Judicial
Pandillero sonríe a sus 8 años de condena
Un peligroso pandillero sonrió al escuchar su condena a ocho años de cárcel por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación en perjuicio de una víctima protegida, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), en las últimas horas.
Se trata de Juan Carlos Salguero Sermeño, quien fue arrestado el año pasado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El informe precisó que, el primero de abril de 2022, Sermeño se acercó a la víctima cuando esta llegaba del trabajo y le dijo que ya no querían verlo en la zona porque lo matarían. Sin embargo, la víctima ingresó rápidamente a su vivienda.
Instantes después, Sermeño y otros miembros de una estructura terrorista tocaron la puerta, exigiéndole que saliera. La víctima escuchó que los sujetos estaban en el techo de su vivienda, por lo que llamó al sistema de emergencia 911 de la PNC y cinco minutos después los sujetos huyeron.
Al llegar los agentes policiales, auxiliaron a la víctima, quien abandonó su vivienda dejando en ella sus pertenencias. El 22 de agosto de ese mismo año, Sermeño fue detenido mediante una orden administrativa después de que la víctima lo reconoció en fotografías.
Finalmente, tras el desfile de pruebas, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Juan Carlos Salguero Sermeño a 08 años de prisión por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación.
El vigilante Franklin Gilberto Cartagena Moreno fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de sustraer dos armas de fuego de la ferretería donde laboraba, ubicada en la avenida Juan Aberle y avenida Monseñor Romero, en San Salvador.
Durante la audiencia en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República indicó que el hecho ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando otro vigilante del establecimiento notó la ausencia de su arma de fuego y la del ahora procesado.
De acuerdo con la investigación, al realizar una verificación interna se determinó que Cartagena Moreno habría sustraído el armamento, entre el que se incluyen un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12, además de tres radios portátiles, seis cartuchos calibre 12, 12 cartuchos calibre 38, un cinturón táctico, funda y otros accesorios.
El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes posteriormente ubicaron al sospechoso. En coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se ejecutó un allanamiento que permitió la recuperación de las armas y demás objetos reportados como hurtados.
Durante el procedimiento también se le decomisó una porción de marihuana. La Fiscalía lo acusa de los delitos de hurto agravado, así como de posesión y tenencia.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra un hombre de 46 años identificado como J. E. M. C., quien es procesado por el delito de amenazas con agravación especial.
De acuerdo con la información fiscal, el hecho ocurrió en enero de 2026, cuando agentes policiales acudieron a la colonia El Roble, sobre la calle San Antonio Abad, en San Salvador, tras recibir un aviso sobre un incidente relacionado con arma de fuego.
Al llegar al lugar, las autoridades localizaron al imputado en aparente estado de ebriedad y, según la acusación, portando un arma de fuego con la que habría amenazado a la víctima.
Durante la intervención policial, el arma fue incautada junto con 14 cartuchos. El imputado fue detenido en flagrancia mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
El fiscal del caso señaló que, tras el análisis de las pruebas presentadas, el juzgado identificó elementos suficientes para admitir la acusación y ordenar la apertura a juicio.
El procesado permanecerá bajo detención mientras continúa el proceso judicial en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que varios miembros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 51 años de cárcel tras ser encontrados culpables del delito de feminicidio agravado en perjuicio de una joven de 21 años.
Según las investigaciones, los imputados citaron a la víctima bajo engaños a una vivienda ubicada en el cantón Las Pillas, en San Ignacio, Chalatenango, donde fue atacada y posteriormente estrangulada. De acuerdo con la información fiscal, tras cometer el crimen, los responsables arrojaron el cuerpo a un pozo con el propósito de ocultar la evidencia.
El hecho ocurrió en octubre de 2021. Tras el desarrollo del proceso judicial, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres emitió las condenas correspondientes contra los involucrados.
