Judicial
Pablo Gómez, el único imputado que se declaró inocente en el caso Saca, fue condenado a 16 años de prisión
Pablo Gómez, el único imputado que se declaró inocente en el caso Saca, fue condenado a 16 años de prisión por su participación en la estructura que comandó el expresidente de la República, quien desfalcó al Estado con $301 millones.
Gómez, exauxiliar contable de Casa Presidencial, deberá pagar ocho años de prisión por el delito de peculado y ocho por lavado de dinero, según determinó el juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador.
En cuanto a la responsabilidad civil, el juzgado determinó que Gómez tendrá que pagar $5 millones producto de su participación dentro de la estructura que operó entre 2004 y 2009.
Los abogados de Gómez no daban crédito de la decisión del juzgado y manifestaron su inconformidad debido al fallo brindado. «La justicia pica al descalzo, el señor Saca tuvo tiempo para llegar a un arreglo por adelantado. Nosotros nos vimos obligados a buscar un acuerdo sobre lo último», dijo el defensor.
«El señor Gómez queriendo salvaguardar su honor decidió someterse a este tribunal que ya tiene antecedentes de haber violentado derechos humanos», señaló el abogado defensor Roberto Claros.
La parte juzgadora, de manera escueta, determinó que Gómez pasó por muchos años en el cargo y no puede asumir ignorancia en las actividades que realizaba en el área que trabajó por más de dos décadas.
Gómez inició su trabajo en Casa Presidencial en 1994 y siendo bachiller logró ganarse la confianza de varios expresidentes de la República con los que trabajó hasta su detención.
Según las investigaciones, Gómez era el encargado de retirar el dinero en efectivo de las agencias bancarias en las que Saca tenía un trato preferencial, ya que sus movimientos no eran reportados.
Los años de prisión que Gómez pasará en la cárcel podrán aumentar con la resolución del caso del expresidente, Mauricio Funes, en el que se le atribuyen delitos similares por los que ya fue condenado.
Por: El Salvador Times
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
