Judicial
Mandan a prisión a 15 colaboradores de la MS capturados en el Operativo Cuscatlán
El Juzgado Especializado de Instrucción “B” decretó hoy instrucción formal con detención provisional contra 15 imputados presentes, acusados por organizaciones terroristas, homicidios agravados, extorsiones entre otros ilícitos penales.
El caso abarca hasta 506 imputados, de los cuales 486 guardan prisión en diferentes centros penales y por quienes habrá una audiencia de imposición de medidas dentro de unos días. En esta ocasión solo se procesaron a 20 presentes, capturados el pasado 15 de febrero en el marco de la Operación Cuscatlán.
Algunos hampones son: Alejandro Huezo, Oscar Noé Valle Gómez, Oscar Vladimir Martínez, Obdín Rodríguez Vásquez, Miguel Ángel Portillo, Clemente Orellana, Oswaldo Ruiz, Erick José Rivas Beltrán, Héctor Melgar, Víctor Sibrián Rivera, César Torres, Ulises Cruz Chicas, Melvin Antonio Cruz, entre otros acusados.
La jueza, al pronunciarse sobre los imputados dejó con medidas alternativas a la detención provisional a Oswaldo Alfonso Aguilar Díaz, Ulises Alexander Cruz, Erick José Rivas, Buenaventura Gómez y Oscar Walter Ramos Rivera, acusados por agrupaciones ilícitas. Este delito contempla salidas jurídicas, además que la defensa presentó correctamente los arraigos laborales y familiares.
Las medidas son no salir del país, presentarse cada 15 días al juzgado antes referido, no relacionarse con nadie que tenga que ver con el proceso y cancelar una caución financiera de cinco mil dólares.
A los otros, se les decretó instrucción formal con detención provisional, mientras que se le autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR), la cantidad de 20 semanas (cinco meses) para profundizar en las indagaciones. Los procesados están procesados por financiamiento para actos de terrorismo, agrupaciones ilícitas, homicidios agravados y conspiración en el delito de homicidio agravado.
En el caso de Raúl Mijango se le dejó sobreseído definitivamente por el delito de organizaciones terroristas, debido a que se confirmó que se trataba de una doble persecución, es decir, que el mismo caso fue del conocimiento de una pasada vista pública, en el Juzgado de Sentencia Especializado “A”; no obstante, la togada le dejó la detención provisional por un ilícito de homicidio agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) giró 15 órdenes administrativas (de captura) en diferentes departamentos del país contra una estructura criminal integrada por falsos abogados y notarios que ofrecían servicios legales a los ciudadanos para estafarlos.
Según el reporte fiscal, entre los capturados está Juan Alberto Platero, de quien se informó es hijo de un notario que ya falleció; es señalado de utilizar el nombre y protocolo de actuación de su padre para elaborar documentación falsa.
Platero le hacía creer a las víctimas mediante las redes sociales que tenía más de 15 años de ejercer la profesión, sin embargo, las investigaciones fiscales determinaron hasta este año la Corte Suprema de Justicia lo había certificado como tal de acuerdo con los registros que la institución publica en su portal oficial.
«Ocupaba el nombre de su padre para crear documentos falsos, este sujeto no devuelve los sellos, su padre muere en 2013 y el centro nacional de registros se dio cuenta de que se estaban prestando instrumentos (legales), al parecer, firmados por este notario», explicó una de las fiscales de la Dirección para la Defensa de los Intereses del Estado.
La fuente fiscal detalló que se trata de un grupo criminal dedicado a estafar a personas que necesitan solventar problemas legales, para lo cual, contra a los señalados en calidad de abogados, cuyos instrumentos legales que presentaban a diferentes instituciones se determinó eran falsos.
Las víctimas contrataban a los abogados para efectuar trámites de escrituración de inmuebles y otros asuntos legales.
Los delitos que se le atribuyen al grupo criminal son: agrupaciones ilícitas, falsedad material, falsedad ideológica, estafa agravada, ejercicio ilegal de la profesión y fraude procesal.
Otros detenidos son Miguel Ramírez Moreno, Walter René Martínez Romero, Amanda María Bolaños Pacheco, José Ezequiel García, William Geovany Beltrán Romero, Haydee Guadalupe García Beltrán, Julián Enrique Galicia González y Coni Margarita Chachagua de Galicia.
En los próximos días serán presentados ante los tribunales correspondientes, informó el ministerio público.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, La Libertad, enjuicia en audiencia probatoria al exfiscal general Luis Martínez por enriquecimiento ilícito de $71,736.62.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República pretende que sea condenado a pagar al Estado el monto con el que se enriqueció de manera ilícita y lo inhabilite para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
Al exfiscal, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el 29 de noviembre de 2016, enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito tras encontrarle una serie de irregularidades que no pudo justificar ante la Sección de Probidad justificar ante la Sección de Probidad.
«La Sección de Probidad le detectó irregularidades consistentes en pago de deudas, pagos de tarjetas de crédito propias y ajenas, una diferencia negativa entre sus saldos de ingresos y egresos» dijo uno de los fiscales del caso.
La demanda fue admitida el 9 de enero de 2018 por la Cámara de lo Penal y tras ocho años de estar en sede judicial se ha llegado a la última audiencia del juicio civil en la cual se definirá si el exfuncionario se enriqueció o no ilícitamente.
La CSJ ordenó el proceso en contra del exfuncionario, su esposa Carla Francesca García Rossi de Martínez y su hijo Luis Carlos Martínez García, pero tras apelaciones presentadas por abogados permitieron que los parientes del exfuncionario fueran excluidos.
Luis Martínez, fungió como Fiscal General de la República del 4 de diciembre del 2012 al 12 de diciembre de 2015.
El ministerio público ha ofrecido como prueba una pericia financiera con el fin de acreditar el incremento patrimonial no justificado de Martínez mientras fungió como titular de la Fiscalía General de la República.
También el exfuncionario estaría rindiendo su declaración con el fin de ejercer su derecho de aportación de prueba para que la Cámara la valore al momento de emitir la resolución.
Brenda Lisbeth Flores Ardón fue condenada a 15 años de cárcel por haber extorsionado a un trabajador de Colón, La Libertad Oeste.
Según consta en las investigaciones de la Fiscalía, la imputada fue la encargada de retirar la extorsión y fue identificada tras un dispositivo de entrega controlada implementado por agentes de seguridad, tras la denuncia que interpuso la víctima.
La extorsión fue exigida el 5 de septiembre del 2023, cuando el afectado se dirigía a su lugar de trabajo y fue interceptado por un sujeto, quien se identificó como pandillero de la MS. El terrorista le indicó que por vivir en la zona tenía que pagar dinero mensual y si no cumplía con lo solicitado, lo matarían a él y a su familia.
La sentencia de cárcel fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, quien valoró los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal en el juicio.
A Brenda Flores se le condenó por el delito de extorsión agravada y cumple su condena en un centro penitenciario del país.
