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La PDDH demuestra una serie de ilegalidades en la intervención de telecomunicaciones
Un diputado de la Asamblea Legislativa, quien se mantiene en el anonimato, denunció ciertas “ilegalidades” en las que supuestamente ha incurrido la Fiscalía General de la República (FGR).
La preocupación del padre de la patria, quien ha preferido mantenerse en el anonimato, ha salido a la luz tras conocerse el informe anual de 21016 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), sobre la Auditoria en el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones que ejercer la FGR en algunos casos
Según el parlamentario, quien prefirió que no se publicara su identidad, existe gran cantidad de irregularidades en la utilización del Centro de Escuchas.
Expresó que «es preocupante que de 61 expedientes auditados, solo 2 de ellos se destruyeran como lo ordena la ley». Además, 43 expedientes presentan ilegalidades.
Según el artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT), se deberá destruir toda la grabación y sus transcripciones.
Ante esta información, el diputado cuestiona el porqué no se destruyeron los otros 59 expedientes, tal y como lo establece la ley en cuestión.
En el informe brindado por la titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, se dejó en evidencia que el director del centro de escuchas, deliberadamente obstaculizó la labor de dicha instancia.
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La ASA firma acuerdo con Universidad Zamorano para fortalecer la gestión de los recursos hídricos
La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano firmaron un memorándum de entendimiento que establece una alianza estratégica orientada a fortalecer la gestión integral de los recursos hídricos en El Salvador, a través de la formación académica, la investigación científica y la cooperación técnica.
Este acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones entre ambas instituciones que contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas en el sector hídrico, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
Entre las principales acciones incluye pasantías para estudiantes, programas de capacitación y formación continua, proyectos de investigación aplicada y actividades académicas vinculadas a la gestión sostenible del agua.
Asimismo, el convenio facilitará la participación de estudiantes, docentes y graduados de Zamorano en iniciativas impulsadas por la ASA, lo cual fortalece el vínculo entre la academia y la gestión pública del recurso hídrico.
«Con esta alianza, la ASA reafirma su compromiso de promover la innovación, el desarrollo de talento humano especializado y la generación de conocimiento técnico que contribuya a una gestión eficiente, sostenible y responsable del agua en beneficio del país», detalló.
Mauricio Iván Hernández Espinoza purgará 16 años de prisión por haber extorsionado a una víctima en Jayaque, La Libertad Oeste, durante el 2015. La pena carcelaria fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
La investigación fiscal determinó que la víctima estuvo pagando la extorsión semanalmente durante ocho años. Todo inició en el 2015, cuando la víctima iba rumbo a su trabajo a la altura de cantón Las Flores, Distrito de Jayaque.
«El imputado interceptó a la víctima y le manifestó ser miembro de la MS-13 y le dijo que para no atentar contra su vida y la de su famililla tenía que pagarle una alta suma de dinero semanal, a cambio de dejarlo trabajar en la zona», informó la Fiscalía General de la República.
Fue hasta en marzo de 2022 que la víctima decidió denunciar al pandillero ante la Policía Nacional Civil y mediante entrega controlada de dinero lo capturaron el 5 de julio del 2023 cuando recibía el pago de la extorsión.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó prueba documental, pericial y testimonial en la que se demostró la participación de Hernández y fue condenado por el delito de extorsión agravada.
Edwin Armando Santos Solano, de 39 años, fue condenado a 26 años de cárcel por intento de homicidio, así resolvió el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 31 de enero de 2021, a las 3:30 a. m., en Ilopango, San Salvador Este.
La víctima fue interceptada por pandilleros de la 18 Sureños cuando salía de su vivienda; entre los atacantes estaba Santos Solano. «Los sujetos lo golpearon con la cachas de las pistolas y le manifestaron que debía abandonar el lugar, ya que residía en un sector contrario al de ellos», detallaron las autoridades.
La víctima logró escapar; sin embargo, los agresores le realizaron disparos sin lograr herirla y posteriormente la alcanzaron, continuando con la agresión física con la intención de matarla. La víctima fue auxiliada por personas transeúntes.
Fuentes judiciales informaron que el reconocimiento de Salud, determinó que las lesiones sufridas por la víctima sanaron en un período de 90 días. Durante el juicio, la representación fiscal, desfiló abundante prueba documental, pericial y testimonial que permitió comprobar la participación del pandillero en el caso. Entre la prueba se contó con el testimonio de la víctima quien pudo identificar al ahora condenado.
