Nacionales
La PDDH demuestra una serie de ilegalidades en la intervención de telecomunicaciones
Un diputado de la Asamblea Legislativa, quien se mantiene en el anonimato, denunció ciertas “ilegalidades” en las que supuestamente ha incurrido la Fiscalía General de la República (FGR).
La preocupación del padre de la patria, quien ha preferido mantenerse en el anonimato, ha salido a la luz tras conocerse el informe anual de 21016 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), sobre la Auditoria en el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones que ejercer la FGR en algunos casos
Según el parlamentario, quien prefirió que no se publicara su identidad, existe gran cantidad de irregularidades en la utilización del Centro de Escuchas.
Expresó que «es preocupante que de 61 expedientes auditados, solo 2 de ellos se destruyeran como lo ordena la ley». Además, 43 expedientes presentan ilegalidades.
Según el artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT), se deberá destruir toda la grabación y sus transcripciones.
Ante esta información, el diputado cuestiona el porqué no se destruyeron los otros 59 expedientes, tal y como lo establece la ley en cuestión.
En el informe brindado por la titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, se dejó en evidencia que el director del centro de escuchas, deliberadamente obstaculizó la labor de dicha instancia.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Nueve miembros de la MS13, incluidos tres menores de edad, fueron capturados durante el operativo «Zafiro» realizado por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional en Ahuachapán.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en mayo de 2025 en el distrito de Jujutla, municipio de Ahuachapán Sur. De acuerdo con el Ministerio Público, los detenidos interceptaron a una víctima y la amenazaron con agresiones físicas e insultos, advirtiéndole que no debía volver a la zona o sería asesinada y desaparecida.
Las autoridades informaron que los capturados serán presentados ante el juzgado de turno por limitación ilegal a la libertad de circulación y agrupaciones ilícitas.
En un caso reciente, el Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó a cinco pandilleros a penas de entre 30 y 50 años de prisión por extorsión agravada, limitación ilegal a la libre circulación y robo agravado, hechos cometidos en 2020 y 2021 en el distrito de San Ildefonso.
Un motociclista murió la noche del viernes en un accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Militar, cerca del desvío a Bolívar, en La Unión. La víctima fue identificada como Germán Yeris Velásquez, de 23 años, originario de Jocoro, Morazán, quien falleció de inmediato tras la colisión.
Según la información recabada, en el percance participaron dos vehículos y la motocicleta en la que se trasladaba Velásquez. El impacto provocó que la moto se incendiara, lo que impidió cualquier maniobra de rescate.
Equipos de emergencia llegaron al lugar, pero el joven ya no presentaba signos de vida. Las autoridades realizaron la inspección correspondiente para determinar responsabilidades. Familiares y habitantes de Jocoro lamentaron la muerte del joven.
