Judicial
Pandilleros pasarán muchos años de sus vidas tras las rejas por muerte de un cabo de la PNC en Santa Ana
Tres pandilleros recibieron sendas condenas de prisión tras ser declarados responsables penalmente de acabar con la vida de un cabo de la Policía Nacional Civil (PNC) en el año 2017, en el interior de una unidad de transporte colectivo en la ciudad de Santa Ana.
Se trata de Jorge Alberto Delgado Ortiz, alias “Bolo”; Byron Josué Molina Díaz, alias “Terrible”; y Juan Antonio Portillo Granados, alias “Siniestro”.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que a los imputados le arrebataron la vida al cabo Mario Ernesto Centeno Díaz. Además se les imputó el cargo de agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la FGR, el ataque contra el cabo tuvo lugar el 23 de agosto de 2017, en momentos que él estaba de licencia y viajaba en una unidad colectiva de la ruta 10. Cuando el automotor circulaba hacia la colonia Santa Eduviges los delincuentes se acercaron a Centeno Díaz y abrieron fuego contra él hasta acabar con su vida.
“Tras ser pronunciado el fallo condenatorio, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana estableció que Portillo Granados cumplirá 49 años tras las rejas, Molina Díaz 34 años y Delgado Ortiz 29 años”.
El vigilante Franklin Gilberto Cartagena Moreno fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de sustraer dos armas de fuego de la ferretería donde laboraba, ubicada en la avenida Juan Aberle y avenida Monseñor Romero, en San Salvador.
Durante la audiencia en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República indicó que el hecho ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando otro vigilante del establecimiento notó la ausencia de su arma de fuego y la del ahora procesado.
De acuerdo con la investigación, al realizar una verificación interna se determinó que Cartagena Moreno habría sustraído el armamento, entre el que se incluyen un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12, además de tres radios portátiles, seis cartuchos calibre 12, 12 cartuchos calibre 38, un cinturón táctico, funda y otros accesorios.
El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes posteriormente ubicaron al sospechoso. En coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se ejecutó un allanamiento que permitió la recuperación de las armas y demás objetos reportados como hurtados.
Durante el procedimiento también se le decomisó una porción de marihuana. La Fiscalía lo acusa de los delitos de hurto agravado, así como de posesión y tenencia.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra un hombre de 46 años identificado como J. E. M. C., quien es procesado por el delito de amenazas con agravación especial.
De acuerdo con la información fiscal, el hecho ocurrió en enero de 2026, cuando agentes policiales acudieron a la colonia El Roble, sobre la calle San Antonio Abad, en San Salvador, tras recibir un aviso sobre un incidente relacionado con arma de fuego.
Al llegar al lugar, las autoridades localizaron al imputado en aparente estado de ebriedad y, según la acusación, portando un arma de fuego con la que habría amenazado a la víctima.
Durante la intervención policial, el arma fue incautada junto con 14 cartuchos. El imputado fue detenido en flagrancia mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
El fiscal del caso señaló que, tras el análisis de las pruebas presentadas, el juzgado identificó elementos suficientes para admitir la acusación y ordenar la apertura a juicio.
El procesado permanecerá bajo detención mientras continúa el proceso judicial en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que varios miembros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 51 años de cárcel tras ser encontrados culpables del delito de feminicidio agravado en perjuicio de una joven de 21 años.
Según las investigaciones, los imputados citaron a la víctima bajo engaños a una vivienda ubicada en el cantón Las Pillas, en San Ignacio, Chalatenango, donde fue atacada y posteriormente estrangulada. De acuerdo con la información fiscal, tras cometer el crimen, los responsables arrojaron el cuerpo a un pozo con el propósito de ocultar la evidencia.
El hecho ocurrió en octubre de 2021. Tras el desarrollo del proceso judicial, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres emitió las condenas correspondientes contra los involucrados.
