distribución y entrega final hasta la puerta de la casa de las personas que tengan una prueba PCR positiva.
El molnupiravir es un medicamento que actúa introduciendo errores en el código genético del virus SARS-CoV-2, lo que evita que el virus se continúe replicando. Según Alabi, el tratamiento es de cuatro pastillas durante el día y cuatro durante la noche por cinco días. Enfatizó que no es recomendable alargar el tratamiento más de cinco días. Además, explicó que no se debe utilizar en menores de 18 años por posibles efectos secundarios, tampoco para prevenir la enfermedad, solo si se ha dado positivo a COVID-19, y no se debe utilizar durante el embarazo.
En diciembre de 2021, este medicamento recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) uso de emergencia para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) de leve a moderada en adultos con resultados positivos directos de la prueba viral del SARS-CoV-2, y quienes tienen un alto riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19, incluyendo hospitalizaciones o la muerte, y para quienes las opciones alternativas de tratamiento de COVID-19 autorizadas por la FDA no son accesibles o clínicamente apropiadas.
El ministro Alabi también destacó cada una de las acciones ejecutadas por el Gobierno de El Salvador para retrasar la llegada del virus al territorio, además de las estrategias implementadas la atención de los primeros casos. Por ejemplo, el 10 de abril se habilitó el primer hospital temporal en Zacatecoluca, La Paz.
El titular de Salud señaló que El Salvador fue el primer país de Centroamérica en implementar las pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para la identificación del virus. Se inició con 40 pruebas y la capacidad se ha ampliado y, actualmente, el Ministerio de Salud (Minsal) aplica 5,000 PCR aproximadamente cada día.
Otro de los aspectos que el ministro de Salud resaltó fue la vacunación contra la COVID-19 en el país, la cual ha ido avanzando a pasos agigantados; de igual manera, mencionó la la oportunidad de ayudar a diferentes municipios de Honduras que inició el 13 de mayo de 2021 debido a la disponibilidad de dosis que El Salvador tenía.
Las autoridades recordaron que, a las personas que den positivo a COVID-19 en pruebas PCR o antígeno del sistema público de salud o privado, «se les enviará el kit que incluye molnupiravir, a domicilio y de forma gratuita», para solicitarlo se debe llamar al 132.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
