El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana ordenó instrucción con prisión provisional para una mujer identificada como Mirna Elizabeth M. y otros sujetos involucrados en el crimen de un hombre en Ahuachapán.

En la audiencia realizada la semana pasada se dio a conocer que la mujer planeó el crimen de Alejandro Arquímedes Azmita Vega, quien fuera su esposo. La razón sería por venganza, tras recibir por años violencia doméstica.

El esposo de dicha mujer murió a causa de varios disparos provocados por varios pandilleros que actuaron bajo la orden de un cabecilla, quien tendría un parentesco con la mujer.

Según se dio a conocer, Alejandro Azmita, de 53 años, realizaba viajes desde Tacuba hacia otros puntos de Ahuachapán en un microbús de su propiedad. Dentro del transporte fue ultimado el 20 de octubre de 2018.

Luego de las investigaciones por parte de la Policía y Fiscalía, la mujer fue detenida y llevada ante la justicia al igual que un grupo de pandilleros quienes habrían realizado el acto criminal.

La mujer, de 40 años, habría pasado años de sufrimiento en el hogar que compartía con Azmita Vega, sin embargo, ahora se encuentra detenida.

Pasará en prisión mientras se cumple el tiempo para una nueva audiencia.

Tras dos suspensiones, el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador se prepara para instalar la vista pública contra el exdiputado Roberto Silva Pereira.

El exparlamentario está siendo acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de cohecho activo y lavado de dinero.

Este juicio debió iniciar la semana anterior, pero fue suspendido en dos ocasiones, la primera por la ausencia de abogados particulares y la segunda por una petición para cambiar a los defensores de Silva Pereira.

Entre octubre de 2004 y el 2006, Silva Pereira buscó “acercamientos al margen de la ley con los alcaldes de diferentes municipios” a los que les ofrecía sobornos, precisa el fiscal del caso.

El acusado ofreció sobornos a alcaldes para que le adjudicaran la ejecución de proyectos municipales, según la tesis fiscal.

“A cambio de que estos contratos le fueran adjudicados, él iba a otorgar una comisión que oscilaba alrededor del 10% por cada proyecto”, agrega la FGR.

El fiscal del caso resalta que hay pruebas de que alcaldes pagaron del 100% de la obra a Silva Pereira, antes que le adjudicaran el contrato.

Hay casos en los que inclusive se pagó el 100% de la obra al acusado, cuando ni siquiera se había iniciado la licitación de la misma.

El Juzgado Cuarto de Sentencia dejó en libertad a los cuatro imputados por los delitos de desaparición de personas y robo agravado, en contra de cuatro pandilleros acusados por este delito cometido en octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango, San Salvador.

“La prueba no ha sido suficiente para acreditar la participación de los procesados en el hecho, si bien, se puede acreditar que existe una persona de quien se desconoce a este momento su ubicación” expresó la jueza.

Luego procedió a dejar en libertad por el delito de desaparición de personas a los procesados Neri Vladimir Castillo Rivas, Héctor Vladimir Cruz Morales, Rafael Obdulio Hernández Ramos y José Ramírez Montoya, según la acusación fiscal todos integrantes de la padilla 18 Sureños.

La jueza agregó que tampoco se puede atribuir la participación de los acusados en el robo agravado, debido a que la Fiscalía únicamente hizo referencia a que la víctima se conducía en una motocicleta, pero no presentó ningún documento que acreditara la existencia de la misma. Es decir que no se presentó ningún documento que demostrara que la moto fuera de la familia o de la empresa donde laboraba.

El Estado le volvió a fallar a Dennis. La Policía Nacional Civil no fue capaz de auxiliarlo cuando un grupo de pandilleros lo raptaron el 6 de octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango y ayer la Fiscalía General no logró probar la participación de cuatro acusados en la desaparición del repartidor de pizzas.

Denis Alexander Menjívar Pineda fue privado de libertad y desaparecido hace más de un año cuando hacía la entrega de una pizza.

El joven de 23 años residía en Apopa y trabajaba para una pizzería de la zona. Un día antes de desaparecer fue trasladado a la sucursal de Soyapango.

Según la investigación fiscal cuando el repartidor realizaba una entrega fue interceptado por un grupo de pandilleros que lo despojaron de su teléfono celular, la moto, la mochila en que transportaba la pizza y todas sus pertenencias.

Denis logró escapar, corrió por unos pasajes hasta refugiarse en una casa desde donde llamó a sus familiares y a la Policía.

El trabajador también logró enviar su ubicación al gerente de la sucursal de la pizzería donde estaba asignado y realizó al menos tres llamadas al 911, pero no obtuvo respuesta.

La empresa envió dos servicios de Uber al lugar para tratar de sacar al joven, pero no lo encontraron.

Después de una hora de estar en la casa donde logró esconderse, los pandilleros llegaron armados a buscarlo, el dijo a las personas que le estaban ayudando que no quería meterlos en problemas y se saltó un muro en la parte de atrás de la propiedad para huir.

Luego residentes llamaron al sistema 911 para alertar que los pandilleros llevaban a un joven y lo iban golpeando; sin embargo, según consta en el relato, fue hasta las 8:00 de la noche, cuando las autoridades instalaron una mesa de crisis para atender la denuncia. Nunca más se supo de su paradero.