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La PDDH demuestra una serie de ilegalidades en la intervención de telecomunicaciones
Un diputado de la Asamblea Legislativa, quien se mantiene en el anonimato, denunció ciertas “ilegalidades” en las que supuestamente ha incurrido la Fiscalía General de la República (FGR).
La preocupación del padre de la patria, quien ha preferido mantenerse en el anonimato, ha salido a la luz tras conocerse el informe anual de 21016 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), sobre la Auditoria en el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones que ejercer la FGR en algunos casos
Según el parlamentario, quien prefirió que no se publicara su identidad, existe gran cantidad de irregularidades en la utilización del Centro de Escuchas.
Expresó que «es preocupante que de 61 expedientes auditados, solo 2 de ellos se destruyeran como lo ordena la ley». Además, 43 expedientes presentan ilegalidades.
Según el artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT), se deberá destruir toda la grabación y sus transcripciones.
Ante esta información, el diputado cuestiona el porqué no se destruyeron los otros 59 expedientes, tal y como lo establece la ley en cuestión.
En el informe brindado por la titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, se dejó en evidencia que el director del centro de escuchas, deliberadamente obstaculizó la labor de dicha instancia.
Como parte del mantenimiento necesario para los sistemas de agua, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realiza la limpieza del pozo de la planta de bombeo de Tutultepeque, en Nejapa. Por lo que, el servicio presentará deficiencia desde el miércoles 11 al sábado 14 de febrero de este año.
De acuerdo con la autónoma, el servicio será irregular en los caseríos: Cabral, San Luis, Potrerito, Amate, Gramal, Chirrinal, Las Vegas, Hacienda, Ceiba y aledaños.
Por ello, la ANDA implementará un plan de contingencia para abastecer con agua potable a las familias afectadas, mientras se ejecutan los trabajos. «Contaremos con rutas de abastecimiento con camiones cisterna para minimizar las afectaciones, mientras duren los trabajos y el servicio de reestablece gradualmente», indicó.
Por otra parte, las cuadrillas de ANDA trabajan en la reparación de una fuga de agua potable en el pasaje 2 de la colonia Santa Úrsula, en San Salvador Centro. La falla se originó por el colapso de una tubería antigua.
Para reparar la fuga, los técnicos cortaron el tubo dañado y colocaron uno nuevo, sustituyendo un tramo de 1.50 metros con dos uniones que permitirán restablecer el servicio de forma segura.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, este miércoles, las temperaturas se mantendrán calurosas durante el día, con máximas entre los 36 y 37 grados Celsius, especialmente en los departamentos de La Union y san Miguel.
Para este día el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de lluvias. El Viento rondará velocidades promedio entre los 10 y 20 kilómetros por hora.
Medio Ambiente también indicó que las temperaturas continuarán disminuidas durante la noche y madrugada.
El meteorólogo Jonathan Hernández explicó que partir del jueves se prevé un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio nacional.
«El flujo del este y noreste dominará las condiciones en la región», agregó el Marn sobre las condiciones climáticas que influyen al país.
Wilfredo Carabantes Hernández recibió una pena de 17 años de cárcel por los delitos de tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, receptación y disparos al aire sin justificación.
En su resolución, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, destacó que Carabantes Hernández fue sentenciado en el 2010 por similares delitos.
Según el informe judicial, los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2025 en la colonia Las Margaritas, Distrito de Quezaltepeque, en el municipio de La Libertad Norte. Ese día, el imputado realizó múltiples disparos injustificados en la vía pública, generando alerta y pánico entre los residentes de la zona, quienes denunciaron los actos a la policía.
Durante la inspección en la escena, los agentes recolectaron 11 casquillos. Al realizar la captura, detectaron que Carabantes no poseía licencia ni la documentación legal para el uso de armas de fuego.
En su resolución, el Tribunal aplicó una pena de 12 años por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, cuatro años por receptación y un año y medio por disparos con arma de fuego sin justificación.
