Judicial
Tribunal de Sentencia condena a tres años de prisión a alcalde de Tacuba
El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condena a tres años de prisión al alcalde de Tacuba, Joel Ernesto Ramírez Acosta.
El edil bajo la bandera del partido AREAN fue encontrado responsable por el delito de portación o conducción irresponsable de arma de fuego por dicho tribunal.
Ramírez Acosta fue detenido el 10 de agosto de 2017 cuando portaba su arma de fuego bajo los efectos del alcohol y conducía su vehículo en el cantón Los Huatales, en la calle que une los municipios de Ahuachapán y Tacuba.
La pena impuesta al funcionario le será reemplazada por trabajos de utilidad pública, mismos que serán supervisados por un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Durante la vista pública, la Fiscalía presentó la declaración de un perito del Instituto de Medicina Legal (IML), quien acreditó que dos horas después de la detención del imputado, este presentaba signos de encontrarse bajo el efecto de bebidas embriagantes.
Pese a que Ramírez Acosta portaba legalmente el arma de fuego, pues tenía licencia para ello, el delito de tenencia y portación irresponsable de arma de fuego se configuró al encontrarse en estado de ebriedad al momento de su detención. Al momento de la captura, llevaba una pistola 9 mm y una UZI, además de varios cargadores, que le fueron decomisados.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
