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La PDDH demuestra una serie de ilegalidades en la intervención de telecomunicaciones
Un diputado de la Asamblea Legislativa, quien se mantiene en el anonimato, denunció ciertas “ilegalidades” en las que supuestamente ha incurrido la Fiscalía General de la República (FGR).
La preocupación del padre de la patria, quien ha preferido mantenerse en el anonimato, ha salido a la luz tras conocerse el informe anual de 21016 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), sobre la Auditoria en el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones que ejercer la FGR en algunos casos
Según el parlamentario, quien prefirió que no se publicara su identidad, existe gran cantidad de irregularidades en la utilización del Centro de Escuchas.
Expresó que «es preocupante que de 61 expedientes auditados, solo 2 de ellos se destruyeran como lo ordena la ley». Además, 43 expedientes presentan ilegalidades.
Según el artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT), se deberá destruir toda la grabación y sus transcripciones.
Ante esta información, el diputado cuestiona el porqué no se destruyeron los otros 59 expedientes, tal y como lo establece la ley en cuestión.
En el informe brindado por la titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, se dejó en evidencia que el director del centro de escuchas, deliberadamente obstaculizó la labor de dicha instancia.
Óscar René Gómez Rodríguez fue condenado a 10 años de prisión por el hurto de una motocicleta el 8 de octubre de 2025 en el distrito de Santiago de María, Usulután Norte.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que la víctima estacionó su motocicleta frente a su negocio, y en el video de una cámara de vigilancia identificó las características físicas de la persona que se llevó la motocicleta.
Con la información obtenida, la víctima interpuso la denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC).
Debido a un control preventivo que desarrollaba la policía en la 3.º calle oriente en la colonia 9 de Noviembre se observó que en el interior de un taller estaba Gómez Rodríguez con la motocicleta que tenía reporte de hurto.
El imputado fue capturado en flagrancia por el delito de hurto agravado y fue condenado por el Juzgado Primero de Paz de Santiago de María.
Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en la calle antigua a Huizúcar, en San Salvador, luego de que un autobús de la ruta 5 perdiera el control y volcara.
Según información preliminar, la unidad de transporte habría sufrido una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el motorista no lograra maniobrar y terminara volcándose sobre la vía.
Equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Cruz Roja y Cruz Verde llegaron al lugar para brindar atención prehospitalaria y trasladar a los lesionados a distintos centros asistenciales. De manera preliminar, las autoridades reportan al menos 20 personas heridas, entre ellas el conductor del autobús.
Cruz Verde informó que, hasta el momento, no se registran personas fallecidas a causa de este accidente.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó la tarde de este martes a Costa Rica, donde fue recibido con honores por autoridades del gobierno costarricense, marcando el inicio de una visita oficial centrada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral.
A su arribo, el mandatario salvadoreño fue recibido por la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive; el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco; y la embajadora de El Salvador en ese país, Diana Vanegas.
Como parte de su agenda, Bukele sostendrá una reunión con el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, con quien abordará temas de interés común, especialmente en materia de seguridad y desarrollo regional.
Posteriormente, ambos mandatarios también visitarán el complejo penitenciario de La Reforma, en la provincia de Alajuela, donde el gobierno de Costa Rica construirá el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco).
Este proyecto penitenciario, considerado el más ambicioso de la administración de Rodrigo Chaves, contará con capacidad para albergar a 5,000 privados de libertad. La infraestructura está inspirada en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), impulsado por el Gobierno salvadoreño.
