Judicial
Presenta acusación contra médico señalado de provocar la muerte de una embaraza en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en el Juzgado Primero de Paz el requerimiento fiscal contra el médico Carlos Josué Romero Blanco, señalado de homicidio culposo y lesiones culposas.
Según las investigaciones de la institución, Romero Blanco es acusado de realizar «un mal procedimiento en una cesárea que le causó la muerte a la víctima y la recién nacida sufrió una lesión en una de sus extremidades inferiores».
Estos hechos ocurrieron el 16 de julio pasado en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel; en esa ocasión el Ministerio de Salud (Minsal) informó que el galeno fue despedido, presuntamente, porque habría omitido el protocolo de atención para la paciente Alondra Isamar López Amaya, de 20 años, quien estaba en estado de gestación y al hacerle una cesárea le perforaron el intestino, lo que le habría provocado una contaminación en el estómago por materia fecal, ocasionándole la muerte.
Salud dio a conocer que la decisión de suspender al médico es en cumplimiento al ordenamiento jurídico que rige la profesión médica y la Ley del Servicio Civil.
La institución aclaró que el objetivo primordial del personal médico es garantizar la vida de los pacientes que acuden a los diferentes centros asistenciales.
«Tenemos la obligación de salvaguardar la vida y el bienestar de los salvadoreños, así como el cumplimiento a sus derechos como lo son el acceso a la salud y a una atención de calidad», comunicó el Minsal.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
