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Ministro de Trabajo: «La institución ha sido rescatada y puesta al servicio de la clase de trabajadora»
Este día, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó durante su presentación de memoria de labores en la Asamblea Legislativa, que con la actual administración del Presidente Nayib Bukele Ortez, se ha devuelto la institución a los trabajadores.
El funcionario expresó que la función del Ministerio de Trabajo será defender los derechos de la clase trabajadora en el país.
También, lamentó que por décadas el ministerio estuvo secuestrado por sectores de poder que pusieron la institución al servicio de intereses empresariales y no de los trabajadores, quienes fueron desprotegidos.
Castro durante su discurso destacó que antes era suficiente una llamada telefónica de los poderosos empresarios al despacho ministerial para arreglar controversias y desproteger a la fuerza laboral.
“Con la llegada de nuestro Presidente Nayib Bukele esto cambió rotundamente. Se nos dio la orden de devolver el ministerio a la clase trabajadora, de ponerla en primer lugar y hacer justicia laboral. Y desde el primer día lo estamos haciendo, y lo seguiremos haciendo”, añadió.
El ministro destacó que el cambio es notable ya que las acciones que se realizó en la persecución de empresarios evasores, de los que retienen cuotas laborales. «No sólo evasores de impuestos, si no de justicia, que secuestran las cuotas de los trabajadores (…) aquí les dan protección», dijo.
EL ministro explicó que durante la emergencia de la pandemia COVID-19, han actuado de forma rápida con las empresas que no acataron la cuarentena, en contra de aquellas que despidieron injustificadamente. “La crisis del COVID-19”, expresó,
“Esto dejó dos tipos de empleadores: los que se aprovecharon de los derechos de los trabajadores, y los que sí permitieron que se resguardaran en sus viviendas sin ser despedidos” explicó.
El ministro mencionó de las inspecciones en fábricas y otros sitios de trabajo donde había denuncias, para verificar el cumplimiento de las medidas preventivas, el cierre temporal, el pago de los salarios, la estabilidad laboral, y todo lo que tiene que ver con la salud y ocupación del trabajador.
También, resaltó el reinstalo y la recuperación de más de 40 mil puestos de trabajo en empresas que cesaron contratos, por la emergencia de salud.
“Eso no es todo, durante las negociaciones logramos una victoria sin precedentes para el país, ya que por medio de una medida de gradualidad, las compañías no solo van a reinstalar trabajadores, sino que ampliarán su capacidad instalada para darle a El Salvador entre 15 mil y 20 mil nuevas plazas laborales de aquí a finales de año”, externó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
