Judicial
Una madre, su hijo y 2 hermanos secuestraron y pedían $40 mil de rescate por víctima a la que asesinaron
En el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador se instaló la audiencia en contra de cinco acusados de un secuestro en el que exigían a la familia de la víctima $40 mil por el rescate, cuando la víctima ya había sido asesinada.
El crimen ocurrió el 29 de octubre de 2018.
Las investigaciones de la Fiscalía y Policía establecieron que ese día recibieron la denuncia de familiares: varios sujetos les hablaron a la casa diciendo que tenían secuestrado a “Júpiter”, nombre en clave de la víctima.
Los agentes retomaron el caso y se hicieron pasar por parientes, los criminales les dijeron que para liberarlo necesitaban $40 mil, pero después de algunas negociaciones acordaron el rescate en $6 mil.
Los investigadores montaron un procedimiento controlado para la entrega del dinero e inmediatamente después le dieron persecución a dos sujetos en motocicleta que lo fueron a recibir.
Los dos hombres entraron a una casa y unos minutos después las autoridades la allanaron y localizaron una parte del dinero que habían entregado, así como un arma de fuego y otras evidencias.
En la vivienda arrestaron a María Máxima Juárez, a su hijo Manuel Alfredo Juárez, a otros dos sujetos que eran hermanos: Emerson Osmín y Eris Odir, ambos de apellido Martínez, y a otro hombre Samuel de Jesús Andrés.
Cuando los criminales llamaron a la familia aseguraron que “Júpiter” estaba con vida, pero los oficiales encontraron el cadáver en el municipio de Panchimalco, siempre de San Salvador.
Los sujetos fueron presentados al sistema judicial donde esperan el veredicto del Tribunal 4° de Sentencia por los delitos de secuestro y tenencia ilegal de arma de fuego.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
