Judicial
Presenta acusación contra médico señalado de provocar la muerte de una embaraza en San Miguel

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en el Juzgado Primero de Paz el requerimiento fiscal contra el médico Carlos Josué Romero Blanco, señalado de homicidio culposo y lesiones culposas.
Según las investigaciones de la institución, Romero Blanco es acusado de realizar «un mal procedimiento en una cesárea que le causó la muerte a la víctima y la recién nacida sufrió una lesión en una de sus extremidades inferiores».
Estos hechos ocurrieron el 16 de julio pasado en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel; en esa ocasión el Ministerio de Salud (Minsal) informó que el galeno fue despedido, presuntamente, porque habría omitido el protocolo de atención para la paciente Alondra Isamar López Amaya, de 20 años, quien estaba en estado de gestación y al hacerle una cesárea le perforaron el intestino, lo que le habría provocado una contaminación en el estómago por materia fecal, ocasionándole la muerte.
Salud dio a conocer que la decisión de suspender al médico es en cumplimiento al ordenamiento jurídico que rige la profesión médica y la Ley del Servicio Civil.
La institución aclaró que el objetivo primordial del personal médico es garantizar la vida de los pacientes que acuden a los diferentes centros asistenciales.
«Tenemos la obligación de salvaguardar la vida y el bienestar de los salvadoreños, así como el cumplimiento a sus derechos como lo son el acceso a la salud y a una atención de calidad», comunicó el Minsal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
Judicial
Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.