Judicial
Mandan a prisión a 15 colaboradores de la MS capturados en el Operativo Cuscatlán
El Juzgado Especializado de Instrucción “B” decretó hoy instrucción formal con detención provisional contra 15 imputados presentes, acusados por organizaciones terroristas, homicidios agravados, extorsiones entre otros ilícitos penales.
El caso abarca hasta 506 imputados, de los cuales 486 guardan prisión en diferentes centros penales y por quienes habrá una audiencia de imposición de medidas dentro de unos días. En esta ocasión solo se procesaron a 20 presentes, capturados el pasado 15 de febrero en el marco de la Operación Cuscatlán.
Algunos hampones son: Alejandro Huezo, Oscar Noé Valle Gómez, Oscar Vladimir Martínez, Obdín Rodríguez Vásquez, Miguel Ángel Portillo, Clemente Orellana, Oswaldo Ruiz, Erick José Rivas Beltrán, Héctor Melgar, Víctor Sibrián Rivera, César Torres, Ulises Cruz Chicas, Melvin Antonio Cruz, entre otros acusados.
La jueza, al pronunciarse sobre los imputados dejó con medidas alternativas a la detención provisional a Oswaldo Alfonso Aguilar Díaz, Ulises Alexander Cruz, Erick José Rivas, Buenaventura Gómez y Oscar Walter Ramos Rivera, acusados por agrupaciones ilícitas. Este delito contempla salidas jurídicas, además que la defensa presentó correctamente los arraigos laborales y familiares.
Las medidas son no salir del país, presentarse cada 15 días al juzgado antes referido, no relacionarse con nadie que tenga que ver con el proceso y cancelar una caución financiera de cinco mil dólares.
A los otros, se les decretó instrucción formal con detención provisional, mientras que se le autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR), la cantidad de 20 semanas (cinco meses) para profundizar en las indagaciones. Los procesados están procesados por financiamiento para actos de terrorismo, agrupaciones ilícitas, homicidios agravados y conspiración en el delito de homicidio agravado.
En el caso de Raúl Mijango se le dejó sobreseído definitivamente por el delito de organizaciones terroristas, debido a que se confirmó que se trataba de una doble persecución, es decir, que el mismo caso fue del conocimiento de una pasada vista pública, en el Juzgado de Sentencia Especializado “A”; no obstante, la togada le dejó la detención provisional por un ilícito de homicidio agravado.
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
